“Cualquier persona quien con conocimiento de causa aconseja, empuja, ayuda o intenta aconsejar o empujar, o aconseja a cualquier otra persona directa o indirectamente a dar falsos testimonios, o a esconder información material o hechos relacionados a un factor relevante que podría resultar en un error en la administración de la ley de inmigración, es culpable de un delito, y de ser encontrada culpable, puede ser sentenciada a hasta cinco años de cárcel o a una multa de $100,000, o a dos años de cárcel o una multa de $50,000”.
Estas son las posibles sentencias para cualquier persona que comete fraude migratorio. Para los consultores registrados de inmigración y para los abogados, las penalizaciones son aún peores. No sólo se deben atener a las sentencias arriba mencionadas, sino que también arriesgan la posibilidad de dejar de trabajar en su profesión ya que se les quitaría la licencia profesional.
Estoy escribiendo esto porque la mayoría de personas no está al tanto de lo severo que es para un profesional mentir en un proceso migratorio, o presentar documentación o información al Departamento de Inmigración, o a un Tribunal de Inmigración, sabiendo que la información es falsa.
En algunas oportunidades hemos tenido personas que llegan a la oficina a pedirnos que les ayudemos a presentar un caso que tiene aspectos creados, o a veces completamente falsos, para mejorar las posibilidades de ser aceptadas.
Una de las situaciones de este estilo que vemos con más frecuencia es el caso de parejas, ya sean matrimonios legalmente casados o parejas en unión libre. Algunas personas llegan con un plan muy elaborado. Se han divorciado de su pareja real en el país de origen y piensan casarse con un ciudadano o residente para ser patrocinadas, obtener su residencia y luego divorciarse o separase de la persona que las ha patrocinado para casarse nuevamente con la pareja anterior y patrocinarla para que venga a Canadá.
Parece muy sencillo, pero es un plan que va derecho al fracaso. Al escribir las leyes, el Parlamento ha considerado este tipo de situaciones y existe en los reglamentos de inmigración una figura que se asemeja a un “divorcio de conveniencia”. Si una persona se ha divorciado de su pareja para casarse con un ciudadano o residente canadiense y obtener la residencia por medio de un patrocinio familiar, y luego se divorcia del patrocinador para casarse nuevamente con la pareja previa, ese divorcio anterior no se considera genuino.
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Para los efectos de un patrocinio, los reglamentos dicen que la pareja que está fuera de Canadá no será considerada una esposa o pareja en unión libre. En esta situación no sólo no se podrá patrocinar a la primera pareja, sino que el residente permanente corre el riesgo de que su propia residencia permanente sea investigada, y al llegar al fallo de que sólo se casó con el patrocinador para los efectos de obtener la residencia, su propia residencia será revocada.
Otra situación, es la de algunas personas que obtienen permisos de trabajo de una compañía canadiense que ha solicitado permiso del Departamento de Recursos Humanos para poder ofrecer el trabajo a un extranjero, y por algún motivo después de llegar deciden no trabajar más con esa compañía y comienzan a laborar en otra empresa sin cambiar su permiso de trabajo.
Estas personas, a pesar de que tengan un permiso de trabajo, ese permiso está restringido para trabajar con la compañía que obtuvo el permiso inicialmente y por lo tanto el trabajador está trabajando en la nueva empresa de manera ilegal. Mientras nadie lo reporte a Inmigración y mientras el trabajador no quiera hacer algún otro trámite con Inmigración no habrá problema, pero en el momento que quiera solicitar un nuevo permiso de trabajo o una extensión, tendrá que demostrar que ha cumplido con las condiciones del permiso de trabajo original y he ahí el gran problema.
Porque ha estado trabajando ilegalmente, y por lo tanto no se le puede dar ni una extensión del permiso ni un nuevo permiso porque la ley dice que si una persona ha trabajado ilegalmente en Canadá será penalizada por seis meses sin poder obtener un nuevo permiso. La situación se complica aún más, porque después de los seis meses, cuando haga el trámite nuevamente, el oficial tendrá la sospecha de que el trabajador no cumplirá con las condiciones del permiso y por lo tanto habrá un porcentaje alto de que la solicitud sea rechazada.
La misma situación ocurre con los estudiantes internacionales que deciden no seguir estudiando y se quedan en el país trabajando. En el momento que quieran renovar su permiso tendrán que demostrar que han cumplido con las condiciones bajo las cuales se les ha permitido entrar al país, y de no poder demostrar cumplimiento no podrán extender el permiso y por su puesto tampoco podrán beneficiarse de todos los programas existentes para los estudiantes internacionales, como son permisos de trabajo y la eventual residencia.
En los últimos años se ha visto por lo menos dos casos de investigaciones por parte de la Policía Montada y del Ministerio de Inmigración, de personas que se encargaban de crear documentación falsa para residentes de Canadá que vivían en sus países de origen pero que querían obtener ciudadanía en Canadá. Para demostrar que cumplían con el requisito de presencia física en Canadá, como es requerido por la ley de ciudadanía, estos “tramitadores” creaban un “Paper Trail” para sus clientes.
En ambos casos los sujetos fueron arrestados y se les impusieron cargos criminales, fueron encontrados culpables de los delitos y fueron sentenciados. A las personas que usaron sus servicios y obtuvieron su ciudadanía de forma fraudulenta se les está investigando, y al comprobar que no se encontraban en Canadá y que sus documentos eran falsos, se les revocará la ciudadanía. Y en casos en que las personas estuvieran fuera del país más del tiempo permitido a los residentes, están corriendo el riesgo de perder su residencia permanente.
Los consultores de inmigración y los abogados trabajamos con códigos de ética profesional estrictos y cualquier alejamiento de ellos puede significar la perdida de nuestra licencia y, en casos más graves, puede resultar también en cargos criminales y sentencias como las mencionadas arriba.
Pedirle a un representante legal que ayude en la presentación de un proceso fraudulento es pedirle que cometa un delito. No decirle la verdad, si bien no lo compromete legalmente, sí le impide el poder representarlo de la mejor manera posible.
Si el representante legal conoce toda la verdad, tiene la opción de no tomar el caso o de trazar una estrategia legal para favorecer al cliente y evitar problemas futuros, como que el caso sea revocado después de ser aceptado, ser deportado, o terminar ambos (cliente y asesor) en la cárcel.
