Por Francesc Badia i Dalmases y Beverly Goldberg
Publicado bajo licencia Creative Commons en openDemocracy
Es bien sabido que en América Latina la democracia está mucho más consolidada que en África y que en partes significativas de Asia, aunque aún queda un largo camino por recorrer.
Contratiempos continuos son síntoma de una preocupante tendencia global, donde políticas y medidas iliberales están socavando las democracias liberales, como demuestra el éxito que han tenido en países como Hungría, Turquía y las Filipinas.
Crucialmente, en un año de elecciones decisivas por toda la región, y específicamente en grandes países como Venezuela, Colombia, México, y Brasil, América Latina está luchando por aferrarse a los pocos regímenes que se califican como “democracias plenas” según el Índice de Democracia de The Economist de 2017, publicado en enero de este año.
La corrupción endémica sigue corroyendo la sociedad desde sus raíces, y políticos sin escrúpulos, en su búsqueda de más poder, están dejando un gran reguero de destrucción a su paso.
¿Una tendencia global?
Como el informe anual de The Economist sobre el estado de democracia en el mundo destaca, en América Latina, de 2016 a 2017 ha habido una caída general en la puntuación.
Es cierto que cabe situar este hecho en el contexto de un declive global del estado de democracia, y la región no es la que sale peor parada en el índice, aunque contiene casos especialmente alarmantes.
[perfectpullquote align=»right» bordertop=»false» cite=»» link=»» color=»» class=»» size=»»]La corrupción endémica sigue corroyendo la sociedad desde sus raíces, y políticos sin escrúpulos, en búsqueda de más poder, están dejando un reguero de destrucción a su paso.[/perfectpullquote]
Según el índice de este año, 89 países del mundo experimentaron algún tipo de declive democrático – el peor resultado desde el periodo 2010-2011. La puntuación de los EE UU se mantuvo constante, en parte porque ya había caído el año anterior, cambiando su clasificación de ‘democracia plena’ a ‘democracia deficiente’.
La puntuación de América del Norte como región sufrió un estancamiento, mientras todas las demás regiones vivieron un deterioro, con Asia y Australasia presentando los peores resultados.
El índice se construyó a base de varios indicadores, siendo clave la participación política, que desafortunadamente sigue siendo sorprendentemente baja en América Latina.
La única ‘democracia plena’ de la región, Uruguay, sacó una puntuación de sólo 4.44 para la participación política en los años 2016 y 2017. En 2016 sin embargo, 9 de los 24 países sacaron una puntuación superior a 5 puntos para participación política, un número que subió a 13 en 2017, exhibiendo una mejora que atenúa en parte lo que es un fenómeno preocupante.
La naturaleza de los índices en si es polémica, porque la metodología que establece los indicadores se ve contestada sistemáticamente por numerosos analistas, expertos y académicos, y la ideología que trasciende inevitablemente su concepción hace que los índices contengan sesgos evidentes.
Lo mismo se puede decir a la hora de medir la objetividad científica de los indicadores aplicados a países con sistemas políticas, sociales, culturales y económicos diversos, de difícil comparabilidad, lo que hace que inevitablemente presenten distorsiones que distorsionan y tergiversan las realidades.
Por tanto, para cualquiera que intente construir un índice, la comparabilidad siempre resultará problemática. No obstante, como cualquier instituto que publique índices dirá, si usted tiene metodologías mejores o indicadores alternativos, por favor, siga adelante. Nadie se lo impedirá.
Otro índice influyente en Occidente es el informe anual de Freedom House, donde pueden identificarse varias semejanzas con el informe de The Economist. Muchos críticos, especialmente provenientes del Sur, hacen hincapié en el hecho de que las mediciones estandarizadas de la democracia ponen el foco en aspectos formales mientras hacen la vista gorda a matices locales y a estrategias o políticas innovadoras, que favorecerían un aumento de puntuaciones, yendo más allá de mediciones electorales estandarizadas.
Aun así, emplee el índice que emplee, el consenso es claro: la democracia liberal está en declive, y el antiliberalismo está prosperando.
La espiral descendente de Venezuela
La crisis política actual de Venezuela, una crisis alimentada por una depresión económica severa y una degradación del Estado de derecho, fue objeto del enfoque del índice de este año.
Las discusiones sobre la calidad democrática del régimen en Venezuela son altamente ideológicas, y numerosos analistas subrayan los logros de la Revolución Bolivariana (al igual que los de la Revolución Cubana), y de la priorización de la garantía de un bienestar humano básico pero universal sobre la democracia liberal.
Parodian sistemáticamente las críticas al régimen, y acusan a los críticos de lanzar ataques derechistas patrocinados por los EE UU y otros pro-imperialistas, que quieren a toda costa ver la derrota del régimen bolivariano venezolano y la restauración del neoliberalismo.
Pero algunos datos son innegables. Según la ONG Observatorio Venezolano de la Violencia, en 2017 las autoridades y la policía mataron a 5.535 personas por actos de resistencia a la autoridad. El golpe más grande a la democracia se produjo en marzo de 2017 cuando la Corte Suprema asumió los poderes de la Asamblea Nacional, logrando silenciar grandes partes de la oposición.
La consolidación del autoritarismo de Maduro se fortaleció con el despojo de todos los poderes legislativos del parlamento por parte de la nueva Asamblea Constituyente, confirmando sus intenciones de usar la nueva Asamblea como un gobierno de facto.
En 2016, el Índice de Democracia de The Economist ya había señalado que Venezuela puso en marcha su vía hacia un estado autocrático debido a las medidas represivas del régimen de Nicolás Maduro. Éstas incluyeron un crecimiento en la militarización, la represión estatal y el rechazo de todas las propuestas de la Asamblea Nacional por parte de la Corte Suprema.
A pesar de este panorama sombrío, Venezuela todavía se clasificó como ‘régimen hibrido’ en 2016 – un régimen en el que las elecciones presentan irregularidades y el Estado de derecho es débil, pero que no se considera del todo autoritario.
[perfectpullquote align=»right» bordertop=»false» cite=»» link=»» color=»» class=»» size=»»]El retroceso democrático, término usado para describir cuando un país erosiona sus propias instituciones y el Estado de derecho, también es responsable de este declive.[/perfectpullquote]
Pero los enormes problemas de Venezuela con la democracia podrían ser una excepción en América Latina. Varios países de la región se democratizaron durante la llamada tercera ola de democratización de los años 80 y 90. Por consiguiente, en términos comparativos, las actuales democracias latinoamericanas podrían considerarse bastante jóvenes.
De aquél periodo hasta 2017, ningún país de América Latina que se había democratizado entonces fue víctima de un golpe de Estado militar permanente, o retrocedió completamente para convertirse en una dictadura – una evolución positiva dado el pasado inestable de la región y su familiaridad con las dictaduras militares.
Infelizmente, tras el silenciamiento gubernamental de la oposición y sus líderes, el encarcelamiento de políticos de la oposición y la represión sangrienta de manifestaciones, Venezuela rompe esta tendencia.
Aun siendo el primer país en retroceder completamente a una autocracia desde que comenzó este periodo de prosperidad democrática, probablemente convocará elecciones en mayo de este año, un paso que ha desestabilizado las negociaciones internacionales con la oposición que se llevan a cabo en Santo Domingo, dado que sus líderes expresaron su intención de no acudir a las urnas, aunque ahora se muestran divididos.
Por una serie de motivos, Venezuela ha recibido el apoyo de varios países de la región que, teniendo gobiernos de la izquierda, se sienten inclinados a defender a sus compañeros venezolanos por una cuestión de principios, aunque en privado reconozcan los defectos del régimen y la crisis humanitaria que ha provocado.
En una declaración reciente, el Grupo de Lima, que reúne a los países más potentes de la región, como son Brasil, México, Chile, Perú y Colombia, ha criticado las elecciones y ha enviado una petición a Maduro para que las posponga hasta que se aseguren condiciones más justas en las que todos los grupos opositores se pueden incorporar al proceso electoral.
En contraste con el caso venezolano, el informe contiene aspectos positivos. El caso de Ecuador aporta esperanzas.
[perfectpullquote align=»right» bordertop=»false» cite=»» link=»» color=»» class=»» size=»»]El escándalo de la mastodóntica empresa constructora brasileña Odebrecht ha hundido el continente entero.[/perfectpullquote]
Ecuador mejoró y pasó de ser clasificado como un ‘régimen hibrido’ a ser considerado una ‘democracia deficiente’ tras las reformas introducidas por el nuevo presidente Lenin Moreno, que pretenden enmendar las medidas represivas que adoptó su predecesor Rafael Correa.
Moreno pretende renovar la polémica ley de comunicaciones que limitó la libertad de prensa, y también convocó un referéndum, recientemente celebrado, que entre otros asuntos menores buscó reintroducir la limitación del mandato presidencial, que Correa había abolido previamente.
Los ecuatorianos votaron sí a un paso que, indudablemente, reintroducirá prácticas de democráticas que se habían deteriorado bajo Correa.
Las causas de un declive general
Si identificamos cuáles han sido las causas principales de este declive general, la corrupción ha demostrado ser, sin duda, la causa primordial. La corrupción ha impactado de forma significativa en las puntuaciones generales de democracia.
El escándalo de la mastodóntica empresa constructora brasileña Odebrecht ha hundido el continente entero, siendo especialmente perniciosa para la erosión democrática latinoamericana.
Junto con otros escándalos como el de Lava Jato y el indignante juicio político de la expresidenta Dilma Rouseff, ampliamente calificado de golpe blando, Odebrecht puede explicar la caída en la puntuación de Brasil, que ya apareció rebajada al lugar 51 en 2016.
El escándalo Odebrecht ha implicado a más de 10 países latinoamericanos en una serie de sobornos que significaron pagos masivos a políticos corruptos a cambio de proyectos de construcción como el Campeonato Mundial de fútbol y los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, o el sistema de metro de Caracas, por nombrar solo algunos. Financiaron campañas electorales de muchos políticos, de izquierdas y de derechas, que ahora están en la cárcel o siendo investigados.
El escándalo de corrupción de Odebrect abrumó a países como Perú, que casi se vio obligado a someter al presidente Pedro Pablo Kuczynski a un impeachment tras haber judgado supuestamente un rol en sobornos a cambio de contratos. A la luz de estas acusaciones, la puntuación de Perú bajó de 6.65 en 2016 a 6.49 en 2017.
El indulto de Kuczynski al ex presidente Alberto Fujimori, aparentemente a cambio de frenar su impeachment, ha aumentado la incertidumbre y ha socavado la transparencia y rendición de cuentas, dos pilares fundamentales de la democracia.
Adicionalmente, el escandalo provocó la expulsión del ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glas, y ha implicado al presidente brasileño Michel Temer, junto a un tercio de su gobierno. Temer ahora está siendo investigado por el Tribunal Supremo.
[perfectpullquote align=»right» bordertop=»false» cite=»» link=»» color=»» class=»» size=»»]El retroceso democrático se ha manifestado con mayor preocupación en Bolivia. El presidente Evo Morales logró anular los resultados de un referéndum.[/perfectpullquote]
La ex fiscal general venezolana Luisa Ortega también ha acusado al presidente Maduro de haber desviado 8 millones de dólares de Odebrecht; el director de campaña del presidente colombiano Juan Manuel Santos lo ha acusado de haber recibido dinero sucio de la constructora brasileña, y se ha encontrado evidencia que demuestra que Keiko Fujimori recibió financiamiento ilícito durante su campaña presidencial de 2017. El alcance del escándalo es devastador.
El retroceso democrático, término usado para describir cuando un país erosiona sus propias instituciones y el Estado de derecho, también es responsable de este declive democrático general en América Latina.
Pero a lo largo de 2017, se ha observado retroceso democrático en otros países en todo el mundo y no es un fenómeno exclusivamente latinoamericano.
En Hungría y Polonia, por ejemplo, los partidos nacionalistas de derechas han implementado cambios legislativos, incluso cambios constitucionales, que han permitido concentrar el poder en el ejecutivo mientras se conculca la libertad de prensa.
Un proceso parecido podría observarse también en los EE UU tras los comportamientos autoritarios del presidente Donald Trump a lo largo de 2017, como su continua difamación de los medios de comunicación y su utilización de agencias gubernamentales, como el FBI o el fiscal general, para lanzarlas contra sus opositores y o sus críticos.
En el contexto de América Latina, este proceso de retroceso democrático se ha manifestado con mayor preocupación en Bolivia. El presidente Evo Morales logró anular los resultados de un referéndum que rechazó la prolongación de la limitación del mandato presidencial, y la Corte Suprema, dominada por sus partidarios, lo declaró apto para un cuarto mandato en 2019.
La puntuación de Bolivia ha bajado de 5.63 en 2016 a 5.49 en 2017. Esta caída es una de las más significativas en América Latina, y deja el país entre los puestos más bajos de la lista, junto a Haití (4.03) y a Cuba, que mantiene la última posición, con 3.46.
La libertad de expresión amenazada
El énfasis del informe del The Economist de este año se ha puesto en cómo el estado de la democracia en los regímenes políticos actuales en todo el mundo ha impactado en la libertad de expresión, expresado en el título del informe: “Libertad de expresión amenazada”.
Tampoco aquí América Latina es una excepción. Según el informe, Brasil, Colombia, Honduras, y México están entre los países más peligrosos del mundo para ejercer como periodista, y muy raramente los asesinatos que se cometen contra ellos se investigan o se juzgan.
El caso de México es particularmente preocupante. La violencia y los asesinatos se han disparado a niveles intolerables, y los periodistas, especialmente aquellos que informan sobre abusos policiales, narcotráfico y corrupción gubernamental, corren el mayor riesgo. Como consecuencia, México se sitúa solo poco detrás de lugares como Siria y Afganistán en cuanto nivel de riesgo para las vidas de periodistas.
[perfectpullquote align=»right» bordertop=»false» cite=»» link=»» color=»» class=»» size=»»]América Latina es una región donde hay esperanza de prosperidad y mejor gobernanza, siempre que la desigualdad y la violencia estén bajo control, las instituciones y los partidos políticos se fortalezcan, y los mecanismos correctores se vayan implementando.[/perfectpullquote]
Sin embargo, Ecuador ha mejorado su relación con la prensa, aunque todavía se categoriza como ‘principalmente no libre’. Los únicos países categorizados como ‘completamente libres’ son Uruguay, Chile y Jamaica, pero los periodistas todavía tienen que enfrentarse al hostigamiento con demasiada frecuencia.
Colombia, El Salvador, Haití, Honduras, México, y Venezuela se clasifican como ‘principalmente no libres’ respeto a libertad de expresión. Lo más preocupante es que las dos potencias regionales, México y Brasil, se sitúan entre los países menos libres.
México se situó en el lugar 71 en el mundo, mientras que Brasil se situó en el puesto 49, siguiendo una tendencia global de concentración de la propiedad de los medios de comunicación en pocas manos poderosas, impidiendo el pluralismo y socavando la esfera pública democrática.
Los ataques directos a la libertad de prensa se complementan con ataques a la naturaleza de la verdad en si misma, puesto que la digitalización de los medios de información y la interferencia a través de la manipulación de las redes sociales se han convertido en un arma poderosa para descreditar opositores y para inmiscuirse en procesos políticos. El boom de las ‘fake news’ sería sólo la punta del iceberg.
Queda mucho trabajo por hacer en América Latina para asegurar que la democracia funcione correctamente, un reto particularmente difícil cuando algunos de los referentes principales de la democracia occidental también están experimentando un fuerte deterioro democrático.
Pero, aún así, en general América Latina es todavía una región relativamente libre, en la cual hay esperanza de prosperidad y mejor gobernanza, siempre y cuando la desigualdad y la violencia estén bajo control, las instituciones y los partidos políticos se fortalezcan, y los mecanismos correctores se vayan implementando.
En el fondo, el hecho de que muchos escándalos de corrupción determinen el futuro de tantos políticos coloca a la región dentro de una liga global de democracias efectivas, que están luchando genuinamente una mayor transparencia y rendición de cuentas.
Por tanto, en el caso de América Latina, el pesimismo expresado por el informe de The Economist para América Latina, a pesar de sus sesgos ideológicos, debe interpretarse como un aviso de que las cosas no van bien para la democracia en la región, pero en ningún caso como una condena absoluta.
Francesc Badia i Dalmases es director y editor de DemocraciaAbierta. Ensayista y analista político, es experto en asuntos internacionales. Su libro más reciente, Orden y desorden en el siglo XXI, ha sido publicado en 2016.
Graduada en Estudios Hispánicos y Latinoamericanos en la Universidad de Glasgow, Beverly Goldberg está actualmente residiendo en Barcelona, donde hace prácticas en DemocraciaAbierta mientras completa su maestría en Relaciones Internacionales.