La Auditora General de Ontario, Bonnie Lysyk. Foto: Auditor General ON / YouTube

La Auditora General de Ontario, Bonnie Lysyk, hizo públicos este miércoles los resultados de su informe anual sobre la provincia, un trabajo de más de 1.100 páginas en el que esta oficina políticamente independiente analiza el gasto público en Ontario, en este caso, bajo los gobiernos de la anterior premier, Kathleen Wynne, del Partido Liberal.

Los resultados son bastante críticos en numerosos departamentos, con gastos excesivos o mal gestionados en aspectos clave como el transporte público, la sanidad, la seguridad, las ayudas sociales o la educación. El informe, cuyo principal objetivo es identificar los problemas y no tanto resaltar los logros, y que suele ser utilizado como arma arrojadiza por la oposición, dará esta vez munición al nuevo gobierno conservador de Doug Ford, que cuenta con la ventaja de acabar de llegar al poder.

Estos son algunos de los problemas más importantes detectados por la auditoría:

Metrolinx

Según Bonnie Lysyk, Metrolinx, que controla el tránsito regional en el área del Gran Toronto y Hamilton, incurrió en aproximadamente 436 millones de dólares en gastos perdidos y adicionales, “irrecuperables”, entre 2009 y 2018, debido a cambios en la planificación del transporte público durante la última década (como consecuencia, principalmente, de la injerencia política), y a problemas relacionados con cómo está llevando a cabo su trabajo la propia agencia.

“Después de anunciar o acordar ciertos proyectos, los gobiernos provinciales y municipales cambiaron sus decisiones sobre qué construir y cuándo construirlo, a pesar de que ya se habían realizado importantes decisiones”, indicó la Auditora.

Como ejemplo, citó el proyecto del metro en Scarborough, cuyos planes han cambiado hasta tres veces entre 2011 y 2013, o el proyecto del tren ligero en Sheppard, que acumula un retraso de 10 años con respecto a la fecha de finalización prevista originalmente (2013).

Estos proyectos suman en total unos 125 millones de dólares en “costos irrecuperables”.

Tasas universitarias

El informe señala que el plan de matrículas “gratuitas” (OSAP) de la ex premier liberal Kathleen Wynne podría llegar a costar a corto plazo 2.000 millones de dólares anuales, un 50% más de lo que se había calculado. Ello supone unos 650 millones más al año que con el antiguo sistema de préstamos.

De acuedo con la Auditora, aunque el plan fue diseñado con el objetivo de ayudar a los estudiantes de familias con bajos ingresos, hay pocas pruebas de que esta ayuda esté siendo efectiva.  “Hemos llegado a la conclusión de que una gran parte de los nuevos beneficiarios del OSAP ya estaban asistiendo a la universidad, que costeaban solos o con préstamos, incluso antes de ser elegibles para recibir la nueva ayuda”, dijo Lysyk.

Seguridad pública

La Auditoría examina todo tipo de servicios y programas en la provincia. Dentro del apartado de seguridad hay una mención, por ejemplo, para los ascensores. Según Lysyk, la mayoría de los ascensores en Ontario no cumplen con las normas de seguridad y existen pocas sanciones para los operadores responsables.

El informe indica que la Autoridad de Normas Técnicas y de Seguridad (TSSA, por sus siglas en inglés), que supervisa desde los ascensores hasta las telesillas de esquí o los parques de atracciones, “rara vez toma la iniciativa de proteger la seguridad pública”.

Educación y tecnología

Las 72 juntas escolares de la provincia gastan alrededor de 228 millones de dólares al año en tecnología de la información (IT), pero los estudiantes tienen un acceso desigual a esa tecnología en el aula, y hay pocas líneas directrices desde del Ministerio provincial de Educación.  Según Lysyk, quien remarcó que parte del dinero invertido en software puede no satisfacer las necesidades de los centros educativos, “esto podría afectar negativamente a la experiencia de aprendizaje de los estudiantes de Ontario”.

Por otro lado, las juntas escolares almacenan una gran cantidad de datos personales de los estudiantes, pero “no toman las medidas suficientes para prevenir las amenazas de ciberseguridad, y no han identificado formalmente los riesgos clave relacionados con las tecnologías de la información”. Casi el 20% de los usuarios con acceso global a información personal de los estudiantes no acceden a ella, lo que sugiere que ese acceso no es necesario.

Consultores

A pesar de que la provincia gasta 360 millones de dólares al año en consultores (en comparación con los 434 millones de hace una década), el 80% de ese dinero se destina a soporte relacionado con tecnologías de la información. La Auditora destaca que cuesta 40.000 dólares más pagar a un consultor para que solucione este tipo de problemas que contratar un empleado a tiempo completo, incluso cuando se agregan los beneficios.

Como ejemplo, Lysyk citó el caso de un consultor que fue contratado por 14 meses y 210.000 dólares para desarrollar una aplicación de software, un contrato que se renovó tres veces por un total de 900.000 dólares, cuando un empleado fijo habría costado un 40% menos.

Asistencia social

El tiempo de espera para que los beneficiarios del sistema de ayudas sociales reciban sus ayudas se ha disparado a casi tres años de media, cuando hace una década el promedio era de 19 meses. Además, solo uno de cada diez encuentra empleo.

En 2017-2018 se gastaron casi 3.000 millones de dólares en ayudas a más de 450.000 destinatarios. Según la Auditora, el éxito de estas ayudas, es decir, el procentaje de personas que salen de la situación en que las necesitan, una situación que se supone que es temporal, varía mucho en distintas partes de la provincia, con un 2% en algunas oficinas locales y un 29% en otras.

Resonancias magnéticas

Los pacientes que son admitidos en urgencias en un hospital, o que son considerados “casos urgentes”, tienen un acceso apropiado a imágenes de resonancia magnética (IRM) o a tomografías computarizadas (TC), pero todos los demás sufren esperas injustificadamente largas a la hora de recibir este servicio.

El número de resonancias magnéticas ha aumentado en un 17% en los últimos cinco años, y las tomografías computarizadas en un 30%. De los 137 hospitales de Ontario, 78 tenían al menos una máquina de IRM o TC. Según la Auditora General, estas máquinas podrían estar operativas más horas, reduciendo así los tiempos de espera. “Si las 108 máquinas de IRM en los hospitales de Ontario hubieran funcionado durante 16 horas, siete días a la semana, los hospitales habrían superado los objetivos de tiempo de espera marcados por el Ministerio”, indicó Lysyk.

Los tiempos de espera también varían mucho en toda la provincia, con pacientes que esperan entre 63 y 203 días por cita. La mala interpretación de los resultados y los diagnósticos erróneos siguen siendo, asimismo, una preocupación.

Legal Aid

Legal Aid Ontario, el servicio de asistencia jurídica para personas con bajos ingresos financiado por la provincia, también presenta varios problemas. Según el informe de la Auditora, la agencia no está asegurando que todos sus abogados brinden un servicio de calidad al público, y el proceso que lleva a cabo para verificar la facturación de los letrados es “ineficaz”.

Como ejemplo, el informe destaca el caso de un abogado que facturó a Legal Aid 150.000 dólares entre 2013 y 2016 utilizando lo que se conoce como la “tarifa diaria garantizada”, es decir, una tarifa fija diaria de 1.181 dólares que se paga a los abogados que tienen que volar a tribunales remotos, o viajar por carretera hasta un juzgado que se encuentre a más de 200 kilómetros de su oficina. El problema es que la oficina del abogado en cuestión estaba a tan solo cinco kilómetros del juzgado.