Es uno más de los turbios episodios que trazan la relación entre Canadá y sus etnias locales, probablemente la versión menos edificante de la breve pero modélica historia del país norteamericano. El escándalo de las esterilizaciones se une al drama de los asesinatos o desapariciones de mujeres aborígenes, que algunas organizaciones elevan a 4.000 en los últimos 30 años, y que la policía canadiense sigue sin resolver.
Estas prácticas, que formaban parte de un programa oficial de eugenesia implantado con el objetivo de establecer controles de natalidad sobre personas “mentalmente no aptas”, fueron especialmente agresivas con las mujeres pertenecientes a comunidades indígenas, mucho más vulnerables y en clara situación de marginalidad.
Pese a que esas leyes provinciales que fomentaban las eugenesia fueron anuladas a principios de la década de los 70 del pasado siglo, los métodos de esterilización han continuado aplicándose en todo el país hasta nuestros días. Varias investigaciones apuntan a numerosos hospitales gestionados por el gobierno para atender a las comunidades indígenas, que realizaron esterilizaciones forzadas fuera de cualquier control o registro oficial.
En 2015 varias mujeres aborígenes decidieron dar el paso y denunciar que habían sido sometidas a estos métodos en contra de su voluntad o sin su conocimiento. Brenda Pelletier y Tracy Bannab fueron las primeras en hacer público en una entrevista con el periódico Saskatoon Star Phoenix que habían sido presionadas en 2010 a firmar una hoja de consentimiento para ser sometidas a una ligadura de trompas en el Royal University Hospital de Saskatoon. “Me dejaron bastante claro que no me darían el alta médica hasta que me ataran los tubos», denunció Pelletier a los medios de comunicación.
Unas prácticas que no son historia, son presente
Su revelación causó un hondo impacto en la sociedad canadiense, que pensaba que esas prácticas formaban parte de un remoto pasado. Sin embargo, lo que aquellas mujeres contaban había ocurrido en el seno de uno de los sistemas públicos de salud más alabados en todo el mundo. Su testimonio dio pie a que otras mujeres decidieran compartir sus experiencias e intentar aliviar sus traumas arrastrados en silencio durante años.
Una de esas primeras mujeres, Melika Popp, explicó que fue esterilizada después del parto de su primer hijo, ocurrido en 2008. En un desgarrador testimonio a la CBC, la televisión pública canadiense, confesó que se sintió «violada» después de ser esterilizada contra su voluntad en el Royal University Hospital. Popp estuvo durante años buscando asesoramiento y terapia. «Este no ha sido un viaje fácil. Los efectos que ha tenido tan solo en mi cuerpo han sido devastadores», confesó.
Monrnigstar Mercredi, escritora aborigen perteneciente a la comunidad de los Chipewyan, estaba conduciendo su coche cuando escuchó en la radio que la autoridad sanitaria de Saskatoon había abierto una investigación para esclarecer las denuncias recibidas por procedimientos forzados de esterilización contra mujeres indígenas. Tuvo que parar el coche en el arcén y tomar aliento. Todos los fantasmas de su pasado se habían presentado nuevamente mediante diversas réplicas. No estaba sola.
[perfectpullquote align=»full» bordertop=»false» cite=»» link=»» color=»» class=»» size=»»]Monrnigstar Mercredi: “Tenía mucho dolor. Ya no tuve el bebé. Lo único que me dijo el médico fue que mis posibilidades de quedar embarazada nuevamente serían menores que las de una mujer promedio».[/perfectpullquote]
Mercredi fue violada a mediados de la década de los 70 en Fort McMurray, al norte de la provincia de Saskatchewan, cuando solo tenía 14 años. Huyó de su comunidad para encontrar refugio en Saskatoon, la ciudad más poblada de la provincia, y dar a luz con seguridad y bajo los controles médicos necesarios. Cuando despertó del parto su bebe había desaparecido y descubrió aterrorizada que le habían extirpado la trompa de Falopio. “Tenía mucho dolor. Ya no tuve el bebé. Lo único que me dijo el médico fue que mis posibilidades de quedar embarazada nuevamente serían menores que las de una mujer promedio», denunció Mercredi.
Mercredi, que se ha convertido en una de las activistas más reconocidas en Canadá en la exigencia de una investigación que aclare la dimensión de este drama, ha confesado en varias ocasiones que intentó quitarse la vida seis meses después y que durante años luchó contra el alcoholismo y las drogas. La suya es una conmovedora historia de superación; pudo volver a ser madre pese a que el doctor le dijo que sus posibilidades eran escasas, pero hay otras muchas que acabaron en suicidios o en el pozo de las adicciones. Pam, que no quiere dar su apellido para evitar nuevos sufrimientos en su familia, reveló recientemente a The Canadian Press que su hija “se suicido diez meses después de ser sometida a una ligadura de trompas en un hospital de Winnipeg en 2009”.
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Las afectadas exigen más investigaciones y reparaciones
La senadora Yvonne Boyer, una abogada Métis (grupo étnico de Canadá) y antigua enfermera, es una de las personas que más ha investigado el problema de las esterilizaciones en Canadá. A raíz de las primeras denuncias surgidas en 2015 la Saskatoon Health Region, el área de salud publica más extensa de la provincia de Saskatchewan, le encargó junto a la doctora Judy Bartlett una auditoria externa para determinar cuál había sido el número de ligaduras de trompas realizado entre mujeres indígenas en sus centros sanitarios.
Boyer y Barlett hablaron con 16 mujeres indígenas y siete de ellas decidieron compartir sus historias, lo que ilustra el denso muro de dolor que todavía impide a muchas afectadas hacer pública su dramática experiencia. Cuando el informe se presentó en 2017 la senadora afirmó que se trataba “de la práctica más atroz realizada en la sanidad pública canadiense”, y aseguró que “sabemos que está sucediendo, no hay duda de eso. Ha sido documentado”. Como consecuencia de este informe, la Saskatchewan Health Authority hizo pública una disculpa pero no se abrió ningún tipo de investigación penal para depurar responsabilidades.
Desde entonces aproximadamente 100 mujeres pertenecientes a estas minorías étnicas han denunciado que entre 1970 y 2018 fueron presionadas en momentos de máxima debilidad, durante su embarazo o en el mismo parto, para ser esterilizadas. En junio la abogada Alisa Lombard, especializada en derechos de indígenas que representa a mas de 60 afectadas, denunció que su representada D.D.S. había sido esterilizada sin su consentimiento en diciembre de 2018 en un hospital de Moose Jaw, pequeña ciudad ubicada al sur de la provincia de Saskatchewan. “Es importante destacar cuán traumáticas han sido estas prácticas y lo difícil que es para las mujeres presentarse, hablar y revelar lo que les sucedió”, señaló la abogada.
[perfectpullquote align=»full» bordertop=»false» cite=»» link=»» color=»» class=»» size=»»]100 mujeres pertenecientes a estas minorías étnicas han denunciado que entre 1970 y 2018 fueron presionadas en momentos de máxima debilidad, durante su embarazo o en el mismo parto, para ser esterilizadas.[/perfectpullquote]
El comité de Salud del Senado canadiense abrió el pasado mes de junio una causa sobre el tema y escuchó los testimonios de varios testigos; después instó al gobierno federal a que abordara urgentemente el problema porque observaba “casos inquietantes” de mujeres vulnerables que fueron esterilizadas en contra de su voluntad.
Las elecciones federales del pasado mes de octubre, que dieron de nuevo la victoria al liberal Justin Trudeau aunque sin la mayoría absoluta que había disfrutado en el anterior mandato, ralentizaron cualquier avance en el tema. Yvonne Boyer exigió en noviembre al nuevo gobierno que incluya el fin de las esterilizaciones forzadas en la carta de mandato, lo que viene a ser el programa de prioridades del ejecutivo durante los próximos cuatro años.
En diciembre del pasado año, el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas aseguró que estaba preocupado por los informes sobre esterilizaciones forzadas que llegaban de Canadá, no sólo los que se remontan a la década de los 70 sino en especial los casos recientes documentados en la provincia de Saskatchewan entre 2008 y 2012.
Canadá ante el espejo de su pasado
En los años 20 del pasado siglo las políticas eugenésicas fueron científica y socialmente aceptadas en un buen número de sociedades occidentales como medio para controlar la natalidad y mejorar la selección natural mediante la eliminación artificial de “variables médicas” que podían perjudicar la salud pública. Estas teorías acabaron en la práctica convertidas en una suerte de eugenesia racial.
La esterilización se impuso a muchos grupos que se consideraban «problemáticos» en Canadá, incluidas las personas con capacidades diferentes que en aquella época se clasificaban simplemente como «discapacitados» intelectuales o físicos. La mayoría de mujeres de las comunidades nativas eran calificadas como “mentalmente incapaces”, lo que generalmente era el primer paso para ser sometidas a la esterilización sin necesidad de consentimiento.
Como recuerda la la profesora universitaria Karen Stote, autora del libro Un acto de genocidio: el colonialismo y la esterilización de las mujeres aborígenes, “la premisa falsa detrás de la esterilización eugenésica era la creencia de que la pobreza, la enfermedad y otros problemas sociales eran causados por algún tipo de rasgo biológico innato, en lugar de por la forma en que se organizó la sociedad o cómo se distribuyeron los recursos”.
[perfectpullquote align=»full» bordertop=»false» cite=»» link=»» color=»» class=»» size=»»]Durante casi un siglo 150.000 niños indígenas fueron arrancados de sus familias y obligados a ingresar en escuelas residenciales administradas por la iglesia católica y financiadas por el gobierno canadiense.[/perfectpullquote]
El de las esterilizaciones forzadas es uno más de los turbios episodios que muestran la compleja relación que los gobiernos canadienses han mantenido históricamente con las comunidades indígenas desde que se fundó el país en 1867. Es un pasado que siempre vuelve y que ha obligado, por ejemplo, al primer ministro Justin Trudeau a pedir perdón públicamente en varias ocasiones por los abusos cometidos sobre estas minorías étnicas. En el año 2015 la Comisión para la Verdad y Reconciliación de Canadá concluyó sin rodeos que “el gobierno canadiense siguió esta política de genocidio cultural porque deseaba deshacerse de sus obligaciones legales y financieras con los aborígenes y obtener el control de sus tierras y recursos”.
Durante casi un siglo 150.000 niños indígenas fueron arrancados de sus familias y obligados a ingresar en escuelas residenciales administradas por la iglesia católica y financiadas por el gobierno canadiense. Los niños se vieron forzados a hablar inglés, aunque no conocían el idioma, y a renunciar a sus costumbres y cultura. Años después se supo que muchos de esos alumnos fueron sometidos a abusos y violaciones. Las escuelas estaban destinadas a integrar a los niños en la sociedad blanca, anglófona y colonial. Para Tanya Talaga, periodista del Toronto Star y bisnieta de una superviviente de las residencias escolares, “la cara blanca de la prosperidad construyó su propia sociedad mientras la cara roja se paraba y miraba impotente”.
La otra tragedia latente es la de las desapariciones de mujeres indígenas. Según un informe de la Real Policía Montada de Canadá, entre 1980 y 2012 se registraron 1.181 asesinatos o desapariciones de mujeres y niñas de las comunidades aborígenes. Algunas organizaciones y el mismo Ministerio de la Mujer de Canadá elevan esa cifra hasta las 4.000. Existe la sospecha, y así lo han denunciado con insistencia las comunidades afectadas, que la policía no ha destinado en este tiempo todos los recursos ni las energías necesarios para investigar estos crímenes que, a fecha de hoy, se siguen produciendo con dramática frecuencia.
