El gobierno de Canadá anunció la semana pasada que a partir del 17 de mayo quedaba suspendida la lista de “países de origen designados” (Designated Countries of Origin, DCO) compuesta por 42 naciones, entre las que figuraban Chile, México y España.
Hay que recordar que el 15 de diciembre del 2012, el gobierno conservador del primer ministro Stephen Harper implementó una división en la forma en cómo se procesaban los casos de refugio, creando una lista de personas que venían como refugiados irregulares, otra lista de países designados, y una tercera de quienes no entraban en ninguna de estas dos categorías y que vamos a llamar refugiados regulares.
La lista de países designados incluía países en los cuales el ministro de Inmigración de entonces, Jason Kenney, pensaba que no cometían abusos de derechos humanos (o por lo menos que no cometían tantos abusos), que tenían un alto porcentaje de negativas por parte del Consejo de Refugiados en las solicitudes de ciudadanos provenientes de dichos países, bastantes rechazos en apelaciones de estos países y que también las personas abandonaban los casos antes de llegar a sus audiencias.
Es muy interesante notar que México y Rumanía se encuentran en esa lista, dos países en los que, cuando se miran los informes de las organizaciones de derechos humanos, se ve que están pasando por situaciones muy difíciles en términos de persecución. Los romaníes o gitanos son perseguidos por su raza. En México, las personas están siendo perseguidas por organizaciones criminales y no tienen protección del Gobierno de su país. Ambos países están pasando por una crisis de derechos humanos. De hecho, en el 2018, el 52 % de los casos de Rumanía fueron aceptados.
Ahora bien, ¿qué sucedía con las personas que provenían de los países que estaban en esa lista y que pedían refugio? Inicialmente no tenían derecho a seguro de salud, no tenían derecho a permiso de trabajo hasta seis meses después del momento en que pidieron refugio, no tenían derecho a una revisión ante la Corte de Apelaciones de Refugio y, si después de haber sido rechazados querían hacer una apelación para la Evaluación de Riesgo Previo a la Deportación (Pre-Removal Risk Assessment, PRRA), que es la última evaluación de un caso de cualquier persona que está siendo sacada del país tras haber pedido refugio, tenían que esperar por lo menos 36 meses.
Seguramente la idea era que estas personas iban a ser sacadas del país por la Agencia de Servicios Fronterizos (Canadian Border Services Agency, CBSA) antes de llegar a cumplir esos 36 meses. Los solicitantes de refugio del resto de países, si habían perdido el caso, podían solicitar el PRRA después de 12 meses.
[perfectpullquote align=»left» bordertop=»false» cite=»» link=»» color=»» class=»» size=»»]Los casos de países designados debían ser procesados en un periodo de entre 30 y 45 días[/perfectpullquote]
Otra particularidad que había con las personas que venían de los países designados era que los casos debían ser procesados en un periodo de entre 30 y 45 días, llegando a una conclusión definitiva. Nuevamente aquí la idea era que estos casos iban a ser procesados rápidamente, y que al ser rechazados todos los procesos iban a ser sacados del país de forma inmediata.
Pero desde que se implementaron estos procedimientos en el año 2012, todas las organizaciones que trabajan con refugiados, organizaciones de derechos humanos y organizaciones de médicos, han estado luchando en contra de estas medidas. Es interesante notar que el actual ministro de Inmigración ha archivado este procedimiento y que ahora las personas que vienen de países designados vayan a ser tratadas de la misma manera como son tratadas el resto de las personas que llegan al país y piden refugio.
Digo que es interesante porque en estos momentos el tiempo de procesamiento establecido en esa legislación del 2012 no está siendo implementado dado que hay un atraso de más de 60.000 casos de refugio ante el Consejo de Refugiados, y por lo tanto ningún caso, sin importar de qué país provenga, puede ser procesado en un periodo de 30 a 45 ó 60 días.
De hecho, los casos de México están tomando entre un año y un año y medio en este momento. La incapacidad de poder cumplir con los tiempos de procesamiento es importante, ya que no es algo que se cambió a voluntad del Gobierno, sino que se ha dado por la práctica, por lo que está sucediendo en este momento. Porque los casos están tomando el tiempo que toman y llegan más allá de los tiempos estipulados.
Hay que recordar también que la organización Canadian Doctors for Refugee Care llevó al Gobierno ante la Corte Federal y ésta decidió que no podían negarles los beneficios médicos a los refugiados, por lo que el Gobierno tuvo que restaurarles la cobertura médica a los solicitantes de refugio.
Después, hubo otra decisión de la Corte Federal en julio del 2015 en la que dijo que el no permitirle presentar una apelación ante la Corte de Apelaciones para los Refugiados a los solicitantes de refugio que venían de países designados estaba violando el derecho de igualdad y de no discriminación hacia estos refugiados. Nuevamente el Gobierno tuvo que obedecer esta decisión de la Corte Federal.
Es interesante porque cuando estas dos decisiones fueron tomadas estábamos todavía bajo el gobierno del Partido Conservador, y éste presentó una apelación ante la Corte Suprema de Canadá. Pero cuando tomó posesión el nuevo gobierno del Partido Liberal, quitó las apelaciones y respetó la decisión de la Corte, dando la posibilidad de apelación a las personas que venían de los países designados.
Y el 20 de marzo de este año, otra decisión de la Corte Federal dijo que es una violación a los derechos de igualdad y de no discriminación hacia las personas que vienen de países designados no permitir hacer una solicitud de PRRA a los 12 meses después de haber perdido sus casos, igual que se les permite a los demás solicitantes de refugio.
Lo único que quedaba en vigencia en los procedimientos para las personas que vienen de países designados era esta cuestión de que sus casos debían ser decididos en un periodo de entre 30 y 45 días desde el momento en que se les daba elegibilidad para pedir refugio, algo que tampoco se estaba cumpliendo, y que no pudieran obtener un permiso de trabajo sino después de 6 meses de haber pedido refugio.
En este sentido, el cambio anunciado la semana pasada en realidad fue forzado por las cortes y por la situación de volumen de trabajo que hay ante el Consejo de Refugiados. Realmente hubiese sido más loable de parte del actual el ministro de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía, Ahmed Hussen, si tan pronto como el Gobierno liberal llegó al poder hubiese archivado este procedimiento ya desfasado para las personas que provienen de los países que aparecían en la lista de países designados.
Pero en todo caso, con el anuncio de la semana pasada, hay por lo menos un beneficio tangible para las personas que llegan a Canadá provenientes de los países de origen designado y que solicitan refugio, como es el caso de los mexicanos, chilenos y españoles, y es que ahora ya no tendrán que esperar seis meses para que el Gobierno les expida un permiso de trabajo.
