La web de ICCRC – CRCIC, el consejo regulador de consultores de inmigración de Canadá.

En los últimos días, una de las noticias que más ha impactado a las comunidades inmigrantes en Canadá ha sido el anuncio del rescate de 43 ciudadanos de origen mexicano en la región de Barrie, quienes estaban siendo explotados aparentemente por un grupo criminal bien organizado.

Los 43 mexicanos habían pagado a una compañía para venir a Canadá supuestamente con ofertas de empleo. Les vendieron un paquete turístico, les sacaron la eTA (Electronic Travel Authorization) y los entrenaron sobre que decir en el puerto de entrada. Ya una vez aquí, los hacinaron en varias viviendas, los pusieron a trabajar en limpieza pagándoles lo mínimo, y les empezaron a descontar alojamiento, transporte, alimentación y otros servicios del salario, dejándolos prácticamente sin nada cada mes.

Los agentes de Policía que los rescataron han calificado esta situación como un ejemplo de tráfico de personas y de “esclavitud moderna”, donde “la explotación es el elemento clave”. Al momento están investigando y se espera que en los próximos días presenten cargos criminales contra los responsables de este crimen.

Este caso es sumamente complicado dado que intervienen diversos factores, tanto en México como aquí en Canadá. Sin embargo, nos deja clara la lección de que, para poder inmigrar a Canadá, ya sea temporal o definitivamente, hay que asegurarse de ser asesorados por profesionales que estén plenamente autorizados para ayudarlo en este tipo de procesos.

Porque han pasado ya casi 15 años desde que “consultor de inmigración” se convirtió en una profesión regulada por una organización nombrada por el Gobierno, el Immigration Consultants of Canada Regulatory Council (ICCRC), que busca la protección de los clientes de inmigración, y aún hay personas que toman los servicios de gente no autorizada para ayudarlos con sus trámites migratorios.

Hace un par de años la Policía también imputó tres cargos por fraude en contra de Sakia Mojadiddi, quien era la responsable de una organización sin fines de lucro pero que estaba cobrando 5.000 dólares a las personas para procesar sus casos con el Ministerio de Ciudadanía, Refugiados e Inmigración.

Aquí cabe aclarar quiénes pueden representar a un cliente en casos de inmigración y percibir dinero para hacerlo. Las leyes de inmigración y ciudadanía estipulan que sólo los abogados miembros del colegio de abogados de la provincia donde practican, paralegales regulados por la asociación de abogados (estos sólo pueden trabajar con tribunales de inmigración, no con casos de inmigración), los notarios de Quebec y los miembros de ICCRC pueden representar a un cliente cuando este paga por sus servicios.

El uso de servicios de consultores de inmigración no autorizados puede tener repercusiones legales y migratorias negativas para los clientes y no sólo para las personas no autorizadas para representar a inmigrantes

Otras personas que pueden representar a alguien ante Inmigración y Ciudadanía son cualquier persona u organización que no perciba dinero para hacerlo. En el momento que Mojadiddi cobró dinero sin ser miembro de una de estas organizaciones, cometió un delito. Cualquier persona que ayuda a otra con trámites de inmigración o refugio sin ser un miembro de estas organizaciones está cometiendo un delito y, de ser encontrada culpable, puede recibir dos años de cárcel o hasta 100.000 dólares de multa, o seis meses de cárcel o 20.000 dólares de multa si es un cargo menor.

Pero en muchos casos los clientes, aun sabiendo que la persona no está autorizada para ejercer la profesión, de todas formas, contratan sus servicios. Cuando llenan los formularios de representación, que van con cada solicitud, ponen que están haciendo los casos ellos mismos. Esta declaración, aunque parezca inofensiva, es en realidad una ofensa por hacer declaraciones fraudulentas, y el cliente puede también recibir cargos cuyo resultado es una negación del trámite presentado y una acusación de haber efectuado declaraciones fraudulentas, por lo cual pueden ser penalizados y no podrán hacer ningún tipo de trámite durante cinco años. Este es el caso de tres jóvenes de la India quienes en estos días fueron deportados de Canadá, a pesar de haber sido víctimas de una persona que no tenía licencia para hacer trámites de inmigración. Fueron deportados y se les hizo acusó de efectuar declaraciones fraudulentas.

El Consejo Regulador de Consultores de Inmigración y Ciudadanía está en un proceso de cambios para asegurarse que se cumple su mandato de protección al cliente. El cuerpo regulador tiene el mandato de protección al cliente y es por eso que es esencial que las personas contraten consultores regulados por ICCRC. Es exactamente la misma situación con los abogados, paralegales y notarios de Quebec.

Los consultores miembros del consejo deben pasar por un programa de estudios de leyes de inmigración, refugio y ciudadanía. Deben pasar exámenes rigurosos de admisión a la profesión; exámenes policiales y exámenes de inglés y o francés.

Las leyes de inmigración cambian frecuentemente y por lo tanto los consultores deben mantener sus conocimientos al día, y para esto deben tomar cursos de capacitación cada año para poder mantener sus licencias. También deben tener un seguro que cubra errores y/u omisiones que pudieran perjudicar a un cliente, y este seguro puede cubrir situaciones en las que hubo negligencia por parte del consultor. Así, en algunos casos el cliente podrá recuperar el dinero pagado y el dinero perdido a causa del trámite mal presentado.

Si hubo problemas serios de fraude o negligencia grosa, el consultor puede ser disciplinado. Puede ser suspendido y en algunos casos puede perder su licencia.

Como parte de los requisitos para obtener la licencia para practicar leyes de inmigración, los consultores regulados tienen que tomar una serie de cursos ofrecidos por ICCRC en los cuales aprenden prácticas de oficinas, entre las que se incluye la preparación de un contrato con el cliente en el cual se especifica el trabajo que se va a hacer, las responsabilidades del cliente y del consultor, y los datos del cuerpo regulador en caso de que sea necesario contactarlos.

Al tener un contrato con un consultor regulado, el cliente tiene la seguridad de que está tratando con un profesional y que en caso de que haya algún problema puede dirigirse al departamento de quejas y disciplina del regulador, quien estudiará el problema y llegará al fallo pertinente.

Cuando digo estudiar el problema debo clarificar que el cliente presenta la queja y envía todas las pruebas que tenga a su alcance. El regulador requerirá una respuesta y explicación al consultor, a quien también se le dará la oportunidad de enviar sus argumentos y pruebas, y luego se hará una investigación en la cual se llegará a un fallo sobre la situación presentada.

La posibilidad de que se presente una queja al cuerpo regulador de consultores no termina con el cliente, ya que la ley permite a los oficiales de inmigración y a los tribunales de inmigración reportar a un consultor si los funcionarios o miembros del consejo de inmigración y refugio consideran que la persona no está actuando de manera correcta, es incompetente o negligente.

Los consultores de inmigración también tienen que operar bajo un código de ética profesional y de reglamentos estrictos. El romper cualquiera de las reglas o ser declarado negligente en un caso podría resultar en una suspensión o la retirada de la licencia para practicar.

La práctica de consultores de inmigración está muy bien regulada, pero lamentablemente el ICCRC sólo puede proteger al público cuando este usa a un miembro regulado por ellos. Cuando las personas elijen llevar sus casos a personas no calificadas y no reguladas, el ICCRC no tiene el poder de intervenir para proteger al cliente.

Cuando hay una situación de fraude, como en el caso que encabeza este artículo, y las autoridades se involucran, se lleva a la persona a juicio y se la sentencia, pero lamentablemente el cliente afectado lo único que puede recibir es la satisfacción de saber que el culpable va a la cárcel. Rara vez pueden recuperar el dinero invertido y por supuesto el tiempo pedido no se recupera nunca.

El Gobierno ha creado los mecanismos de protección al público, pero estos no sirven de nada cuando los clientes toman los servicios de personas no autorizadas. Si quiere asegurarse de que un consultor está trabajando legalmente, acuda a la página web de ICCRC, https://iccrc-crcic.ca/, busque en la lista de consultores autorizados, y asegúrese de que la persona con quien desea trabajar es un consultor regulado.