Fuente de empleos y de inversión para unos, amenaza a la soberanía de los Estados y regalo a las multinacionales para otros, el polémico acuerdo comercial entre Canadá y la Unión Europea conocido como CETA (Acuerdo Económico y Comercial Global, por sus siglas en inglés) está ya a tan solo un paso de ser una realidad, tras haber recibido este miércoles el visto bueno del Parlamento Europeo.
A la espera de que sea ratificado definitivamente por los respectivos parlamentos nacionales de la UE, el acuerdo, el mayor pacto económico bilateral negociado por la Unión hasta la fecha, podría empezar a entrar parcialmente en vigor esta misma primavera. Para bien o para mal, afectará a las vidas y las economías de millones de personas, a ambos lados del Atlántico.
El acuerdo llega en un momento crucial para las relaciones comerciales internacionales, en plena tormenta por los movimientos proteccionistas del nuevo presidente de EE.UU., Donald Trump, quien ya ha sacado a su país del tratado comercial del Pacífico (TPP), y ha puesto en cuidados intensivos al TLCAN (el Tratado de Libre Comercio de América del Norte), al menos en lo que respecta a su parte mexicana.
El CETA fue respaldado en la Eurocámara con 408 votos a favor, 254 en contra y 33 abstenciones, con el apoyo mayoritario del Partido Popular Europeo (PPE), Liberales (ALDE), Conservadores y Reformistas (ECR), y un voto divido según delegaciones nacionales en el seno de Socialistas y Demócratas (S&D). Los Verdes y la Izquierda Unitaria se opusieron: dudan de las garantías que ofrece el acuerdo en materia laboral, protección medioambiental y sanidad, y alertan del poder que da a las multinacionales frente a las leyes nacionales. También la líder del ultraderechista Frente Nacional francés, Marine Le Pen, anunció el voto en contra de su grupo.
«Puentes en lugar de un muro»
El ministro canadiense de Comercio Internacional, François-Philippe Champagne, calificó el pacto, en declaraciones recogidas por la CBC, de «un acuerdo para el pueblo». Por su parte, Artis Pabriks, del Partido Popular Europeo, indicó que «juntos podemos construir puentes, en lugar de un muro», en clara alusión al muro que el presidente de EE.UU. ha ordenado construir en la frontera entre su país y México. «El CETA será un faro para futuros acuerdos comerciales en todo el mundo», añadió.
Mientras, en el exterior de la sede europarlamentaria en Estrasburgo (Francia), las plataformas contrarias al acuerdo de libre comercio y que critican la opacidad de las negociaciones llevaron a cabo una protesta pacífica que dificultó la llegada de eurodiputados a la sesión.
El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, intervendrá este jueves ante el pleno del Parlamento Europeo, en la que será la primera ocasión en la que un líder de este país se expresa en esta cámara.
Canadá y la UE dieron por cerradas las negociaciones en agosto de 2014, pero el acuerdo definitivo no fue suscrito hasta octubre de 2016, tras superar los recelos de varios estados miembros, en especial de Bélgica por el bloqueo ‘in extremis’ de su región valona. La práctica totalidad de las disposiciones del acuerdo entrarán en vigor de manera provisional previsiblemente en el mes de abril, si la parte canadiense también ratifica en las próximas semanas el texto negociado. Sin embargo, la aplicación definitiva y total del pacto (incluidos elementos controvertidos como los tribunales de arbitraje) no será efectiva hasta que los parlamentos nacionales y regionales competentes en los países de la UE (hasta 38 cámaras) den su aprobación, lo que puede llevar varios años.
Un gran mercado abierto
Según la Comisión Europea (CE), el CETA “eliminará los derechos de aduanas y las restricciones del acceso a los contratos públicos, abrirá el mercado de servicios, ofrecerá condiciones previsibles a los inversores y contribuirá a evitar la reproducción ilegal de las innovaciones y los productos tradicionales de la UE”. El acuerdo fija cientos de medidas y normas que regirán los intercambios comerciales entre Canadá y la UE, desde el acceso a los mercados en los diferentes sectores hasta las tarifas aduaneras, pasando por la participación de empresas extranjeras en los concursos públicos, el reconocimiento de los títulos profesionales a ambos lados del Atlántico, los estándares de protección alimenticia, sanitaria y medioambiental, el desarrollo sostenible, o la protección de los inversores, este último, uno de sus puntos más polémicos.
La CE afirma que el acuerdo eliminará casi todos los derechos de importación, lo que supondrá para los exportadores europeos “un ahorro de cerca de 500 millones de euros al año”. Además, permitirá a las empresas de la UE presentarse a licitaciones en Canadá, y acceder a los mercados de servicios y de inversión de este país; facilitará los desplazamientos temporales de ejecutivos de empresas y proveedores de servicios entre la UE y Canadá; permitirá a los arquitectos, ingenieros y contables europeos prestar servicios en Canadá; contribuirá a «acabar con las reproducciones ilegales de las innovaciones, obras de arte, marcas comerciales y alimentos tradicionales europeos en Canadá», e incrementará la cooperación entre los organismos de normalización canadienses y europeos.
La Comisión prevé que el comercio de bienes y servicios entre Canadá y la UE se incrementará en casi un 25% y que el PIB de la UE aumentará unos 12.000 millones de euros al año. Sostiene además que el CETA creará empleo y asegura que “respetará plenamente las normas europeas en ámbitos como la seguridad alimentaria y los derechos del trabajador”.
Con respecto a la agricultura, la Comisión indica que «la apertura de los mercados permite mantener precios bajos y aumentar la oferta a los consumidores», y que «la UE, gran productora de alimentos de calidad, se beneficiará de la posibilidad de vender más en un mercado [el canadiense] de renta elevada». De acuerdo con la Comisión, «los productos canadienses solo podrán importarse y venderse en la UE si cumplen plenamente la normativa», «el acuerdo no afecta a las restricciones que aplica la UE a los OMG [organismos modificados genéticamente, o transgénicos] o la carne de vacuno con hormonas de crecimiento, y tampoco restringe, ni en la UE ni en Canadá, la adopción de disposiciones legislativas en ámbitos de interés público como el medio ambiente, la salud y la seguridad».
«Destrucción de empleo» y «pérdida de derechos»
Los detractores del CETA (desde ONG a partidos políticos y plataformas cada vez mas numerosas, como Stop TTIP, cuya petición contra ambos tratados han firmado ya más de 3.200.000 personas) ponen en duda las cifras manejadas por la UE y Canadá. Según los eurodiputados del grupo Progressive Caucus del Parlamento Europeo, los resultados oficiales de la evaluación del impacto sobre la sostenibilidad del CETA prevén un aumento del PIB del 0,03%, «y otros estudios independientes anticipan la destrucción de más de 200.000 puestos de trabajo en toda la UE». «La Comisión Europea —agregan— dice que el CETA es sobre todo una manera de hacer que las pequeñas empresas prosperen, pero el 99% de las pymes no exportan más allá del Atlántico. En realidad el riesgo que corren es una caída de su cuota de mercado en la UE debido a la competencia con las grandes empresas canadienses».
Por su parte, el Consejo de los Canadienses, una de las mayores organizaciones de acción social de Canadá, vaticina que el CETA provocará una caída del 0,5% del PIB de la UE y del 1% del PIB de Canadá; conllevará la pérdida de 230.000 empleos de aquí a 2023, la mayoría en Europa, y presionará a la baja los salarios.
Las principales críticas, no obstante, hacen referencia, además de al secretismo en que se ha llevado a cabo el proceso, a la pérdida de derechos y garantías. Así, el movimiento No al TTIP sostiene que el CETA «busca una restricción deliberada de la soberanía democrática y del margen de maniobra política de gobiernos y parlamentos», y que beneficia a las multinacionales en detrimento de los trabajadores, mina los estándares de protección del consumidor y el medio ambiente, pone en riesgo los derechos laborales y favorece la privatización de los servicios públicos.
También se ha denunciado que el CETA limitará la capacidad de los gobiernos para desarrollar políticas sociales, medioambientales o de género en la adjudicación de servicios públicos, y que, en materia de seguridad alimentaria, abre la puerta a graves riesgos, ya que, afirman, las normas canadienses en lo que respecta a hormonas, colorantes o productos transgénicos son más permisivas que las europeas.
El problema del arbitraje
El principal problema se encuentra en el denominado Sistema de Tribunal de Inversiones (ICS, por sus siglas en inglés), un mecanismo que establece cortes de arbitraje especiales para que los inversores extranjeros puedan demandar a los Estados y dirimir los conflictos sin pasar por los tribunales ordinarios de cada país.
Según la Comisión Europea, este sistema tiene como objetivo proteger a los inversores extranjeros de un trato discriminatorio o injusto por parte de las administraciones, especialmente en lo referente a licencias, permisos o promesas de funcionarios del gobierno: Para quienes se oponen al CETA, sin embargo, el ICS no es más que una forma de legalizar el poder de las multinacionales por encima de las decisiones de los Estados: las grandes empresas podrán reclamar millones de euros en concepto de compensaciones cuando las leyes limiten su capacidad de ganar dinero, o frenar reformas encaminadas a la protección del medio ambiente o a garantizar los estándares laborales.
«Al igual que TransCanada demandó al gobierno de Obama por poner fin al proyecto Keystone XL (un sistema de oleoductos entre EE.UU. y Canadá), las empresas canadienses podrían legalmente pedir a cualquier país europeo compensaciones si tomaran medidas que afecten a sus ‘expectativas legítimas'», indican los eurodiputados del Progressive Caucus.
Canadá ocupa el duodécimo lugar entre los socios comerciales de la UE. La UE, por su parte, es el segundo socio comercial de Canadá, después de Estados Unidos, y representa el 10% de su comercio exterior. El comercio de bienes entre la UE y Canadá asciende a unos 60.000 millones de euros al año, según datos de la Comisión Europea. La UE exporta a Canadá principalmente maquinaria, equipos de transporte y productos químicos. Los servicios comerciales (esencialmente transportes, viajes, seguros y servicios de comunicación) superan los 26.000 millones de euros (datos de 2012).
Las inversiones son otro elemento fundamental de las relaciones. La UE es el segundo inversor extranjero en Canadá, y Canadá el cuarto en la UE. En 2012, las inversiones europeas en Canadá alcanzaron un valor de casi 260.000 millones de euros, y las inversiones extranjeras directas canadienses en la UE superaron los 142.000 millones de euros.
