Hace varios años, una coalición de organizaciones dio a conocer una investigación acerca de las personas indocumentadas que vivían en Canadá. La investigación, que fue financiada por la Labour International Union of North America, LIUNA Local 183, y que fue publicada en el año 2005, llegó a la conclusión de que en el país había entre 300.000 y 500.000 personas indocumentadas. A la fecha de hoy, diversas fuentes plantean que ese número puede andar un poco arriba del millón de personas.
A lo largo de estos últimos años, diversos medios de comunicación han hecho eco de esta realidad que vive el país y han presentado como ejemplo de esta población a familias de origen latinoamericano, las cuales, después de que se les venció su visa de turistas, decidieron quedarse en el país.
Recuerdo un artículo en particular, donde el periodista explicaba lo honesta que era una familia, lo trabajadores que eran sus miembros y el buen establecimiento económico que tenían en Canadá. De igual forma mencionaba que esta familia estaba preparando la documentación necesaria para solicitar su residencia permanente basada en Razones Humanitarias y de Compasión, dado que definitivamente no querían regresar a su país de origen. Hoy esta familia tiene su residencia y son dueños de una importante empresa en la cual dan trabajo a decenas de residentes y ciudadanos.
Lo que planteaba dicho artículo es la realidad que muchas personas viven no solamente en Toronto, sino también a lo largo y ancho del país. Personas que después de haber perdido su caso de refugio decidieron quedarse, o que llegaron como visitantes y cuando se les venció su visa de turistas se quedaron.
También es el caso de estudiantes internacionales que se quedaron después de haber terminado su carrera, y también de trabajadores temporales que tras haber terminado su contrato, decidieron hacer de Canadá su hogar aun sin tener la documentación legal necesaria para residir en el país.
A partir del 2015 también fue el caso de miles de trabajadores temporales que en ese momento aun tenían permiso de trabajo, pero que decidieron quedarse aunque fuera de forma indocumentada ya que ese año empezó a funcionar la nueva normativa que establecía que después de cuatro años de trabajar en Canadá, ciertos trabajadores no podían renovar su permiso de trabajo.
Durante los últimos años, y particularmente en el desarrollo de las campañas electorales, una de las cosas que ha quedado clara es que no habrá amnistía para los trabajadores indocumentados. Eso es lo que se desprende de los planteamientos hechos por los representantes de los diferentes partidos políticos.
[perfectpullquote align=»left» bordertop=»false» cite=»» link=»» color=»» class=»» size=»»]Los gobiernos temen que al dar una amnistía, las personas recibirán la falsa idea de que esa es la manera de llegar a Canadá[/perfectpullquote]
La explicación que siempre ha dado el partido en el Gobierno en turno es que dar una amnistía fomentaría el mismo problema que están tratando de solucionar. Los gobiernos temen que al dar una amnistía, las personas recibirán la falsa idea de que esa es la manera de llegar a Canadá, y que por tanto creará la situación ideal para que se repita el problema.
Pero esta posición es errónea en dos factores importantes: El primero es el hecho de que ninguna de las organizaciones que han venido luchando por la regularización ha pedido una amnistía. Todas las organizaciones, y los mismos sindicatos, han pedido un programa de regularización basado en mérito.
Nunca se pidió una amnistía general. Se ha pedido que se seleccione a las personas que pudieran demostrar su establecimiento y que no tengan problemas penales. En este sentido, es contradictoria la posición de los gobiernos dada la necesidad que tienen de atraer nuevos inmigrantes para mantener el nivel requerido de población canadiense. De igual forma es absurda también la posición de deportar a los indocumentados, ya que estos son esenciales para poder mantener las industrias a flote, que es precisamente uno de los argumentos que los empleadores y sindicatos siempre han planteado y por lo cual solicitan que estas personas no sean deportadas.
Es contradictorio también que los gobiernos gasten millones de dólares anualmente para poder atraer inmigrantes que puedan llegar a establecerse sin problemas en Canadá, y que estén deportando a las personas que ya están aquí y que están bien establecidas.
El reporte financiado por LIUNA Local 183 también decía que estas personas estaban empleadas, eran necesarias y ya estaban establecidas en el país.
El segundo factor erróneo en este tema es considerar que el regularizar a los indocumentados propiciará la llegada de más personas indocumentadas al país, y que por tanto con el tiempo se volverá a repetir el problema. La realidad es que el Gobierno canadiense ha puesto en marcha procesos de selección muy estrictos para las personas que solicitan visas.
Así, antes de que a alguien se le dé una visa de turista, de trabajo o de estudiante, la persona debe probar sin lugar a duda que está bien establecida en su país y que tiene razones para regresar, y este freno en el consulado del país de origen impide que un promedio altísimo de personas pueda llegar a Canadá aun siendo visitantes genuinos.
Además, el Tratado del Tercer País Seguro firmado entre Canadá y los Estados Unidos también es una garantía de que esa entrada se ha cerrado para más del 50 % de las personas que llegaban a través del país vecino, y por consecuencia, las posibilidades de que al establecerse un proceso de regularización de los indocumentados que actualmente viven en Canadá se vuelva a repetir el número de indocumentados algún tiempo después es poco probable.
Durante la campaña electoral del 2015 un periódico les preguntó a los tres partidos mayoritarios sus posiciones sobre esta temática de los indocumentados, y las respuestas del Partido Conservador, del Partido Liberal y del Partido Nuevo Demócrata fueron completamente evasivas.
Hoy, a causa de la pandemia los distintos niveles de gobierno finalmente se han dado cuenta de lo importante que son los grupos mas vulnerables con un estatus precario o sin ningún tipo de estatus migratorio. Pero lamentablemente parece que solamente se está reconociendo a las personas que han estado trabajando en producción de alimentos y en salud. Hay grupos de activistas comunitarios que están pidiendo estatus legal para todas las personas que se encuentren en Canadá, iniciativa que apoyo completamente.
Los trabajadores indocumentados y temporales están llenando espacios importantes para el desarrollo y y el mantenimiento de la economía canadiense. Cada uno de estos trabajadores juega un papel esencial y debería ser reconocido con darles la tranquilidad de tener su residencia.
También la regularización de los indocumentados y las personas en estados temporales es la mejor solución que pudiera dar el Gobierno en estos momentos a la acumulación de casos de refugio atrasados. que sobrepasan los 100.000.
Creo que ha llegado el momento de que el Gobierno canadiense implemente un programa especial de regularización para las personas indocumentadas y sin estatus. Lo más importante para tener en cuenta es que estos trabajadores han demostrado ser esenciales para la economía canadiense que están bien establecidos, que son capaces y que son honestos.
Pero también hay que tomar en cuenta que, dada esta crisis mundial de salud, Canadá no va a poder llenar sus necesidades de inmigrantes ni este ni probablemente el próximo año, y que por tanto lo mejor que podemos hacer es utilizar esa mano de obra calificada que ya tenemos viviendo en nuestro país. Es hora de regularizar a los trabajadores que viven de forma indocumentada o con estatus temporal en Canadá.
