A escasos tres años de cumplirse el bicentenario del nacimiento de la República del Perú, esta nación tan rica en historia y tradiciones que se ubica privilegiadamente en la parte central y occidental de América del Sur, tuvo que sufrir días de preocupante inestabilidad política durante las últimas semanas de marzo, viendo una vez más amenazada su democracia. Para muchos los problemas del Perú tienen larga data, y es difícil coincidir y responder con precisión «¿en qué momento se jodió el Perú?” dándole una coherente respuesta a la legendaria pregunta vargasllosiana. En todo caso, y para propósitos de esta narrativa, centrémonos en las últimas elecciones presidenciales de 2016 y en los candidatos que eran favorecidos por las encuestas: Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski.
Muchos admirábamos el perfil de Kuczynski por su destacada trayectoria; un profesional que a lo largo de su carrera había ocupado importantes cargos públicos y también en el sector privado. Economista, filósofo, politólogo y reconocido empresario con una hoja de vida impactante, Kuczynski en resumidas cuentas era el tecnócrata que se necesitaba. Su reputación era impecable hasta que, ya convertido en presidente, se supo de sus vínculos con el Caso Odebrecht, la conocida investigación que se viene haciendo en doce países por pagos de dádivas y sobornos a funcionarios de gobierno y personajes de interés por parte del millonario conglomerado empresarial brasileño Odebrecht dedicado a la construcción.
Por otro lado Fujimori se presentaba como candidata a la presidencia con una hoja de vida prácticamente en blanco. Su experiencia profesional se resume en haber sido primera dama durante el gobierno de su padre, el exdictador Alberto Fujimori, y su desempeño como congresista, función que sigue siendo cuestionada por su ausentismo. Omisiones en su hoja de vida son los cuestionamientos por enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y corrupción por lo cual es investigada. Sin embargo era la candidata favorita de las encuestas y le llevaba una amplia ventaja a Kuczynski, ganando la primera vuelta electoral pero sin llegar a reunir los suficientes votos para ocupar el sillón presidencial.
La principal estrategia de marketing político durante su campaña fue adjudicarse la victoria contra el terrorismo, guerra interna en el Perú entre los años 80-90, que dejó cuantiosos saldos y profundas cicatrices, sobre todo en los familiares de las más de 20.000 víctimas. Un episodio bastante complejo y triste en la historia del Perú que no debería de tratarse tan a la ligera. Los Fujimori lo mercantilizan políticamente autoproclamándose como absolutos vencedores y borrando de la historia valiosos elementos y héroes de la lucha contra el terror, y es que cuando se tiene dinero en abundancia se pueden montar sofisticados aparatos propagandísticos.
[perfectpullquote align=»left» bordertop=»false» cite=»» link=»» color=»» class=»» size=»»]En Latinoamérica, el Perú es el país con más ex presidentes vivos que están siendo investigados o están encarcelados por algún delito de corrupción.[/perfectpullquote]
En una segunda vuelta electoral Kuczynski gana las elecciones presidenciales por una insignificante diferencia de 40.000 votos; en mi opinión gracias a los detractores del fujimorismo y la sagacidad de la juventud peruana. Los “pulpines”, como llaman a los “milenials” en el Perú, una generación que muchas veces se desestima, fue la que tomó las redes sociales y salió a las calles en más de una oportunidad organizando marchas pacíficas en contra de un posible gobierno de Keiko Fujimori. A la vez iban recordándole a la población lo que fue la época de corrupción que se vivió el Perú durante los diez años de fujimorismo en el poder.
“Fuerza Popular”, el remozado grupo político fundado por Keiko Fujimori y que cambia de nombre en cada proceso electoral, obtuvo la mayoría en el Congreso de la República ocupando 73 curules de los 130 que conforman el hemiciclo. Una de estas posiciones en el congreso la ostenta Kenji Fujimori, el congresista más votado de las elecciones de 2016, el más joven de los hermanos Fujimori y el engreído de Don Alberto. La derrota no fue un tema que la ex primera dama supo manejar con diplomacia, tomando con firmeza una avasalladora posición opositora y obstruccionista en la que su dominante plataforma en el congreso decidió declarar la guerra al ejecutivo.
En este punto es importante indicar que los niveles de corrupción dentro de la estructura política del gobierno peruano alcanzan dimensiones alarmantes. En Latinoamérica, el Perú es el país con más ex presidentes vivos que están siendo investigados o están encarcelados por algún delito de corrupción. Alberto Fujimori (1990-2000), fue procesado y condenado el 7 de abril de 2009 a 25 años de cárcel por los delitos de lesa humanidad por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, en las que fueron asesinadas 25 personas, entre ellas un menor de 8 años; y también por los secuestros del empresario Samuel Dyer y del periodista de investigación Gustavo Gorriti.
El periodista, autor del libro “Sendero” (1990) publicado por Editorial Planeta, es el más importante referente, testigo y gestor de la más amplia investigación de la lucha contra el terrorismo en el Perú desde los años 80 y, por lo tanto, un incómodo obstáculo. Gorriti sostiene categóricamente que “nada es más falso y alejado de la realidad porque la caída de Sendero Luminoso no fue un logro del gobierno fujimorista”. Alberto Fujimori además afronta acusaciones por enriquecimiento ilícito: se estima en 600 millones de dólares la fortuna amasada ilegalmente durante los diez años que estuvo en el poder, de los cuales solo unos 160 millones han sido devueltos al estado peruano. Fujimori es también sindicado como autor mediato por la matanza de Pativilca en la que seis pobladores perdieron la vida en enero de 1992.
Los grandes desafíos de la justicia peruana
Alejandro Toledo (2001-2006), involucrado en el Caso Odebrecht, es prófugo de la justicia y se le acusa de tráfico de influencias y lavado de activos. Alan García Pérez (segundo mandato 2006-2011), también involucrado en el Caso Odebrecht, es investigado por tráfico de influencias y lavado de activos. Ollanta Humala (2011-2016) y su esposa Nadine Heredia, cumplen prisión preventiva por lavado de activos por el Caso Odebrecht y asociación ilícita para delinquir, una investigación que pudo realizarse sin encarcelamiento.
Según informa el diario peruano La República, de unos 220 investigados en este momento hay 17 personas con prisión preventiva: 10 recluidas en prisión y siete prófugos de la justicia. En este lamentable panorama político no falta Keiko Fujimori, que también esta inmiscuida en el Caso Odebrecht y viene siendo investigada sin restricciones. Algo interesante que vale la pena resaltar es que por los mismo delitos el poder judicial peruano impone prisión preventiva a unos, mientras que a otros no los toca.
Desde que Kuczynski llegó a la presidencia se perfiló como un conciliador, siendo bastante generoso con sus opositores e ignorando los alarmantes casos de corrupción, entre otras características, del entorno político y social en el que estaba gobernando. Este comportamiento distraído y desinteresado fue bienvenido con beneplácito por la señora Fujimori, que desde el anonimato y aprovechando la oportunidad de tan pobre autoridad dirigió a los congresistas de su partido hasta lograr lo que muchos presagiábamos y veíamos venir excepto el propio presidente Kuczynski. Lo que ahora se puede considerar como la perfecta crónica de una muerte anunciada.
Todo empezó con la interpelación y censura de uno de los mejores ministros del gobierno, el señor Jaime Saavedra, (aquí comprobé una vez más que la educación es un tremendo estorbo para el fujimorismo), y luego la censura a otro ministro más, y luego una primera moción de vacancia, y así cada movimiento del congreso era más agresivo que el anterior con la única intención de debilitar al gobierno de Kuczynski. Durante este periodo nadie estaba gobernando, el congreso atacaba a la presidencia y cada esfuerzo del ejecutivo se invertía en su defensa.
Todo vale en la lucha por el poder
De pronto la historia da un giro inesperado y las artillerías de Keiko ahora apuntan a sus familiares más cercanos. A Kenji Fujimori le convenía que Kuczynski continuará en el poder y decidió ayudarlo logrando reunir a un grupo de congresistas, compañeros de partido, que se sentían utilizados por su bancada, y que habían sido marginados por su lideresa y por otros de los legisladores que tienen más protagonismo. Fue sencillo convencerlos para que se unieran y formaran una nueva alianza con el más joven de los Fujimori. Así nacieron los Avengers de Kenji, escogiendo el sobrenombre al mejor estilo de los superhéroes de Marvel.
La mayoría de peruanos quería que el exdictador Fujimori cumpliera su sentencia en prisión y Kuczynski le había prometido a su pueblo en múltiples oportunidades que no le otorgaría el indulto. Confiando en la palabra de su presidente el pueblo peruano una vez más tomó las calles y las redes sociales para defender y exigir la no vacancia, todos conscientes de que dentro de lo peor el gobierno de Kuczynski seguía siendo la única opción democrática y constitucional. Nadie en su sano juicio quería abrirle las puertas nuevamente a un amenazante gobierno autoritario.
Con esta estratégica combinación Kuczynski se salvó de ser vacado la primera vez en diciembre de 2017. Sin embargo, a los pocos días Kuczynski traicionó su palabra, traicionó a su pueblo y, creando una de las más patéticas pantomimas, le otorgó el indulto humanitario a Alberto Fujimori el 24 de diciembre de 2017. Un expediente de indulto fabricado, normativas forzadas a la medida y una clara negociación dejaron en libertad a uno de los ex líderes más corruptos del mundo tras haber cumplido 12 de los 25 años de condena por crímenes de lesa humanidad. El reo Fujimori no era enfermo terminal y mucho menos estaba moribundo, vivía en impecables condiciones carcelarias y oficialmente no había pedido el indulto, por lo menos no lo hizo antes de obtenerlo.
Nadie presagió que 18 años después un escándalo estratégicamente planeado por la hija de Fujimori obligaría al presidente Kuczynski a renunciar a la presidencia por verse involucrado en la compra de votos a miembros del congreso peruano, evitando así que proceda una segunda moción de vacancia por incapacidad moral y poniéndole fin a un gobierno débil y lleno de contradicciones. A Keiko no le convenía que su padre saliera de prisión, ella ambiciona tener el campo completamente libre para llegar sin tropiezos al poder y ha demostrado que es capaz de todo para remover cualquier molestia en su camino, incluso si esta interferencia es su propio padre.
Mientras tanto, Kenji, de personalidad más sensible, fue atrapado de la manera más sucia y a traición por su propia hermana, cuando ésta ordenó a uno de sus fieles congresistas, el cuestionado millonario Moisés Mamani, que grabara a escondidas mientras se negociaban los votos para salvar de la vacancia a Kuczynski, a cambio de promesas a costa del Estado, todo con la única finalidad de ver a su padre en libertad. Kenji enfrenta en estos momentos una denuncia constitucional, un evidente desafuero y hasta podría llegar a prisión. Así terminó la corta presidencia de, hashtag, “PPK amigo” por su pobre liderazgo y sus vínculos con la corrupción. El Premio Nobel de literatura Mario Vargas Llosa a calificado a Kuczynski como “uno de los peores presidentes de esta época”.
Con este episodio el mundo ha sido testigo de una de las más angustiantes crisis políticas y lucha por la democracia en el Perú. No se vivía tanta incertidumbre e inestabilidad desde la renuncia a la presidencia, vía fax desde el Japón, del exdictador Alberto Fujimori en noviembre del año 2000. Nadie presagiaba el fraccionamiento del fujimorismo; era difícil predecir un fujimorismo de Alberto y Kenji, y otro fujimorismo de Keiko, o más bien debería llamarlo “Keikismo”, ambas posiciones sin ideología, sin ningún interés en gobernabilidad, y mucho menos con un plan de intención de gobierno honesto y realista para el pueblo. Ambas fracciones comparten las mismas costumbres y son hábiles para desacreditar cualquier aporte que contradiga su agenda, acusando a sus detractores de persecución. El argumento de este relato parece de ficción y tan solo representa el comienzo de una historia que cada día no deja de darnos nuevas sorpresas.
La esperanza también se apellida Vizcarra
El ingeniero Martín Vizcarra, que se desempeñaba como primer vicepresidente y además como embajador de Perú en Canadá, regresó a Lima el pasado 23 de marzo tras la renuncia de Kuczynski para asumir la presidencia, como señala la Constitución. Vizcarra había mantenido un perfil bajo, ubicándose al margen de la crisis política practicando un absoluto hermetismo desde su residencia en Ottawa, silencio que se puede interpretar de muchas formas. Hasta el momento Vizcarra esta siendo cauto y ha prometido llegar a todos los rincones del país y trabajar por el Perú. El nuevo presidente prácticamente no cuenta con una bancada política, llegó al poder de la mano de Kuczynski pero tras la crisis la bancada oficialista tiene una presencia débil y enferma. Sin duda lo que ayuda a Vizcarra es que se haya mantenido al margen de todo el escandalo político dentro del gobierno durante los últimos meses.
Los peruanos le dieron la bienvenida a Martín Vizcarra como su nuevo presidente con la esperanza de encontrar equilibrio y superar la crisis política, pero sobre todo con el anhelo de una solución ante la desgastante lucha contra la corrupción que padece el Perú y que tanto daño le hace a su imagen como nación en el mundo.
El gobierno de Vizcarra hereda el astuto congreso del Keikismo, ese congreso que insiste en proteger a parlamentarios de su bancada. El pasado 2 de abril mientras la población estaba distraída con la juramentación de los nuevos ministros, la Comisión de Ética archivó el caso de Yesenia Ponse, congresista que pagó 10 mil soles (unos $4.000 dólares canadienses) para comprar certificados de estudio. Es el mismo congreso que se vanagloria de “luchar contra la corrupción” pero cuya Comisión de Ética ya tiene antecedentes de haber hecho lo mismo en otras oportunidades archivando casos delincuenciales que sindicaban directamente a fieles miembros de la bancada Keikista.
Otro ejemplo flagrante es el caso de los tres parlamentarios que tienen condenas de prisión efectiva, dos de ellos del partido de Keiko Fujimori, y que vienen siendo protegidos por su impunidad parlamentaria y por el Congreso de la República Perú y su Comisión de Ética, que hasta ahora no resuelve y autoriza que se pongan a disposición de la justicia. Ese mismo congreso que con claridad no le interesa legislar a favor de los peruanos, más bien le interesa estar alerta para bloquear cualquier medida que pueda amenazar sus propios intereses.
Por el momento, la cereza en el pastel de la corrupción es el caso del parlamentario Edwin Vergara y sus cercanos vínculos con el narcotráfico puestos al descubierto este fin de semana. Vergara es fujimorista, keikista y ostenta el cargo de secretario de ética y disciplina del partido Fuerza Pupular, además de ser amigo y ex socio del narcotraficante colombiano Diego Sánchez Ospina, que fue detenido el jueves pasado con una tonelada de cocaína. Surge entonces la pregunta, ¿hasta cuando podrá el Congreso peruano proteger tanta podredumbre?
Con un nuevo gabinete ministerial ya instalado, bastante deslucido y compuesto por ministros cuestionados y que contradicen las intenciones manifestadas por el presidente Vizcarra, se esperan respuestas a los innumerables temas que siguen pendientes: educación, salud, lucha contra la corrupción, infraestructuras y reconstrucción nacional, reactivación de la economía y recuperación de la confianza inversionista, descentralización, igualdad de género, derechos humanos, y otras respuestas específicas como, por ejemplo, qué sucederá con el ilegal indulto a Alberto Fujimori, ¿Vizcarra acatará el próximo fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que posiblemente pida el regreso a prisión del ex dictador? Todos estos temas son básicos para fomentar una sociedad en la que además de la corrupción, la lucha por la igualdad es el más grande los problemas.
Como peruano no deposito mi esperanza únicamente en el presidente Vizcarra, le deseo lo mejor, que le vaya bien y ojalá que así sea. Pero más bien le pido cautela y respeto a la Constitución. Mi esperanza la deposito principalmente en la juventud peruana, en todos aquellos jóvenes que salen a las calle sin hacer distinciones ni separar credos y que alzan sus voces en señal de protesta contra la corrupción. Esos jóvenes que han demostrado que sí les interesa su historia, que han demostrado que sí se puede luchar por un país digno, con moral, cultura y educación; jóvenes peruanos asqueados de viejos políticos lobos y de una vulgar improvisación, de legisladores que son criminales, que están condenados y que ahora mismo gozan de libertad y son premiados con la impunidad.
Tengo esperanza en la juventud que está despertando en el pueblo peruano esa adormilada conciencia que impide reconocer con claridad cuales son sus derechos. Mis “pensamientos y rezos” son para que al recibir el bicentenario de la República en el 2021 se esté construyendo un Perú consciente, sin corrupción, sin pactos antidemocráticos e inconstitucionales. Esto depende de todos, de cada una de nuestras acciones y de los políticos que coloquemos en el gobierno con nuestros votos, ya que no hay otra forma de cosechar lo que nunca se ha sembrado.
