La administración de Donald Trump avanza en la estrategia para revisar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), pero cada vez cobra más fuerza la idea de que dichos cambios no serán ni tan profundos ni tan radicales como el presidente estadounidense sostuvo durante su campaña electoral, en la que calificó en reiteradas ocasiones de «desastre» el acuerdo firmado en 1993 con México y Canadá.
De acuerdo con una propuesta de la administración que circula en el Congreso a través de la oficina del representante comercial de los Estados Unidos, Trump estaría dispuesto a mantener algunas de las disposiciones más controvertidas del TLCAN, incluyendo el panel de arbitraje que permite a los inversores de las tres países burlar los tribunales locales para resolver demandas civiles. Los críticos a este tribunal han afirmado tradicionalmente que afecta directamente a la soberanía nacional.
El proyecto, al que ha tenido acceso el diario The Wall Street Journal, habla de buscar «mejorar los procedimientos para resolver disputas», en lugar de eliminar los paneles. Según el mismo borrador de proyecto, Estados Unidos tampoco usaría las negociaciones del TLCAN para lidiar con las disputas sobre las políticas de moneda extranjera o para alcanzar metas numéricas de déficit comercial bilateral, pese a las presiones de algunos «halcones comerciales» que intentan influir en el entorno presidencial. El propio Trump ha reiterado desde su irrupción en la política estadounidense su voluntad de revertir la balanza comercial, en especial con México, que en la actualidad es positiva para el vecino del sur.
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Sin embargo, uno de los cambios de gran alcance que se propone en el borrador del proyecto es que cualquiera de los socios del TLCAN podrá reestablecer los aranceles en caso de una inundación de importaciones que causen «daño grave o amenaza de daño grave» a las industrias nacionales. De este modo se dotaría de herramientas de corrección a una de las principales obsesiones del mandatario estadounidense. El documento parece ser un compromiso entre los deseos de los halcones comerciales de utilizar las renegociaciones del TLCAN como una forma de establecer una nueva agenda comercial y los que respaldan el compromiso tradicional de Estados Unidos con el libre comercio. El Congreso también se divide en estas dos líneas.
El proyecto podría ser revisado, en cualquier caso. La administración debe dar al Congreso 90 días de aviso bajo la ley comercial antes de comenzar las renegociaciones formales del Tratado. No está claro si Canadá y México estarían de acuerdo con los cambios que Estados Unidos pretende proponer. En la reunión mantenida el mes pasado con el primer ministro canadiense Justin Trudeau, el presidente Trump señaló que quería pequeños cambios en el Tratado —al menos en lo que se refiere a Canadá—, pero no ofreció detalles. En declaraciones a The Wall Street Journal, Jeffrey Schott, académico del Instituto Peterson de Economía Internacional, un grupo de reflexión sobre el libre comercio, dijo que la medida que reimponía las tarifas —snapback, en la jerga comercial— también fue buscada por la administración Clinton hace 24 años cuando se negoció el tratado original. En ese momento México no estuvo de acuerdo con los cambios.
La carta que acompaña al proyecto TLCAN, que fue enviada a los miembros del Comité de Finanzas del Senado, entre otros, señala que el déficit comercial de Estados Unidos con Canadá y México «exige que esta administración tome medidas rápidas para revisar la relación». Pero el proyecto no propone medidas concretas para corregir dicho déficit. Las llamadas reglas de origen —el porcentaje de un producto que debe producirse en los países del TLCAN— podrían establecerse de manera que «apoyen la producción y el empleo en los Estados Unidos», enuncia el proyecto de una manera ambigua, sin entrar en detalles. Otro cambio sustancial podría surgir en la sección de compras gubernamentales del Tratado, que actualmente requiere que el gobierno de los Estados Unidos considere ofertas de compañías mexicanas y canadienses en proyectos de infraestructuras domésticas.
En el proyecto de objetivos, la administración Trump está tratando de «establecer reglas que requieran que la contratación pública sea llevada a cabo de manera consistente con la ley de Estados Unidos y la política de la administración sobre las preferencias de adquisiciones domésticas», lo que se conoce como doctrina «Buy American». No se obvia, sin embargo, el hecho de que la aplicación de esta medida unilateral podría tener efectos negativos para el país ya que los contratistas estadounidenses podrían perder negocios en México y Canadá.
Jeffrey Schott afirma que varios de los objetivos de negociación propuestos reflejan las disposiciones de la Asociación Transpacífica, un pacto comercial de 12 naciones entre los países del Pacífico. Trump hizo una gran campaña en contra de este acuerdo y en su primer día como presidente firmó una orden ejecutiva para retirar al país de su ámbito. Entre las disposiciones de estilo TPP que los Estados Unidos buscarán en la renegociación del TLCAN, según el proyecto, se encuentran las protecciones del comercio y del comercio digital, la aplicación más estricta de la propiedad intelectual y nuevos requisitos para que las empresas públicas operen de manera comercial. El gobierno de Obama confíaba en utilizar el TPP para establecer estándares para las empresas estatales en el Pacífico como una forma de influir en el comportamiento chino.
Las disposiciones laborales y ambientales propuestas -particularmente importantes para los demócratas- también se hacen eco de la TPP, señala Schott. Los Estados Unidos buscarían incluir tales disposiciones en el cuerpo del acuerdo del TLCAN -están ahora en un acuerdo paralelo- y hacerlas cumplir de la misma manera que se aplican los demás requisitos del Tratado. En última instancia, eso podría significar la imposición de aranceles si la disputa no se resuelve entre las partes.