En los últimos días ha aparecido una información en los medios de comunicación del país en relación con que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ha declarado a los venezolanos como refugiados alrededor del mundo y que ha pedido a los distintos países que los traten como tales.
En realidad, el reporte de ACNUR lo que hace es pedirles a los países que están recibiendo refugiados o personas de origen venezolano que están escapando de la violencia, del hambre, de la falta de medicamento, de la falta de tratamientos médicos etc., que los traten de la misma manera que está estipulado en el Acuerdo de Cartagena con respecto a la declaración sobre refugiados. Y este Acuerdo de Cartagena está basado en el Convenio de Ginebra de 1951 y de su protocolo de 1967.
Pero lamentablemente los acuerdos internacionales no tienen un peso legal, y, además, Canadá no es un país signatario del Acuerdo de Cartagena. Sólo son diez países de Latinoamérica los que han firmado este acuerdo.
Sin embargo, ACNUR le está pidiendo a todos los países a donde están llegando los venezolanos, que se les reciba y se les trate en el espíritu de este tratado, y obviamente a Canadá se le está pidiendo lo mismo.
En estos últimos días, yo personalmente he recibido una serie de correos electrónicos y de llamadas telefónicas de personas que están preguntando si con este reporte elaborado por ACNUR ahora tienen más posibilidades de ser aceptados como refugiados. La respuesta es que depende de muchos factores.
En el Tratado de Cartagena por ejemplo se pide que las naciones apoyen el trabajo del ACNUR en América Central, porque dicho tratado fue suscrito en el momento en que Centro América se encontraba en problemas serios, por lo que se les pedía a los países que ayudaran a las personas que escapaban de la violencia en estos países. Se les pedía, entre otras cosas, que se reforzaran los programas para la protección y la asistencia de los refugiados, particularmente en las áreas de salud, estudios, trabajo y seguridad; que se crearan programas para que estas personas pudieran ser autosuficientes; y que se entrenaran a los oficiales de inmigración y a los oficiales del Estado para que se pudiera dar protección y asistencia a los refugiados. Pero todo esto, como dije anteriormente, tiene que nacer de los países mismos.
La pregunta obligada ante la declaración hecha recientemente por ACNUR es si va a cambiar en algo la política canadiense hacia los venezolanos que llegan al país. Aquí hay dos cosas que se deben distinguir: la primera es que cuando una persona llega y pide refugio tiene que establecer que cumple con los requisitos de la definición de lo que es un refugiado. Entonces, aunque haya los problemas que hay en Venezuela en estos momentos, no es suficiente para que una persona sea aceptada como refugiada.
Hay que recordar que la persona tiene que demostrar que está siendo perseguida por una de las razones estipuladas en la definición de refugiado del convenio de Ginebra, o que puede llegar a ser víctima de tratamiento cruel y riesgoso en su país de origen, y que no tiene ningún lugar dentro de ese país donde pueda restablecerse de manera segura y razonable.
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Pero, ¿qué puede llegar a producir esta declaración o reporte de ACNUR? En algunos casos de refugio puede usarse como evidencia que corrobore lo que está sucediendo en el país, y por lo tanto puede convertirse en un documento que puede llegar a persuadir al miembro del Consejo de Refugiados de aceptar a la persona. Pero en sí, no tiene ningún peso legal en el sistema de refugio canadiense.
Ahora bien, hace un par de años, cuando las cosas empeoraron en Venezuela, el Gobierno canadiense estableció una política dirigida a las personas que habían llegado al país provenientes de Venezuela entre el 8 de julio del 2016 y el 7 de julio del 2017, que habían pedido refugio y sus casos habían sido rechazados. Esta política establecía que estas personas podían hacer solicitudes de PRRA (Pre-Removal Risk Assessment) para ver si sus vidas estaban en riesgo si eran regresadas a su país de origen, porque tomaron en cuenta que la situación en Venezuela había empeorado en ese momento. Hicieron el cambio porque la ley dice que una persona no puede hacer una solicitud de PRRA después de haber pedido refugio si no pasan por lo menos doce meses desde que el caso fue rechazado.
En ese sentido, lo que hizo el Gobierno canadiense en ese momento fue eliminar ese requisito de los doce meses y permitirles a estas personas hacer sus solicitudes de PRRA.
Lo que yo creo es que la comunidad latinoamericana, y particularmente las organizaciones venezolanas aquí en Canadá, deberían formar una coalición y hacer presión para que el gobierno canadiense cree o relaje algunos de los programas existentes para darle la oportunidad a la gente de Venezuela de poder hacer trámites por razones humanitarias y de compasión, o que puedan venir como estudiantes internacionales (ya que hay muchos venezolanos que lo quieren hacer pero les niegan el permiso de estudio), para que después puedan hacer el trámite para la residencia permanente bajo el Canadian Experience Class o bajo el Programa de Trabajadores Calificados.
La segunda cosa que se debe considerar es que se le debería pedir al Gobierno que se dé una moratoria a las deportaciones de las personas de Venezuela hasta el momento en que sea seguro para ellos el poder regresar a su país de origen. Lo han hecho con la gente de Haití, de Cuba, con muchos países donde ha habido problemas serios, y yo creo que en estos momentos Venezuela se encuentra en una crisis humanitaria, tal y como lo dice el reporte de ACNUR, donde aproximadamente 600 mil personas han cruzado la frontera escapando del hambre, de la violencia y de los problemas que existen.
En ese sentido, los venezolanos en realidad están viviendo una crisis humanitaria y Canadá debe tomar cartas en el asunto y por tanto facilitarles la estadía en Canadá porque hay que tener en cuenta que a pesar de que el nivel de aceptación de los solicitantes de refugio procedentes de Venezuela es alto, alrededor del 75 por ciento, eso no significa que cualquier persona que venga de Venezuela va a ser automáticamente aceptada como refugiada. Por eso es importante que para las personas que en realidad no han estado involucradas en política o han sido perseguidas por razones políticas y que no sienten que si regresan a su país de origen van a ser perseguidas políticamente, pero que sí tienen temor de regresar por la situación en sí, por la falta de alimentos, de medicinas y de tratamientos médicos, y por la violencia en general, haya una moratoria.
Estas personas deberían poder quedarse a vivir en Canadá con un permiso de trabajo temporal, hasta que se solucionen los graves problemas y puedan regresar a vivir nuevamente a su país. Creo que es nuestra responsabilidad como comunidad latinoamericana pedir que Canadá les dé una mano a nuestros hermanos.
