En la columna de la semana pasada hablé acerca de lo que el Gobierno canadiense está tratando de hacer en relación con los solicitantes de refugio que llegan procedentes de los Estados Unidos y de otros países con los que Canadá comparte información y que han solicitado refugio previamente en dichos países.
Expliqué que el partido en el poder ha presentado una nueva legislación al respecto junto a una serie más de legislaciones en lo que se conoce como un “Ómnibus Bill”.
Ahora quiero referirme a otro proyecto de ley presentado también en dicho “Ómnibus Bill”, y el cual plantea la conversión de la actual Immigration Consultants of Canada Regulatory Council (ICCRC) en el nuevo Colegio de Consultores de Inmigración y Ciudadanía de Canadá.
Con esta nueva legislación, tal y como lo dijo el propio ministro de Inmigración, Refugio y Ciudadanía, Ahmed Hussen, el Gobierno está tomando medidas y acciones decisivas para que los consultores de inmigración y ciudadanía tengan un estándar mucho más elevado tal y como lo tienen el resto de las profesiones reguladas en Canadá, como médicos, abogados, etc.
Lamentablemente, algunos medios de comunicación retomaron esta frase de “llevar a los consultores de inmigración a un estándar mucho más elevado” de una forma negativa, cuando en realidad no lo es. Y probablemente esta interpretación equivocada de la nueva legislación tenga que ver con el hecho de que el anuncio fue hecho justo en el momento en que el periódico “The Globe and Mail” publicó una investigación sobre dos consultores de inmigración que trajeron al país a más de 2.700 personas que buscaban empleo y abusaron de ellas.
Esta nueva legislación en realidad es producto del arduo trabajo realizado durante los últimos años por la Asociación de Consultores Profesionales de Inmigración y que va a resultar en la transformación del actual cuerpo que regula a estos profesionales en un Colegio con peso legal.
La nueva legislación plantea que los consultores realicen una elección para mantener el mismo cuerpo que regula la profesión (ICCRC), con la misma estructura con que ahora cuentan pero bajo un nuevo nombre: Colegio de Consultores de Ciudadanía e Inmigración.
Pero tal y como decía antes, no es únicamente un cambio de nombre dado que al cambiar de Asociación a Colegio se estará pasando de ser una organización sin fines de lucro a convertirse en un ente regido por un estatuto federal propio, y por ende el poder del cual hablé. Porque como organización sin fines de lucro la entidad no podía penalizar a las personas que trabajan como consultores de inmigración y ciudadanía sin estar autorizados.
[perfectpullquote align=»left» bordertop=»false» cite=»» link=»» color=»» class=»» size=»»]El Colegio podrá disciplinar a aquellas personas que trabajan ilegalmente en procesos de inmigración y ciudadanía[/perfectpullquote]
Al pasar a tener su propio estatuto federal, el Colegio no va solamente a poder disciplinar a sus propios miembros que cometan fraude o negligencia en su trabajo sino que va a poder disciplinar también a aquellas personas que trabajan en procesos de inmigración y ciudadanía sin estar autorizadas para hacerlo.
El lunes estuve conversando con Dory Jade, director ejecutivo de la Asociación de Consultores de Inmigración, y le pregunté qué pensaba del nuevo proyecto de ley. Me dijo que en la asociación están muy contentos porque el gran trabajo que habían estado realizado durante los últimos seis años finalmente ha dado sus frutos, ya que ahora van a poder no solamente disciplinar a los consultores y a las personas no autorizadas que practican leyes de inmigración, sino que también van a poder proteger al público en general de una manera más efectiva.
La realidad es que, desde hace muchos años, cuando se comenzó con la legalización del trabajo de consultor, se ha venido dando una fuerte batalla con otras profesiones legales que también practican leyes de inmigración, pero ahora, con la obtención de este estatus federal se pone fin a dichas peleas y los consultores de inmigración van a ser respetados y tratados de la misma manera en que son tratados las demás personas de profesiones reguladas.
Así, la profesión se va a beneficiar en el hecho de que el Colegio va a tener la misma fuerza que tienen los colegios médicos, farmacéuticos, de abogados, etc., de regular la profesión con los profesionales autorizados, pero también con aquellos que abusan de la población y están trabajando de manera ilegal.
Por ejemplo, si una persona se hace pasar como abogado, el Colegio de Abogados tiene el poder de presentar cargos contra esa persona y penalizarla. En estos momentos la el Consejo Canadiense de Consultores de Inmigración no tiene ese poder, pero con la nueva legislación si lo va a tener, por lo que el público va a ser protegido más eficazmente de personas inescrupulosas que se hacen pasar como consultores de inmigración y que estafan a los clientes. Porque bajo la nueva legislación, el Colegio de Consultores, podrá investigar y presentar cargos en contra de estas personas que están actuando fuera de la ley.
Otra cosa importante es que la nueva legislación prohíbe el uso del título de consultor de Inmigración y Ciudadanía a aquellas personas que no tienen licencia para ejercer. Así, dentro de muy poco, si una persona no tiene licencia para practicar no podrá usar el título de consultor de Inmigración, con lo cual se espera que se acabe ese abuso que actualmente están cometiendo algunos individuos que engañan a los clientes y que generan desprestigio para la profesión.
Realmente va a ser muy importante que se impida por ley el uso del título de consultor de Inmigración de la manera en que se ha estado usando a través de los años, ya que lo que ha provocado es confusión y daño a los profesionales que han estudiado dicha carrera. Los medios tampoco podrán usar el título a menos que se refieran a un consultor legal. Es fundamental que finalmente se marque la diferencia.
En estos momentos la nueva legislación está en la primera lectura en el Parlamento federal. Tiene que haber dos lecturas más y se espera que se apruebe antes de que tengamos las elecciones de octubre próximo, porque cuando hay elecciones todo queda congelado.
Mientras tanto, los consultores autorizados para practicar en el país continuarán trabajando de la manera en que lo han estado haciendo hasta ahora, hasta que se produzca el cambio del actual cuerpo regulador al Colegio de Consultores de Inmigración y Ciudadanía.
Porque este proceso obviamente va a llevar tiempo dado que, entre otras cosas, se va a tener que realizar el proceso de votación por parte de la membresía, que es de aproximadamente cinco mil profesionales, y dos tercios de esa membresía deberá aprobar que este consejo bajo el nuevo nombre continúe siendo el que regule la profesión. Para los consultores de inmigración y ciudadanía, esta legislación es para celebrarla ya que aumentará el estatus de la profesión y al mismo tiempo aumentará la protección al consumidor.
