Las discusiones en Washington se centrarán en las reglas de origen que rigen para determinar qué porcentaje de un automóvil necesita construirse en la región del TLCAN para evitar aranceles, el mecanismo de resolución de disputas y las demandas estadounidenses de una cláusula de extinción que podría anular automáticamente al acuerdo comercial después de cinco años. Es decir, se trata de los puntos más conflictivos desde el inicio de las conversaciones. Mientras que en el resto de puntos las tres delegaciones han realizado grandes avances y han alcanzado fácilmente zonas de acuerdo, las diferencias en estas tres áreas se han mantenido casi en el mismo punto de partida.
El representante de Comercio de Estados Unidos, Robert Lighthizer, advirtió la semana pasada que si las conversaciones se prolongaban durante demasiado tiempo, la aprobación del Congreso, controlado por los republicanos, podría tener «escaso margen». El objetivo es completar una votación durante el periodo previo a las elecciones legislativas que se celebrarán en noviembre y que probablemente renovarán buena parte del Congreso.
México celebra sus elecciones presidenciales el 1 de julio y el candidato favorito, el izquierdista Andrés Manuel López Obrador, dice que quiere participar en la nueva redacción del TLCAN si gana. «Tenemos una ventana de oportunidad en las próximas dos o tres semanas considerando dos cosas: dónde están ahora las conversaciones y los calendarios políticos» en México y Estados Unidos, dijo Moisés Kalach, jefe del brazo de negociación internacional de México, el lobby empresarial que lidera la participación del sector privado en las conversaciones.
Fuentes cercanas a las negociaciones han sugerido que hay una creciente sensación de incertidumbre y pesimismo en la nueva ronda debido al estancamiento en los asuntos más críticos.
En el corazón de la renovación del TLCAN se encuentra el deseo del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de reestructurar las reglas para el sector automotriz a fin de tratar de traer puestos de trabajo e inversiones hacia el norte desde México, donde la mano de obra es mucho más barata. A pesar de meses de conversaciones sobre el tema, las posiciones permanecen distantes.
Una ronda de conversaciones entre la canciller canadiense Chrystia Freeland, el ministro de Economía mexicano Ildefonso Guajardo y Lighthizer programada para la semana pasada fue cancelada para permitir consultas con la industria automotriz mexicana y para que el estadounidense pudiera acudir a una misión comercial a China.
El principal grupo de presión del sector automotriz de México afirmó que son inaceptables las últimas demandas de los Estados Unidos, que incluyen elevar el contenido de América del Norte al 75% desde el actual 62.5% en un período de cuatro años para vehículos ligeros.
«El impulso positivo en las reglas de origen parece ser contrarrestado por el movimiento opuesto sobre las propuestas de tratamiento salarial laboral», dijo Flavio Volpe, presidente de la Asociación de Fabricantes de Partes Automotrices de Canadá.
La propuesta de los Estados Unidos también requeriría que el 40% del valor de los vehículos de pasajeros ligeros y el 45% para camionetas se construya en áreas con salarios de 16 dólares por hora o más.
Eso es visto como una píldora difícil de tragar para México, donde, según estimaciones del Centro de Investigación Automotriz con sede en Ann Arbor, Michigan, los trabajadores de ensamblaje automático ganan un promedio de menos de 6 dólares por hora, y los trabajadores de autopartes apenas llegan a los 3 dólares por hora.
Las conversaciones para renegociar el TLCAN comenzaron en agosto pasado para cumplir con la promesa de campaña de Trump de devolver los trabajos de manufactura a los Estados Unidos.
Nueve meses después, los problemas más polémicos permanecen abiertos. Estados Unidos se ha apegado a una cláusula de expiración propuesta para el nuevo acuerdo, lo que significaría que éste debería renovarse cada cinco años, una medida que, según los críticos, crearía una gran incertidumbre para las empresas.
Otra propuesta polémica de los EE. UU. es repatriar la resolución de disputas al sistema legal interno de los tribunales internacionales. Tanto Canadá como México se oponen a esa medida, al igual que los negocios de EE. UU.