El debate sobre la tributación de los beneficios de salud y dentales ha sido, hasta el momento, un argumento académico sobre la equidad y la eficiencia fiscal. Pero está a punto de convertirse en un conflicto de naturaleza exclusivamente política, ya que los médicos y dentistas de Canadá pueden informar a los votantes sobre cuánto dinero podría costarles el cambio en la manera en que se financian los costes de la cobertura de medicamentos recetados, atención dental y de la vista.
La campaña pública dirigida a persuadir al Gobierno de abandonar cualquier plan que pueda estar estudiando para gravar la atención de la salud no proporcionada bajo los sistemas provinciales comenzará a acelerarse en la Cámara de los Comunes a partir de esta semana, una vez reiniciadas las sesiones. Como señala el periódico National Post, la Asociación Dental Canadiense ha informado que 50,000 correos electrónicos de protesta ya han sido enviados a los diputados locales y Bill Morneau, el ministro de Finanzas, a través de la página webdonttaxmyhealthbenefits.ca.
La clave para el éxito de estos esfuerzos será la publicación próximamente del estudio realizado por la Conference Board que sugiere que los asalariados con ingresos medios de todo el país tendrán que pagar 1.000 dólares adicionales (o más dependiendo de la provincia) en nuevos impuestos federales y provinciales, si el gobierno toma la decisión de que los planes de salud y dental de 13,5 millones de trabajadores canadienses sean considerados un beneficio imponible.
El estudio de la Junta de la Canadian Dental Association sugiere que alguien que gana 45.000 dólates en empleo a tiempo completo en Ontario, con cobertura familiar, pagaría 1.167 dólares extra en impuestos. Aquellos que ganan 60.000 dólares en nuestra provincia llegarían a pagar 1.043 adicionales, mientras que los trabajadores que ganan 90,000 pagarían 1.277 dólares más. Esas cifras son razonablemente consistentes en todo el país excepto en Quebec, donde los que ganan 90.000 dólares pagarían 1.729 dólares. Si dos asalariados de la misma familia tienen cobertura, esa cantidad se duplicará.
Hasta el momento el Gobierno ha asegurado que no se han tomado decisiones y ninguna medida se ejecutará de manera aislada sino dentro de un plan global que incluya otras consideraciones y compensaciones. Sin embargo, las organizaciones de atención de salud siguen profundamente preocupadas porque la propuesta sigue sobre la mesa. Los liberales se han esforzado en señalar que esto no sería una recaudación impositiva, con el objetivo de obtener los 2.9 billones que podrían recaudarse (al menos en el primer año), si los beneficios de salud y dental fueron tratados como ingresos en la misma manera que los automóviles de empresa o seguros de vida.
El Gobierno confirmó que un grupo de siete académicos realizó una revisión de los beneficios de salud y dentales, y que examinó una gama de créditos tributarios (en particular aquellos que benefician a los canadienses de ingresos altos) con el objetivo de hacer que el sistema fiscal sea justo, eficiente y simple. El argumento académico en favor de gravar la salud y cobertura dental es sencillo: la mayoría de los beneficios de los empleados son tributados pero, por diversas razones que se enredan en el campo de la política, no ocurre lo mismo con la salud y la cobertura dental. El argumento para la imposición es que aquellos que no tienen planes de salud privados, a menudo personas con bajos ingresos, están subsidiando a quienes sí los tienen, generalmente personas del sector público o que trabajan en grandes empresas.
La reforma de la imposición de los beneficios ha sido defendida por el Departamento de Hacienda durante años. Fue respaldada también por un grupo asesor sobre la innovación de la atención de la salud, presidido por el ex presidente de la Universidad de Toronto David Naylor, en 2015. El informe Naylor sugirió poner fin al sistema actual e introducir un «canje de impuestos», por el cual el gobierno crearía un crédito fiscal reembolsable para ayudar a todos los canadienses a comprar seguros privados. El problema con esta solución es que agregaría un costo adicional para proporcionar un nivel de cobertura básico cualificado en aproximadamente 1 billón de dólares, según el mismo informe.
El informe de la Junta de la asociación de dentistas canadienses sostiene que para aquellos que ganan menos de 45.000 dólares anuales, el aumento de la carga impositiva de los ingresos se anularía mediante la reclamación del crédito fiscal existente. El problema es que sólo el 17 por ciento de los canadienses llega a reclamar este crédito y no compensaría el aumento de costos para los que ganan más de 45.000 dólares.
La coalición de atención médica señala que cuando Quebec gravó los beneficios de salud y dentales en 1993, resultó en una pérdida sustancial de cobertura. Una vez que los beneficios estaban sujetos al impuesto sobre la renta provincial, hubo una disminución del 14% en la cobertura de salud suplementaria proporcionada por los empleados en la provincia. Si esos niveles se repitieran a nivel nacional, los ingresos del nuevo impuesto serían muy reducidos y muchos canadienses se verían obligados a pagar una costosa cobertura privada (un promedio de 3.521 dólares por año para un plan familiar).