La controversia con los refugiados que continúan entrando desde Estados Unidos sigue dominando las noticias a nivel nacional. El ministro de Inmigración, Ciudadanía y Refugio, Ahmed Hussen, visitó Nigeria recientemente con la intención de pedir cooperación al Gobierno de ese país para frenar la llegada de personas que sacan una visa temporal a Estados Unidos y luego entran a Canadá a pedir refugio.

Por su parte, la diputada encargada del portafolio de inmigración del Partido Conservador, Michelle Rempel, no está de acuerdo en que el Gobierno esté enviando al ministro Hussen y otros funcionarios para disuadir a los ciudadanos de Nigeria de venir a Canadá a pedir refugio. Ella cree que el Gobierno debería tratar de cerrar la laguna legal por medio de la cual llegan todas estas personas a pesar de que los Estados Unidos es considerado un tercer país seguro.

El Gobierno canadiense ya está en tratativas para intentar hacer el cambio al tratado, pero todavía no se sabe mucho de estas negociaciones que se están realizando entre ambos gobiernos.

Lo que sí tenemos claro, es que el número de refugiados sigue aumentando y que a pesar de que se ha incrementado el presupuesto para procesar estos casos, en la medida que los números se sigan multiplicando, los procesos se irán retrasando cada vez más.

La eliminación de esta laguna legal que le permite a las personas entrar de manera irregular a Canadá sería sin lugar a duda una solución a la problemática, pero llegar a un acuerdo con los Estados Unidos puede tomar tiempo y, mientras tanto, el número de personas pidiendo refugio sigue aumentando.

Pero este problema realmente no se centra solamente en los nigerianos, quienes en su mayoría están con visas de turistas en los Estados Unidos, sino que se extiende también a alrededor de 400.000 personas más que actualmente están bajo tratados de protección temporal (Temporary Protected Status o TPS) en los Estados Unidos, los cuales están a punto de quedar eliminados.

Según datos oficiales, las personas afectadas por la eliminación de los programas de protección temporal en los Estados Unidos son 60.000 haitianos, 57.000 hondureños, 2.500 nicaragüenses y 260.000 salvadoreños, quienes comenzarán a ser deportados a partir del próximo año si no logran regularizar su situación migratoria o si no regresan voluntariamente a sus países de origen.

Ante la inminencia de esta problemática, en la comunidad latina se ha formado una coalición encabezada por la Asociación Salvadoreña Canadiense (ASALCA), que ha presentado una propuesta al Gobierno para intentar disminuir la posibilidad de que muchas de estas personas entren al país de manera irregular y en masa, como lo están haciendo actualmente los nigerianos y como ya lo hicieron los haitianos.

La comunidad latina ha formado una coalición que ha presentado una propuesta al Gobierno para intentar disminuir la posibilidad de que muchas de estas personas entren al país de manera irregular

La propuesta básicamente pide que se flexibilicen algunos programas ya existentes en Canadá para permitir que las personas que quieran venir al país lo puedan hacer de forma legal. Como, por ejemplo, los jóvenes que se encuentra en los Estados Unidos viviendo bajo el programa Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA) y las personas que están bajo los distintos TPS, que quieran venir a estudiar a Canadá para después beneficiarse con la posibilidad de trabajar en este país y eventualmente obtener su residencia permanente bajo el programa Canadian Experience Class.

Porque este programa les permitiría venir a Canadá con un permiso de estudios, así como anualmente lo hacen miles de estudiantes de todo el mundo. Tenemos estudiantes que vienen de China, de India, de Hong Kong, México, Venezuela, etc., quienes estudian un par de años y luego trabajan y pueden solicitar la residencia permanente en el país.

Lo único que el Gobierno canadiense tendría que hacer en este caso es que los oficiales en los consulados donde estas personas vayan a hacer sus trámites les otorguen el permiso de estudio, ya que hay una tendencia a negarles el permiso de estudio, de trabajo o de visitante (es decir los permisos temporales) a las personas que se encuentran en un país que no es el de ellos, de manera indocumentada o con algún tipo de permiso temporal, momentáneo.

La otra sugerencia que se la ha hecho al Gobierno es que flexibilice los requisitos del programa de trabajadores calificados, porque hay muchas personas que tienen las ocupaciones que Canadá requiere, pero tal vez por la edad no llegan al puntaje necesario para poder obtener la residencia permanente. Estamos hablando de que, por ejemplo, en el sistema Express Entry los solicitantes empiezan a perder puntos por la edad a los 29 años, entonces, se podría hacer una excepción y permitirles que empiecen a perder puntos hasta los 35 años, como sucede en el programa de Trabajadores Calificados.

En algunos casos también se podría bajar un poco el nivel de inglés, porque para poder venir como Trabajador Calificado se necesita tener un nivel de inglés avanzado, casi como un nativo, y al bajarlo por lo menos un punto, con seguridad, más personas podrían calificar.

Una tercera sugerencia que se le ha presentado al Gobierno federal es crear un programa de Razones Humanitarias y de Compasión donde las personas puedan solicitar la residencia y se tome en cuenta el tiempo que han estado viviendo en los Estados Unidos, el trabajo que han realizado, los estudios que han hecho y el establecimiento económico, ya que sabemos que la mayoría de las personas que se encuentran en los Estados Unidos bajo el DACA o los TPS están muy bien establecidas, muchos de ellos tienen sus negocios, otros sus profesiones, y han logrado establecerse. En ese sentido, si pueden demostrar que pueden venir a Canadá y establecerse de la misma manera que lo han hecho en los Estados Unidos, trayendo sus bienes, se les debería permitir hacer su trámite de residencia permanente desde los Estados Unidos.

Hay muchas personas que también tienen familiares aquí en Canadá que, si bien no los pueden patrocinar directamente, podrían firmar un patrocinio en buena fe comprometiéndose a ayudarlos en el establecimiento durante los primeros años.

En resumen, el Gobierno canadiense debería flexibilizar algunos de los programas que ya tiene para permitir que muchas de estas personas lleguen al país de manera legal, y así no tengamos que lidiar con lo que estamos lidiando en estos momentos: miles de personas que están entrando a Canadá de manera irregular a través de puntos ciegos de la frontera con los Estados Unidos.

Porque si se implementan estos cambios propuestos, habría mucho más control de la frontera, sabríamos exactamente quién está llegando, y las personas vendrían directamente con su residencia permanente. Esto implicaría que no tendríamos el temor de que si pierden los casos de refugio eventualmente se queden en el país de manera indocumentada.

En conclusión, el Gobierno canadiense tiene en sus manos una propuesta presentada por organizaciones de nuestra comunidad que, de implementar sus recomendaciones, evitaría al país muchísimos problemas de establecimiento, de seguridad y de ayuda económica.