Varios parlamentarios canadienses tienen previsto realizar viajes a Estados Unidos en las próximas semanas, para tratar de frenar una potencial nueva afluencia de demandantes de asilo cuyos permisos temporales para permanecer de forma legal en el país vecino están ahora a punto de expirar.
Esta situación afecta principalmente a los miles de refugiados que fueron acogidos en EE UU tras el devastador terremoto de Haití en 2010 bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), unos permisos que caducan el próximo 22 de enero, a menos que el Departamento de Seguridad Nacional estadounidense los renueve, algo poco probable.
En concreto, y según informa la CBC, los parlamentarios llevarán a cabo una campaña para tratar de disuadir a estos demandantes de asilo, provenientes no solo de Haití, sino también de Centroamérica y diversos países de África y Oriente Medio, de la idea de cruzar a pie la frontera de manera ilegal, a través de puntos no oficiales, para luego solicitar asilo en Canadá una vez que han entrado en este país.
«No sabemos cómo van a actuar las autoridades estadounidenses en lo referente a la deportación de estas personas, por lo que hemos empezado a actuar, mediante mensajes en diversas plataformas, incluyendo las redes sociales», señaló a la cadena pública canadiense Emmanuel Dubourg, diputado del Partido Liberal por la circunscripción de Bourassa, en Quebec, y uno de los parlamentarios implicados en esta iniciativa.
Dubourh, de origen haitiano, viajará a Nueva York en los próximos días para reunirse con representantes de la comunidad haitiana, mientras que el también diputado liberal Pablo Rodríguez, nacido en Argentina, se reunirá en EE UU con representantes de la comunidad hispanohablante y, en especial, de Centroamérica (actualmente están designados como países con posibilidad de concesión del TPS los centroamericanos El Salvador, Honduras, y Nicaragua).
Además de los viajes previstos por estos parlamentarios, diplomáticos canadienses de una docena de consulados se están poniendo en contacto con organizaciones no gubernamentales, políticos y grupos comunitarios, principalmente en Nueva York, Florida y California.
El propio Gobierno canadiense ha lanzado recientemente una campaña en redes sociales, con mensajes en los que incide en las consecuencias que puede acarrear para un futuro demandante de asilo o refugio en Canadá el cruzar la frontera de forma ilegal.
STOP! Crossing into Canada between designated ports of entry is against the law. #cdnref pic.twitter.com/CFIF3QI2Yd
— Canada Border Services Agency (@CanBorder) November 1, 2017
#TPS in the U.S. does not apply in #Canada. Learn more at https://t.co/C8g3RuyeI4 before you try to cross the #border. #refcan pic.twitter.com/iKayvQbsWS
— Canada In Miami (@CanCGMiami) November 6, 2017
Los rumores, campañas de desinformación y noticias a menudo falsas sobre la posibilidad de que Canadá este considerando acoger a estos demandantes temporales de asilo han sido relativamente frecuentes en los últimos meses. Tras la amenaza del presidente estadounidense, Donald Trump, de cancelar el Estatus de Protección Temporal para los cerca de 60.000 haitianos que están acogidos al programa, miles de personas, muchas de ellas haitianos, cruzaron ilegalmente la frontera para solicitar asilo en Canadá.
De acuerdo con los datos ofrecidos a mediados de agosto por las autoridades canadienses, y recogidos por la agencia Efe, en los 15 primeros días de ese mes, 3.800 personas entraron ilegalmente en Canadá procedentes de Estados Unidos a través de la frontera en la provincia de Quebec. En julio, la cifra había sido de 2.996 personas. El aluvión de solicitantes de asilo colapsó el sistema de refugio de Quebec y puso en aprieto a las autoridades canadienses, que aseguran que quieren «mantener las puertas abiertas a refugiados», pero que se enfrentan a la posibilidad de que decenas de miles de personas entren ilegalmente en el país.
Altos funcionarios canadienses viajaron también entonces a Miami y otras ciudades estadounidenses para contrarrestar las informaciones falsas que la comunidad haitiana estaba recibiendo sobre las posibilidades de recibir asilo en Canadá.
Desde el pasado mes de enero, la Policía Montada (RCMP) ha interceptado a más de 15.000 solicitantes de asilo que habían cruzado ilegalmente la frontera con EE UU. Uno de los puntos de mayor tráfico ilegal entre ambos países es Roxham Road, entre la provincia de Quebec y el estado de Nueva York. Según las autoridades canadienses, durante los meses de verano, cuando las condiciones climatológicas facilitan la travesía, llegaron a cruzar por este punto fronterizo hasta 250 personas diarias, una cifra que se ha reducido ahora a entre 50 y 60 por día.
Otro caso claro de desinformación ocurrió recientemente con los hondureños que están acogidos asimismo a este estatus migratorio. A finales del pasado mes de agosto, y según informó también la agencia Efe, el Gobierno canadiense se vio obligado a desmentir que estuviera contemplando acoger a hondureños que residen en EE UU bajo el programa TPS, después de que, en una entrevista con el periódico hondureño La Prensa, el presidente de la Asociación Francisco Morazán, Francisco Portillo, declarase que funcionarios de la embajada canadiense en Honduras le habían comunicado que Canadá tenía interés en «acoger a los hondureños» del TPS.
Una portavoz del Ministerio de Inmigración, Refugio y Ciudadanía de Canadá calificó esas informaciones de «falsas» y negó que Ottawa esté considerando un programa de acogida para estos hondureños del TPS. «El Gobierno de Canadá está comprometido con una migración ordenada, lo que incluye proteger a los refugiados genuinos que tengan un miedo justificado de persecución. Queremos que se sepa que hay individuos y organizaciones que pueden estar proporcionando información falsa o errónea sobre la petición de asilo en Canadá», señaló.
En el caso concreto de los hondureños, unas 60.000 personas están acogidas al TPS, pero el periodo de validez del programa termina el 5 de enero de 2018. A partir de esa fecha, si Washington no renueva el programa, los hondureños podrían ser expulsados del país.
El Estatus de Protección Temporal en EE UU
El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos puede otorgar un país extranjero al Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) debido a condiciones en ese país que impidan a sus ciudadanos regresar al mismo temporalmente de manera segura. Entre estas condiciones se encuentran la existencia de un conflicto armado, un desastre natural (terremotos, huracanes), o una epidemia.
Durante el periodo designado, las personas que son beneficiarias de TPS o que han resultado elegibles de forma preliminar al TPS durante la revisión inicial de sus casos, no serán deportados de EE UU, podrán obtener un Documento de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés), y una autorización de viaje. Una vez se le conceda TPS, una persona tampoco podrá ser detenida por DHS debido a su estatus migratorio en Estados Unidos. TPS es, en cualquier caso, un beneficio temporal que no conduce al estatus de residente permanente legal ni confiere ningún otro estatus migratorio.
Actualmente están adscritos al TPS y aún en vigor los siguientes países: El Salvador (hasta el 9 de marzo de 2018), Haití (hasta el 22 de enero de 2018), Honduras (hasta el 5 de enero 2018), Nepal (hasta el 24 de junio 2018), Nicaragua (hasta el 5 de enero de 2018), Siria (hasta el 31 de marzo de 2018), Somalia (hasta el 17 de septiembre 2018), Sudán (hasta el 2 de noviembre de 2018), Sudán del Sur (hasta el 2 de mayo de 2019) y Yemen (hasta el 3 de septiembre de 2018).