Una comisión federal investigará cientos de casos de mujeres y niñas indígenas desaparecidas y asesinadas en los últimos 60 años para poner punto y final a lo que el Gobierno canadiense calificó como «una tragedia nacional».
La creación de la comisión ha sido desde hace años una de las principales reivindicaciones de los grupos indígenas canadienses, que acusan a la autoridades del país de ignorar su situación.
Durante la ceremonia de presentación de la comisión, la ministra de Justicia, Jody Wilson-Raybould, afirmó que «representa una expresión concreta del compromiso del Gobierno en honrar las vidas de las mujeres y niñas indígenas desaparecidas y asesinadas».
«Al examinar las causas de raíz que han contribuido a esta tragedia nacional, incluidas las barreras sistémicas e institucionales, pasadas y presentes, la comisión jugará un papel clave en ayudarnos a definir dónde actuar para proteger los derechos humanos de todas las indígenas de Canadá», añadió la ministra.
Wilson-Raybould y las ministras de Asuntos Indígenas, Carolyn Bennett, y Estado de la Mujer, Patty Hajdu, revelaron que la comisión está compuesta por cinco personas indígenas y presidida por la jueza Marion Buller, la primera mujer indígena que se convirtió en jueza en la provincia de Columbia Británica (oeste del país) en 1994.
Bennett explicó que el objetivo «es hacer recomendaciones concretas que asegurarán la seguridad de nuestras mujeres y niñas en las comunidades».
La comisión, cuyos trabajos empezarán oficialmente el 1 de septiembre, tiene el mandato de investigar y reportar «la causas sistémicas de la violencia contra mujeres y niñas indígenas en Canadá».
Según un informe dado a conocer en 2014 por la Policía Montada canadiense, el primero y único realizado por las autoridades policiales sobre la situación de las mujeres indígenas, en los últimos 30 años, 1.026 mujeres y niñas indígenas han sido asesinadas en el país y 160 están desaparecidas.
Los datos también señalan que, entre 1984 y 2012, la proporción de mujeres indígenas asesinadas en el país pasó de ser un 8% a un 23% del total.
Las familias de las víctimas y grupos indígenas, que asistieron a la ceremonia de presentación celebrada en la localidad de Gatineau, en las cercanías de Ottawa, aplaudieron la decisión del Gobierno de Justin Trudeau.
Pero también solicitaron que los trabajos de la comisión se traduzcan en acciones concretas a la vez que exigieron que investigue de forma activa a las fuerzas policiales del país, que han sido acusadas de ser parte del problema al rechazar, en muchas ocasiones, investigar las desapariciones y asesinatos.
La presidenta de la Asociación de Mujeres Indígenas de Canadá, Dawn Lavell-Harvard, afirmó que «la Policía puede y debe ser investigada por la comisión», lo que garantizará a las familias que el Gobierno quiere que las mujeres y niñas desaparecidas reciban justicia.
Lavell-Harvard también criticó que las familias de las mujeres asesinadas no tendrán la posibilidad de reabrir sus casos, tal y como muchas habían solicitado.