El Gobierno de Canadá va a invertir 138 millones de dólares canadienses (106 millones de dólares estadounidenses) en la construcción de nuevos centros de detención para inmigrantes, e introducirá reformas en el sistema, que está siendo sometido en los últimos meses a numerosas críticas.
La muerte en los últimos meses de varios detenidos en circunstancias sospechosas, incluidas dos personas en marzo de este año, ha saltado todas las alarmas sobre un sistema que presenta graves deficiencias. La organización no gubernamental End Immigration Detention Network cifra en 15 los detenidos muertos desde el año 2000.
El pasado 11 de julio 60 inmigrantes detenidos por Canadá iniciaron una huelga de hambre para protestar por permanecer detenidos de forma indefinida en prisiones de máxima seguridad. En 2014, un informe confidencial de la Cruz Roja filtrado a los medios de comunicación criticó el sistema de detención de migrantes de Canadá, entre otras razones, porque en muchas regiones del país los inmigrantes eran retenidos en prisiones junto con peligrosos delincuentes.
Los datos oficiales señalan que Canadá mantiene encarcelados entre 450 y 500 inmigrantes de media. Sin embargo estas cifras son desmentidas por organizaciones como Cruz Roja, que han señalado que en 2013-2014 Canadá detuvo a 10.088 inmigrantes, entre ellos 197 menores, por una media de 10 días.
Ante esta controversia en los datos estadísticos, el ministro de Seguridad Pública de Canadá, Ralph Goodale, afirmó ayer durante la rueda de prensa de las nuevas inversiones, que Ottawa llevará a cabo una reforma basada en que las detenciones y el encarcelamiento deben ser el último recurso de las autoridades para lidiar con los inmigrantes. Las reformas supondrá también la sustitución de los actuales centros de detención de Vancouver y Laval.
Goodale subrayó que, desde que asumió el puesto a finales de 2015, ha escuchado «las preocupaciones sobre la detención de inmigrantes» y ha estudiado esas preocupaciones «con gran interés».