El primer ministro, Justin Trudeau, está dispuesto a renunciar a una de sus principales promesas de su campaña electoral: el cambio en el modelo de votación en las elecciones federales. En una carta de mandato dirigida a la recién nombrada ministra de Instituciones Democráticas, Karina Gould, Trudeau deja claro que la reforma electoral ya no está en la agenda. «Cambiar el sistema electoral no estará en su mandato», dice el primer ministro en la carta, publicada este miércoles.
Las diversas consultas realizadas en todo el país a lo largo de los últimos meses han sido decisivas para este sustancial cambio de opinión: los canadienses no están clamando por un cambio en la forma en que eligen a su gobierno federal. Como consecuencia de ello también descarta la posibilidad de un referéndum nacional. «No ha surgido una clara preferencia por un nuevo sistema electoral, y mucho menos un consenso», escribe Trudeau. «Además, sin una clara preferencia o una pregunta clara, un referéndum no sería del interés de Canadá».
Trudeau prometió repetidamente, tanto durante la campaña electoral como una vez en el poder, que trabajaría para superar el actual sistema de votación y proponer un nuevo modelo que podría entrar en vigor en las elecciones federales de 2019. Desde entonces, los liberales han ido ralentizando las decisiones y modulando los puntos de vista sobre el tema, concluyendo en las últimas semanas que no seguirían adelante sin un amplio apoyo de los canadienses. Para entonces las encuestas e informes ya revelaban una frialdad absoluta de los canadienses respecto a este tema.
Los canadienses dieron a conocer sus opiniones a través del Comité Especial de la Cámara de los Comunes sobre la reforma electoral, los ayuntamientos, los parlamentarios de todos los partidos, los viajes de la ex ministra Maryam Monsef y una controvertida encuesta en línea llamada MyDemocracy.ca. La carta de mandato confirma que Trudeau ha entendido que esas consultas no han reflejado un nivel de apoyo a la reforma electoral suficientemente amplio para avanzar en la toma de decisiones. Tampoco la fórmula idónea para sustituir el actual modelo. Ante tantas dudas e incógnitas se ha optado por aparcar una reforma; decisión que probablemente no tendré consecuencias en la intención a voto a corto plazo del líder liberal. El relevo de Maryam Monsef por Karina Gould en la crisis de gobierno de principios de año se interpretó en los círculos políticos de Ottawa como una consecuencia directa de la incapacidad de la primera para gestionar el proyecto de reforma electoral.
Los diputados del NDP (New Democratic Party), que han pedido con reiteración un sistema de representación proporcional, se reunieron con Gould el martes esperando escuchar que la nueva ministra iba a mantener la promesa electoral de Trudeau. Pero se equivocaron. «Este proyecto es la razón por la que existe este ministerio», afirmó indignado el martes el diputado Nathan Cullen, crítico de la reforma democrática del NDP. «Esta es la principal razón por la que ella tiene un asiento en el gabinete, para cumplir esta promesa», indicó.
Por otro lado, Trudeau quiere que Gould, el ministro de Defensa Harjit Sajjan y el ministro de Seguridad Pública, Ralph Goodale, encuentren la maneras de defender el sistema político canadiense contra las amenazas cibernéticas y los hackers, una posible consecuencia del «fraude electoral y las polémicas con el hackeado de correos electrónicos emanadas de las polémicas elecciones estadounidenses.
«Esto debería incluir pedir al Centro de Seguridad de las Comunicaciones (CSE) que analice los riesgos de las actividades de los hackers en la política y en las elecciones futuras y que publique esta evaluación regularmente», escribe. Trudeau también quiere que los tres ministros instan al CSE que «ofrezca asesoramiento» a Elections Canada y a los partidos políticos —incluidos los partidos de oposición— sobre las «mejores prácticas» en materia de ciberseguridad.
Finalmente la carta pide a Gould que tome la iniciativa en el desarrollo de una nueva legislación para incorporar reglas más estrictas —y una mayor transparencia— a la recaudación de fondos políticos, en respuesta a meses de titulares negativos sobre los llamados recaudadores de fondos para el Partido Liberal. La legislación prometida promoverá que los ministros del gabinete, los líderes de los partidos y los candidatos a las cámaras tengan que hacer públicas las cantidades recaudadas para sus campañas por adelantado, y publicar después un detallado informe.