El Departamento de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá, anunció esta semana que se creará en el país el Colegio de Consultores de Inmigración y Ciudadanía, el cual comenzará a funcionar en el otoño de este año.
El titular de la cartera, Marco Mendicino, dijo que este colegio de consultores será inaugurado oficialmente el 23 de noviembre del 2021, y que se convertirá en el regulador oficial de los consultores de inmigración y ciudadanía en todo el país. Explicó que será una institución independiente que regulará la profesión protegiendo tanto al público como a los consultores acreditados de quienes se aprovechan de las personas vulnerables.
“Quienes deseen venir a Canadá merecen un asesoramiento honesto, profesional y ético, y tenemos la responsabilidad de asegurarnos de que lo reciban. Nuestro nuevo Colegio de Consultores de Inmigración y Ciudadanía es un hito importante en estos esfuerzos. La creación del nuevo Colegio cumple nuestra promesa de proteger mejor a los recién llegados y refuerza el sistema de inmigración de Canadá para que pueda seguir siendo la envidia del mundo”, dijo el ministro Mendicino al hacer el anuncio.
Según la información proporcionada por el Departamento de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá, el colegio regulará a los consultores de inmigración y ciudadanía bajo un marco legal establecido por la Ley del Colegio de Consultores de Inmigración y Ciudadanía que entró en vigor el 9 de diciembre de 2020, y tendrá importantes nuevos poderes y herramientas para investigar la mala conducta profesional y para disciplinar a sus licenciatarios. También estará sujeto a la supervisión gubernamental apropiada.
Ottawa explicó que la creación del colegio es una parte clave de los esfuerzos del Gobierno para combatir el fraude en nuestro sistema de inmigración. “Se basa en nuestra importante acción de los últimos años, incluida una inversión de 50 millones de dólares para combatir el fraude y nuevas herramientas educativas para ayudar a los solicitantes a identificar actividades fraudulentas. También cumple con el compromiso del mandato de fortalecer la supervisión, defender la integridad del sistema de inmigración de Canadá y proteger a todos aquellos que deseen venir aquí”.
Hay que recordar que Canadá es uno de los principales destinos del mundo, con millones de personas que desean venir aquí cada año para establecerse, visitar o trabajar. Por lo tanto, para navegar por el sistema de inmigración, muchas personas recurren a consultores u otros servicios en busca de ayuda. Si bien casi todos operan con honestidad, hay algunos que lo hacen sin escrúpulos explotando el sistema y aprovechándose de las personas. Por ello es muy importante sólo buscar asesoría migratoria con consultores autorizados por el Gobierno.
Las leyes de inmigración y ciudadanía estipulan que sólo los miembros de la barra de abogados de la provincia donde practican, paralegales regulados por la asociación de abogados (estos sólo pueden trabajar con tribunales de inmigración, no con casos de inmigración), los notarios de Quebec y los miembros del Consejo de Consultores de Inmigración y Ciudadanía Regulados (ICCRC) pueden representar a un cliente cuando éste paga por sus servicios.
Otras personas que pueden representar a alguien ante Inmigración y Ciudadanía son cualquier persona u organización que no perciba dinero para hacerlo. Pero en muchos casos los clientes, aun sabiendo que la persona no está autorizada para ejercer la profesión, de todas formas toman sus servicios y cuando llenan los formularios de representación, que van con cada solicitud, ponen que están haciendo los casos ellos mismos. Esta declaración, aunque parezca inofensiva, es en realidad una ofensa por presentar declaraciones fraudulentas y el cliente puede también recibir cargos de inmigración cuyo resultado es una negación del trámite presentado y una acusación de haber dado declaraciones fraudulentas, por lo cual serán penalizados y no podrán hacer ningún tipo de trámite durante cinco años.
Los consultores de inmigración autorizados en Canadá actualmente están regulados por el Consejo Regulador de Consultores de Inmigración y Ciudadanía (ICCRC), que tiene el mandato de protección al cliente, y es por eso por lo que es esencial que las personas contraten solo consultores regulados por ICCRC. Y es exactamente la misma situación con los abogados, con los paralegales y con los notarios de Quebec.
Los consultores miembros del consejo han tenido que pasar por un programa de estudios de leyes de inmigración, refugio y ciudadanía. Debieron pasar exámenes rigurosos de admisión a la profesión; exámenes policiales y exámenes de inglés y o francés.
Las leyes de inmigración cambian frecuentemente y por lo tanto los consultores tienen que mantener sus conocimientos al día. Y para esto deben tomar cursos de capacitación cada año para poder mantener sus licencias. También tienen que comprar un seguro que cubra errores y/u omisiones que pudieran perjudicar a un cliente, y este seguro puede cubrir situaciones en la que hubo negligencia por parte del consultor. Así, en algunos casos el cliente podrá recuperar el dinero pagado y el dinero perdido a causa del trámite mal presentado.
Si hubo problemas serios de fraude o negligencia grave, el consultor puede ser disciplinado. Puede ser suspendido y en algunos casos puede perder su licencia.
En la actualidad, como parte de los requisitos para obtener la licencia para practicar leyes de inmigración, los consultores regulados han tenido que tomar una serie de cursos ofrecidos por ICCRC en los cuales han aprendido prácticas de oficinas, entre las cuales incluye la preparación de un contrato con el cliente en el cual se especifica el trabajo que se va a hacer, las responsabilidades del cliente y del consultor, y los datos del cuerpo regulador en caso de que sea necesario contactarlos.
Al tener un contrato con un consultor regulado, el cliente tiene la seguridad de que está tratando con un profesional y que en caso de que haya algún problema puede dirigirse al departamento de quejas y disciplina del regulador, quien estudiará el problema y llegará al fallo pertinente.
Cuando digo “estudiar el problema” debo clarificar que el cliente presenta la queja y envía todas las pruebas que tenga a su alcance. El regulador requerirá una respuesta y explicación al consultor, a quien también se le dará la oportunidad de enviar sus argumentos y pruebas, y luego se hará una investigación en la cual se llegará a un fallo sobre la situación presentada.
Pero la posibilidad de que se presente una queja al cuerpo regulador de consultores no termina con el cliente, ya que la ley les permite a los funcionarios de Inmigración y a los tribunales de inmigración reportar a un consultor si los funcionarios o miembros del Consejo de Inmigración y Refugio consideran que la persona no está actuando de manera correcta, es incompetente o negligente.
Los consultores de inmigración también tienen que operar bajo un código de ética profesional y de reglamentos estrictos. El romper cualquiera de las reglas o ser declarado negligente en un caso podría resultar en una suspensión o una remoción de la licencia para practicar.
La práctica de consultores de inmigración está muy bien regulada, pero lamentablemente el ente que en estos momentos los regula, el ICCRC, sólo puede proteger al público cuando éste usa a un miembro regulado por ellos. Cuando las personas elijen llevar sus casos a personas no calificadas y no reguladas, el ICCRC no tiene el poder de intervenir para proteger al cliente.
Con la creación del nuevo Colegio de Consultores de Inmigración y Ciudadanía, el ejercicio de esta profesión va a mejorar aún más. Según la información proporcionada esta semana, el colegio contará con las autoridades necesarias para la regulación de consultores, en particular herramientas para investigar la mala conducta profesional y disciplinar a sus licenciatarios. Esto incluye el poder de ingresar a las instalaciones de un consultor con el propósito de recopilar información para respaldar una investigación y el poder de obligar a los testigos a comparecer y testificar ante su comité de disciplina.
El colegio también tendrá la capacidad de solicitar mandatos judiciales para dirigirse a actores sin licencia que brinden asesoramiento sobre inmigración o ciudadanía sin autorización, entre otras funciones.
