Los objetivos de la política de inmigración de Canadá con respecto a las expulsiones son varios: mantener y proteger el orden público, la salud y la seguridad en Canadá; garantizar que se respeten todos los derechos legales de los ciudadanos extranjeros que se deporten; llevar a cabo su expulsión de manera efectiva y equitativa; verificar la remoción de ciudadanos extranjeros de manera eficiente y expedita; asegurar que los ciudadanos extranjeros obligados a salir de Canadá realmente lo hagan; garantizar que los ciudadanos extranjeros que son sujetos a órdenes de expulsión ejecutables abandonen Canadá de inmediato; y que las órdenes de expulsión se apliquen lo antes posible.
Los anteriores son los objetivos de la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá (CBSA) y los oficiales tienen el mandato de expulsar a ciertas personas de manera prioritaria. Se da prioridad a las personas que pueden representar una amenaza grave para las personas o la sociedad. ¿Cómo es entonces, que hemos visto recientemente que hay 15.000 personas con órdenes de deportación que no pueden ser removidas de Canadá?
Es importante comprender que para que Canadá considere ejecutar una deportación, la persona debe ser admitida legalmente en su país de origen o en cualquier otro país que los acepte. Pero en muchos casos, concretamente 15.000 veces en el caso reciente, otros países han declarado que no aceptarán a esos ciudadanos por diversas razones y, por lo tanto, no se pueden expulsar y deben permanecer en Canadá. Según un portavoz de la CBSA, cuando se enfrenta esas situaciones, la CBSA continúa tratando de presionar a esos gobiernos para que acepten a sus ciudadanos.
Entre los deportados que el gobierno no puede remover hay personas que son conocidas por violaciones a los derechos humanos, con delitos graves, que se cree son una seria amenaza para salud pública y seguridad, un peligro para la seguridad nacional, personas apátridas y también solicitantes de refugio fallidos.
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En algunos casos, la decisión de no expulsar a algunas personas, como el caso de quienes serían enviadas a países donde hay abusos sistemáticos de los derechos humanos, conflictos armados o desastres naturales, es una decisión de Canadá. En la actualidad, Canadá no expulsa a personas a Afganistán, Iraq y la República Democrática del Congo. Canadá tampoco expulsará a una persona a un país donde existe la posibilidad de que enfrente a la pena de muerte. Los oficiales tendrían que obtener garantías de que no se ejecutará a la persona antes de sacarla de Canadá. Esto es consistente con los derechos garantizados a cada individuo bajo nuestra Carta de Derechos y Libertades.
Lo que le sucede a la persona que se encuentra en este tipo de situaciones depende del motivo por el que no se puede ejecutar la orden de expulsión. En casos graves, donde la persona representa un peligro para el público canadiense, lo más probable es que sean detenidos y mantenidos en detención.
También, una persona con una orden de deportación puede permanecer detenida si no tiene identificación, si se le considera un riesgo de fuga (es decir, se cree que si es liberada de la detención pasará a la clandestinidad), o si es un peligro para el público canadiense.
En otros casos en los que no exista ninguno de los problemas anteriores, se permitirá que la persona permanezca libre en Canadá. Por supuesto, deberá mantener informada a la oficina de la CBSA y RCIC sobre su paradero, y deberá presentarse cuando se lo soliciten, pero estará en libertad.
En esos casos, dado que su expulsión no puede ejecutarse por razones ajenas a su voluntad, se les permitirá solicitar y obtener permisos de trabajo, porque lógico es que no podrán mantenerse a menos que estén autorizados a trabajar. Las personas en esta situación particular también pueden solicitar y obtener un permiso de estudio.
He conocido algunas personas que se encontraron en esta difícil situación y que después de muchos años de espera pudieron obtener la residencia permanente en Canadá. Recuerdo un caso en particular, ya que él era mi cliente: era un joven muy agradable que se encontraba en circunstancias muy desafortunadas. Su país había perdido su condición de país mientras él visitaba Canadá, y no tenía a dónde ir, se quedó sin estatus. Trató de irse de Canadá por su cuenta en dos ocasiones, pero su deportación no fue posible porque no le permitieron ingresar a ninguno de los dos países, por lo que fue devuelto a Canadá.
Era un hombre muy ingenioso y obtuvo permiso de estudio y de trabajo, y construyó una vida para sí mismo mientras esperaba que su situación mejorara. Pasaron diez años y todavía estaba en Canadá y no tenía a dónde ir. Pero a pesar de su situación migratoria, hizo una vida en Canadá y solicitó la residencia por motivos humanitarios y de compasión. Demostró su establecimiento financiero, social y cultural en Canadá y se le otorgó el estatus.
Hoy es un exitoso hombre de negocios canadiense. Él no tenía criminalidad ni ninguna otra inadmisibilidad seria, y por lo tanto su caso fue procesado por un oficial de inmigración. Pero en casos de personas que se enfrentan a la deportación y que tienen problemas de seguridad, se cree que han participado en violaciones de los derechos humanos o en la delincuencia organizada, no tienen derecho a presentar una solicitud por motivos humanitarios y de compasión a un oficial, sino que solamente el Ministro de Ciudadanía, Refugiados e Inmigración, o el Ministro de Seguridad Pública pueden intervenir en su caso.
En el pasado, hemos visto los casos de dos nacionales salvadoreños que fueron acusados de haber cometido crímenes de lesa humanidad. No pudieron obtener la documentación de su país de origen para que pudieran ser deportados y, finalmente, después de muchos años y numerosos procesos judiciales, se les concedió la residencia permanente en Canadá.
Es refrescante saber que, en nuestro sistema migratorio, si hay una preocupación seria por la seguridad de los canadienses, aunque no se pueden expulsar a alguien, el gobierno toma medidas necesarias para garantizar que no tengan acceso al público. Pero también es refrescante saber que, si las personas con orden de deportación merecen ayuda, se les permite permanecer en Canadá.
