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A mediados de diciembre de 2017, la administración Trump anunciaba una nueva Estrategia de Seguridad Nacional (ESN). Se trata de una serie de premisas y objetivos basados en la doctrina del realismo político (que se asume de modo explícito en el documento), orientados a “reestablecer la posición de ventaja de Estados Unidos en el mundo”. Sintetiza las metas que deben alcanzarse para resguardar los “intereses estadounidenses” – que son los intereses de una minoría privilegiada e influyente en la toma de decisiones, pero que se presentan como “los intereses del pueblo americano”.
Cabe señalar que una de las características del gobierno de Trump en materia de política exterior es la brecha existente entre un discurso incendiario, lleno de amenazas y comentarios vehementes, y una toma de decisiones que en ocasiones tiende a minimizar tales posicionamientos – desde el escarmiento que se le iba a propiciar al Gobierno chino, hasta la amenaza de una salida inmediata del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y la oposición aparentemente “total” al libre comercio. De modo que la ESN debe ser leída también en el marco de esta distancia entre dichos y hechos que viene moldeando una política exterior más bien incierta y poco predecible.
En términos generales, los pilares de la ESN (proteger a “la patria”, al pueblo y al modo de vida estadounidense; promover la prosperidad; preservar la paz en base a la fortaleza; impulsar la influencia de Estados Unidos) tienden a retomar las premisas de gobiernos anteriores (e incluso parte del credo liberal asociado a los valores americanos), pero con un cambio de prioridades: otorgando mayor protagonismo a los principios realistas del poder y la paz en base a la fortaleza, en lugar de privilegiar la influencia – a diferencia de las administraciones Obama y su diplomacia del soft-power, que en la práctica derivaron en múltiples intervenciones y «soluciones» militares.
En el caso de América Latina, la ESN plantea algunos puntos relevantes. El pilar referido a la protección de la patria incluye la urgencia de reformas migratorias para “fortalecer el control de las fronteras y restablecer la soberanía”, a la vez que propone combatir, en su lugar de origen, “las organizaciones transnacionales delictivas que debilitan a los aliados y corrompen las instituciones democráticas” a fin de evitar que lleguen a las fronteras de Estados Unidos.
Es una alusión a las migraciones y al narcotráfico, problemas que desde la perspectiva del gobierno de Trump podrían resolverse, por ejemplo, con la ampliación del muro en la frontera con México, pero que en la práctica excede completamente el “control” fronterizo: se trata de una dinámica asimétrica, de subordinación y criminalidad planteadas y sostenidas por las alianzas entre el Gobierno y el sector privado de Estados Unidos y los Gobiernos de México, Guatemala, Honduras y El Salvador, que opera desde hace décadas y, en los últimos años, bajo la Iniciativa Mérida y la Iniciativa de Seguridad Regional para América Central (CARSI).
En el marco del mismo pilar, pero en un plano “menos tangible” y ante “las nuevas amenazas”, la administración Trump contempla “redoblar los esfuerzos para proteger nuestra infraestructura crítica y redes digitales, puesto que las nuevas tecnologías y los nuevos adversarios generan nuevas vulnerabilidades”. Debe señalarse que a lo largo de 2017, este ha sido un tema candente en la región, que ha puesto en evidencia la articulación entre el complejo militar-industrial del Estado de Israel y el estadounidense, y el suculento negocio que representa América Latina en este sentido, en particular en países como Argentina, Brasil, Colombia y México.
En cuanto a la prosperidad estadounidense (es decir, básicamente, lograr una economía nacional sólida), se asegura que “Estados Unidos ya no tolerará los abusos comerciales crónicos y trabajará en pos de relaciones económicas libres, justas y recíprocas”. Esto podría leerse superficialmente en clave de una postura “antiglobalizadora” o “anti-neoliberal”, pero las decisiones tomadas por la administración Trump durante 2017 no coinciden con esta lectura. Lo que sucede es que Estados Unidos sigue promoviendo el libre comercio y el neoliberalismo cuando ello favorece a “sus intereses”, tal como lo demuestran los Tratados de Libre Comercio (TLC), caracterizados por la asimetría y las cláusulas abusivas – solo que en la administración Trump, esta dinámica cobra mayor visibilidad al transformarse en componente esencial del “America First”.
Por otra parte, se anticipa que Estados Unidos “utilizará su dominio en el área energética para garantizar que los mercados internacionales sigan abiertos y que los beneficios de la diversificación y el acceso a la energía fomenten la seguridad económica y nacional”. Contradiciendo su aparente postura anti-TLC, en el caso de los recursos energéticos, el gobierno de Estados Unidos procurará la apertura del mercado. Cabe apuntar aquí que los recursos energéticos (junto con los materiales estratégicos) forman parte de la estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos, especialmente desde la Guerra Fría, y estructuran a su vez el desarrollo y alcance del complejo industrial militar para garantizar el acceso a dichos recursos.
Por otra parte, el protagonismo de los recursos energéticos en la seguridad y la economía estadounidense es evidente cuando se considera la presión para liberalizar el mercado de hidrocarburos en América Latina: desde la guerra permanente librada contra Venezuela, la presión para la reforma energética y el desmantelamiento de PEMEX en México, hasta el rol jugado por el sector público/privado de Estados Unidos en el Lava Jato brasileño y la consiguiente desarticulación de las estatales brasileñas, incluida Petrobras. En esa línea, la ESN insiste en que países como Cuba o Venezuela deberían implementar reformas económicas que garanticen “oportunidades económicas para todos y mejorar la gobernabilidad”- es decir, propiciar la privatización y achicamiento del Estado en materia económico-social, premisa clave del neoliberalismo (del que supuestamente buscaría distanciarse la administración Trump).
En virtud de las inconsistencias que arroja la ESN, que presenta una continuidad con el estilo en la toma de decisiones a lo largo de 2017, se profundiza la incertidumbre respecto a escenarios posibles en la región. Lo que se visualiza con bastante claridad es la continuidad en el impulso de políticas económicas y de seguridad ancladas en una dinámica asimétrica y dependiente que, como hasta ahora, serán mantenidas o reconfiguradas según los intereses de empresas multinacionales y del complejo industrial militar, que son los que en definitiva se arrogan el poder de definir los “intereses estadounidenses” y, por extensión, los de América Latina.
Silvina Romano y Aníbal García son miembros del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG).