Nicaragua se encuentra actualmente en medio de una grave crisis política y social. Desde abril de este año, al menos 23.000 personas han huido a la cercana Costa Rica buscando asilo. Canadá ha condenado abiertamente lo que considera una crisis de derechos humanos en Nicaragua, pero, desafortunadamente no tiene ningún programa para que los nicaragüenses vengan al país.
Recientemente he recibido muchas llamadas y correos electrónicos de personas que preguntaban si hay algún programa especial en Canadá para los nicaragüenses. La pregunta está relacionada con la violencia actual en Nicaragua y también con los nicaragüenses que se encuentran en los EE. UU. amparados en el TPS, y a quienes la administración de Donald Trump se los ha revocado.
La respuesta corta es no. Desafortunadamente, Canadá actualmente no tiene ningún programa especial para los nicaragüenses.
No obstante, las personas que huyen de Nicaragua pueden venir a Canadá y hacer una solicitud de refugio como cualquier otra persona que huye y necesita asilo. Pero si la urgencia no es grande, Canadá tiene varios programas a través de los cuales pueden solicitar la residencia en este país y vale la pena explorar esas avenidas.
En abril del 2018, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, anunció reformas a la seguridad social que aumentarían los costos para los jubilados y los trabajadores. En respuesta, el 16 de abril de 2018, muchos ciudadanos nicaragüenses iniciaron un movimiento de protesta nacional que pedía la renuncia del presidente.
Llegó la Policía a detener las protestas, lo que resultó en que más personas se unieran al movimiento y tomaran las calles. Las organizaciones de derechos humanos han denunciado que casi 300 opositores al Gobierno han sido asesinados. También alegan que varios miles de ciudadanos nicaragüenses han sido heridos, golpeados y más de 2.000 han sido secuestrados, detenidos arbitrariamente o encarcelados ilegalmente.
Antes de la situación actual en Nicaragua, el país tenía la tasa de homicidios más baja de Centroamérica.
El presidente Ortega ha denunciado que las acciones de protesta forman parte de un intento de golpe de Estado apoyado por sectores de extrema derecha y el Gobierno de los Estados Unidos, quienes impulsan una campaña de desinformación a nivel internacional. Señala también que el número de muertes reportadas en los medios es mucho menor y que estos provienen de ambos lados del espectro político.
La conexión de Canadá con Nicaragua y con el presidente Ortega se remonta a 1979, cuando Canadá brindó algún apoyo diplomático a la Revolución Sandinista y a su presidente Daniel Ortega.
El 17 de mayo de 2018, en respuesta a la crisis actual en Nicaragua, la ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, hizo una declaración sobre la preocupación de Canadá por los disturbios en Nicaragua y dio la bienvenida al diálogo nacional sobre la situación, que comenzó el 16 de mayo de 2018.
La ministra Freeland expresó la esperanza de Canadá de que se llegue a una solución pacífica a través del diálogo. Debido al continuo conflicto, Canadá emitió otra declaración el 22 de junio del 2018 y copatrocinó una resolución de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que se reunió de emergencia para evaluar la situación en el país centroamericano.
[perfectpullquote align=»left» bordertop=»false» cite=»» link=»» color=»» class=»» size=»»]El Gobierno de Canadá está preocupado por la crisis en Nicaragua y condena los asesinatos de manifestantes desarmados por parte de las fuerzas de seguridad del Estado[/perfectpullquote]
En su declaración, la ministra Freeland dijo que el Gobierno de Canadá está preocupado por la crisis en Nicaragua y condena los asesinatos de manifestantes desarmados por parte de las fuerzas de seguridad del Estado y los grupos paramilitares. Afirmó que la ausencia de justicia y la rendición de cuentas por sus crímenes es inaceptable y que los perpetradores deben rendir cuentas por sus acciones. La ministra Freeland instó al Gobierno de Nicaragua a proteger el derecho de sus ciudadanos a la protesta pacífica y respetar los derechos humanos y democráticos.
La ministra Freeland también declaró el apoyo total de Canadá a una investigación sobre la reciente violencia en Nicaragua, la cual debe ser llevada a cabo por un grupo independiente de expertos, a ser acordada por el Gobierno nicaragüense, la OEA y la Comisión Interamericana sobre Derechos Humanos (CIDH). El objetivo de la investigación será investigar las violaciones de los derechos humanos en Nicaragua.
El 31 de julio, la ACNUR, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, hizo una declaración llamando a solidaridad internacional y apoyo para Costa Rica y otros países que reciben refugiados y solicitantes de asilo nicaragüenses. La ACNUR documentó que miles de nicaragüenses se han visto obligados a huir debido a la reciente violencia y la grave situación de los derechos humanos en Nicaragua. El número de solicitantes de asilo desde Nicaragua ha aumentado desde junio de 2018. Sin duda, Canadá recibirá una parte de estos solicitantes, pero hasta la fecha no tenemos un programa especial sólo para nicaragüenses.
Para empeorar la crisis del pueblo nicaragüense, el 6 de noviembre de 2017 el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció una decisión de su administración de poner fin al estatus de protección temporal (TPS) para los ciudadanos de Nicaragua que residen en los Estados Unidos. Muchos de ellos han vivido ahí durante más de dos décadas. Este anuncio afectó directamente a unas 2.500 personas.
La administración Trump dio 12 meses a los nicaragüenses amparados en el TPS para abandonar voluntariamente el país o enfrentar la deportación. La fecha límite es el 5 de enero de 2019.
Muchas personas se preguntan por qué aquellos que tienen orden de abandonar Estados Unidos o aquellos que huyen de la violencia no pueden simplemente ingresar a Canadá y presentar una solicitud de refugio.
La respuesta es que, para ser elegible para ser aceptado en Canadá como refugiado, una persona debe estar en Canadá o, entrando a Canadá, cumplir con los criterios del Convenio de las Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951: debe tener un temor fundado de persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, membresía en un grupo social particular u opinión política.
El Reglamento de Inmigración y Protección de Refugiados permite que las personas fuera de su país que se hayan visto personalmente afectadas por una guerra civil, un conflicto armado o una violación masiva de los derechos humanos, sean elegibles para el reasentamiento de refugiados en Canadá. Las regulaciones establecen que la persona debe estar fuera de su país, sin opciones en otro país que no sea Canadá para poder calificar. La persona también debe demostrar el potencial para establecerse en Canadá y debe cumplir con los requisitos de admisibilidad con exámenes médicos y de seguridad.
Canadá también cuenta con oficiales de visa del Ministerio de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía (IRCC) destacados en el extranjero que determinan si una persona es elegible para el reasentamiento y la admisibilidad a Canadá. Algunos de los refugiados son remitidos directamente a la IRCC por grupos designados, como el ACNUR, y algunos son remitidos por patrocinadores privados. Los casos se consideran de manera individual, pero en algunos casos donde hay un movimiento masivo de refugiados debido a conflictos, el ACNUR declara a un grupo como refugiados «prima facie».
Los refugiados “prima facie” son reconocidos por el Estado o el ACNUR como refugiados en circunstancias aparentes y objetivas en el país de origen o en la residencia habitual anterior. Pero, aunque el ACNUR ha hecho llamados a la comunidad internacional para ayudar a los solicitantes de asilo de Nicaragua, no los han declarado refugiados «prima facie».
Actualmente, Canadá no cuenta con un programa especial para nicaragüenses que huyen de Nicaragua o Estados Unidos. Canadá condena la situación en Nicaragua y exige una investigación y un cese de las violaciones a los derechos humanos. Aunque no haya un programa especial para los nicaragüenses, si la persona califica bajo alguno de los programas existentes tiene opciones de obtener su residencia.