El Gobierno canadiense se sumó este miércoles a los de cinco países latinoamericanos (Argentina, Chile, Colombia, Paraguay y Perú), en una petición formal a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) para que este tribunal investigue supuestos crímenes de lesa humanidad y abusos a los derechos humanos ocurridos en Venezuela desde el 12 de abril de 2014.
En la carta enviada a la CPI, los ejecutivos explican que presentan la solicitud con el objetivo de «determinar si se debe acusar de la comisión de tales crímenes a una o a varias personas determinadas». «El fundamento legal para efectuar la presente remisión a la fiscal jefe de la CPI está dado por lo dispuesto en el artículo 14 del Estatuto [de Roma], que faculta a un estado parte a remitir una situación en que parezca haberse cometido uno o varios crímenes de la competencia de la corte y pedir que se investigue esa situación a los fines de determinar si se ha de acusar de la comisión de tales crímenes a una o varias personas determinadas», añaden.
La petición va acompañada de informes elaborados por expertos internacionales, en los que se documentan presuntos procesos extrajudiciales, torturas y detenciones arbitrarias en el marco de las protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro.
Se trata de una demanda sin precedentes en los 16 años de historia de este tribunal internacional con sede en La Haya (Holanda), ya que es la primera vez que un grupo de países miembros de la Corte pide que se investigue a otra nación firmante.
En cualquier caso, la CPI ya había anunciado, el pasado mes de febrero, que iba a abrir un examen preliminar sobre Venezuela para estudiar posibles crímenes cometidos «en el marco de las manifestaciones y la inestabilidad política relacionada».
En mayo pasado, un grupo de expertos seleccionado por la Organización de Estados Americanos (OEA) para elaborar un informe sobre posibles crímenes de alcance global cometidos por el Gobierno de Nicolás Maduro halló «fundamento suficiente» para llevar a las autoridades venezolanas ante el Tribunal por crímenes de lesa humanidad, informa Europa Press. En respuesta, la misión permanente de Venezuela ante la OEA calificó de «grotesca farsa mediática» el informe, y sostuvo que «dicho documento carece de valor jurídico pues emana de una autoridad usurpada».
La carta enviada esta semana salió a la luz poco después de que el presidente colombiano, Iván Duque, denunciase ante la Asamblea General de Naciones Unidas que la situación en Venezuela es «la crisis migratoria y humanitaria más indignante de la historia reciente de la región, por cuenta de una dictadura que aniquiló las libertades».
El director de la ONG Human Rights Watch (HRW) para América, José Miguel Vivanco, indicó que la decisión de los seis gobiernos americanos es «refleja la creciente alarma entre otros países sobre la catástrofe humanitaria que tiene lugar en Venezuela».
«Lo novedoso de este proceso es que quienes hacen la denuncia son jefes de Estado y de gobierno, porque los casos anteriores obedecieron al trabajo de documentación de organizaciones de derechos humanos que los llevaron ante la Fiscalía de la CPI», explicó por su parte Juan Navarrete, exrepresentante en Colombia del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, en declaraciones a la BBC.
Este experto destacó asimismo que, a diferencia de los casos que se procesan a través de otros organismos como, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los juicios que se procesan ante la CPI la responsabilidad no es del Estado sino individual. «Aunque se habla de denuncia contra Venezuela, no se va contra el Estado venezolano, sino contra las personas señaladas por violaciones de derechos humanos y delitos de lesa humanidad», aclaró.