Hace varias semanas expliqué en una columna que los inmigrantes en Canadá estaban a las puertas de recibir buenas noticias en materia de ciudadanía. Pues bien, las buenas noticias llegaron: el pasado 19 de junio la Ley C-6 recibió la aprobación Real y por tanto entró en vigencia en el país. La Ley C-6 básicamente elimina los cambios a la Ley de Ciudadanía que introdujo el Partido Conservador en junio del 2014, cuando ostentaba el poder, los cuales hacían más difícil para los inmigrantes solicitar y mantener la ciudadanía canadiense.
Ahora, aprobada la nueva legislación, la Ley de Ciudadanía vuelve a su estado anterior y facilita considerablemente que los residentes permanentes se conviertan en ciudadanos canadienses y que mantengan esta ciudadanía en el futuro. El proyecto de Ley C-6 fue presentado por el Partido Liberal inmediatamente después de que asumió las riendas del gobierno federal, y una vez aprobado en el parlamento y en el Senado, con algunas modificaciones, recibió la aprobación Real el lunes y se convirtió en ley del país y será implementado en partes en distintos momentos.
La legislación contiene la mayoría de los cambios que los inmigrantes esperábamos: que se baje el tiempo requerido para poder solicitar la ciudadanía canadiense a tres años en cinco años (el gobierno conservador lo había subido a cuatro años en seis años) y otorgarle un bono de un máximo de un año a las personas que estuvieron viviendo en Canadá antes de obtener la residencia permanente (se les otorgará medio día por día vivido aquí, hasta un máximo de un año).
En términos concretos, por ejemplo, si a una persona le dieron la residencia permanente en octubre del 2016, podría estar solicitando la ciudadanía en octubre del 2019, pero sí estuvo viviendo en Canadá por lo menos dos años antes de obtener la residencia permanente, va a poder solicitar la ciudadanía en octubre del 2018. No obstante, hay que tener en cuenta que cualquier tiempo que la persona pasó fuera de Canadá va a ser descontado, porque es presencia física en Canadá la que exige, algo que se mantiene en la nueva legislación.
Pero probablemente la parte más importante de estos cambios es que se elimina la cláusula que establece que el gobierno tiene el poder de quitarle la ciudadanía a las personas que sean encontradas culpables de ciertos delitos dentro de Canadá, particularmente la sección que permitía que si una persona nacida en Canadá que tuviera doble ciudadanía (como es el caso de la mayoría de jóvenes nacidos en Canadá de padres extranjeros) era encontrada culpable de ciertos crímenes, se le podía quitar la ciudadanía canadiense.
No obstante, dentro de la nueva ley se mantiene la cláusula que estipula que a las personas que soliciten la ciudadanía y den declaraciones fraudulentas en la solicitud, se les va a quitar la ciudadanía. Además, los cambios establecen nuevamente que la edad para que los solicitantes de ciudadanía hagan los exámenes de idioma y de conocimientos sea entre 18 y 55 años (el gobierno conservador lo había establecido entre los 14 y 64 años de edad). Esto entrara en vigencia en el otoño.
Así, en virtud de la nueva legislación, los inmigrantes ahora tendrán que acumular sólo 1,095 días, o tres años, dentro de un período de cinco años, antes de ser elegibles para la ciudadanía, en lugar de los 1,460 días requeridos dentro de los seis años bajo la ley anterior. También, permitirá a los residentes permanentes que han estado viviendo en Canadá de forma temporal, como por ejemplo con un permiso de trabajo o estudio, o como refugiados, descontar hasta 365 días vividos en el país hacia el requisito de la residencia.
La nueva legislación también elimina la previsión que establecía que los solicitantes tenían la obligación de continuar viviendo en Canadá si se les concedía la ciudadanía. Esta disposición ha sido derogada y ahora los solicitantes ya no están obligados a la intención de continuar viviendo en Canadá una vez concedida la ciudadanía. Esto proporciona más flexibilidad a los canadienses que pueden necesitar vivir fuera de Canadá por razones laborales o personales.
También permitirá a los niños menores de 18 años de edad solicitar la ciudadanía sin el apoyo o sin el consentimiento de sus padres, y dará a las personas que perdieron su ciudadanía sobre la base de que la obtuvieron fraudulentamente el derecho a apelar esa decisión ante la Corte Federal. Sin embargo, es importante señalar que algunas de las medidas contenidas en la legislación no entrarán en vigor sino hasta finales de este año o principios del 2018, mientras que otras medidas entraron en vigor inmediatamente.
Por ejemplo, la obligación de estar físicamente en Canadá únicamente durante tres años en un periodo de cinco años entrará en vigencia en el otoño de este año, mientras que la posibilidad de acudir a la Corte Federal ante la eliminación de la ciudadanía por causa de fraude entrará en vigencia durante los primeros meses del próximo año. Todos los demás cambios presentados en esta columna entraron en efecto de forma inmediata.
Aprovecho este tema para darles un consejo que no tiene que ver estrictamente con los cambios pero que es importante tener en cuenta ante los nuevos reglamentos, y es que las personas que son refugiadas, a quienes se les dio la residencia permanente por ser refugiadas y que han salido a visitar el país del cual pidieron refugio, que han usado el pasaporte del país del cual pidieron refugio, o que han ido al consulado de su país a pedir una extensión de su pasaporte, deben tener en cuenta que se está usando el programa de ciudadanía y de renovación de residencia permanente como filtro para quitar la residencia permanente.
Es decir que a través de la renovación de la residencia permanente y de las solicitudes de ciudadanía están agarrando a estas personas que han regresado a su país de origen, que han ido a su consulado o han usado el pasaporte de su país de origen. Se les está reabriendo su caso y en la mayoría de ocasiones se les está quitando el estatus de refugiado y la residencia permanente. En este sentido, deben tener mucho cuidado antes de hacer un trámite de ciudadanía. Hablen con un asesor o abogado de inmigración, una persona que conozca muy bien el tema, para no cometer el grave error de entregarse y que no solo no obtengan la ciudadanía sino que les quiten el estatus migratorio.
