Varias organizaciones de defensa de los derechos humanos están exigiendo al Gobierno canadiense que investigue casos de presuntas esterilizaciones forzosas de mujeres indígenas en el país, al tiempo que un número cada vez mayor de víctimas se están sumando a una demanda judicial conjunta contra el propio Gobierno y contra profesionales médicos.
Al menos 60 mujeres de la provincia de Saskatchewan se han unido ya a esta demanda colectiva contra las autoridades canadienses. En ella, denuncian que fueron esterilizadas sin su consentimiento expreso y exigen una compensacion por la violación de sus derechos.
La demanda aún tiene que ser certificada por un juez, pero este mismo martes Amnistía Internacional anunció que ha solicitado al Comité contra la Tortura de Naciones Unidas que presione al Ejecutivo canadiense para que lleve a cabo una investigación de las denuncias.
Según señala la ONG, es necesario asegurar que las acusaciones de esterilizaciones forzadas o coaccionadas en Canadá sean investigadas, y que se acometa una reforma, tanto de «la justicia proporcionada a los supervivientes y sus familias» como de «todas las políticas gubernamentales», con el objetivo de prohibir las esterilizaciones.
«Estamos hablando de mujeres que se supone que tienen el derecho de tomar decisiones sobre sus propios cuerpos, y a las que se les ha arrebatado ese derecho», indicó Jacqueline Hansen, de la sección canadiense de Amnistía Internacional, en declaraciones recogidas por el diario The Guardian.
[perfectpullquote align=»right» bordertop=»false» cite=»» link=»» color=»» class=»» size=»»]»Si ha ocurrido en Saskatoon, ha ocurrido también en Regina, y en Winnipeg, y en cualquier otro lugar con una población importante de mujeres indígenas»[/perfectpullquote]
Amenazas
Según el relatro de las mujeres afectadas, estas fueron presionadas para autorizar las esterilizaciones mientras se encontraban de parto, y en algunos casos bajo la amenaza de que no podrían ver a sus bebés hasta que aceptasen someterse a una ligadura de trompas. Las denuncias se refieren a presuntas esterilizaciones ocurridas en Canadá durante los últimos 20 o 25 años, incluyendo algunas tan recientes como el año pasado.
La ministra federal canadiense de Servicios Indígenas, Jane Philpott, calificó las esterilizaciones forzadas de «horribles». En una entrevista con la agencia The Canadian Press, Philpott señaló que «las esterilizaciones forzosas de personas vulnerables, incluidas las mujeres indígenas, son una violación muy seria de los derechos humanos».
En Canadá, todas las competencias sanitarias están transferidas a los gobiernos provinciales. Según investigaciones realizadas en los últimos años, las esterilizaciones forzosas de mujeres indígenas podrían seguir realizándose en las provincias de Alberta, Saskatchewan, Manitoba y Ontario. Las autoridades sanitarias de Saskatchewan ya se disculparon en 2017 por las esterilizaciones forzadas de mujeres indígenas, después de que la provincia investigara las primeras alegaciones, presentadas por cuatro mujeres en la provincia, dos años antes.
«Hay muchas más»
La doctora Yvonne Boyer, senadora, de origen indígena, y autora de una investigación sobre estos casos, ha solicitado que el Senado canadiense estudie la práctica de la esterilización de mujeres indígenas en todo el país. Boyer argumenta que si solo en una región de Saskatchewan han aparecido 60 mujeres que han sido esterilizadas contra su voluntad, «hay muchas más» en todo el país, incluidas las que se han obligado a sí mismas a olvidar «esos recuerdos».
«Si ha ocurrido en Saskatoon, ha ocurrido también en Regina, y en Winnipeg, y en cualquier otro lugar con una población importante de mujeres indígenas», señaló Boyer a The Canadian Press. «Son muchas las mujeres que me han contactado de todo el país, pidiendo ayuda», añadió.
Amnistía Internacional ha investigado prácticas similares en México, Chile y Perú. «Siempre se hace por razones muy específicas, y está claro que esas razones están relacionadas con políticas destinadas a asegurar que un determinado grupo no se reproduzca», manifestó Jacqueline Hansen.
Por su parte, el líder de las comunidades indígenas de Canadá, el jefe nacional de la Asamblea de Primeras Naciones (APN), Perry Bellegarde, declaró recientemente en una entrevista que las esterilizaciones son «inmorales, una grave violación de los derechos humanos», y añadió que esta «práctica deshumanizante debe cesar».
El caso de Perú
En Perú, el expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) ha sido acusado de genocidio y de crímenes contra la humanidad por el programa de esterilizaciones efectuado durante su gobierno, un programa que tuvo como objetivo a las mujeres indígenas (esencialmente jóvenes y analfabetas) de los andes peruanos. En 1995, Fujimori presentó un proyecto de ley denominado «Plan de salud pública», con el fin de autorizar la esterilización de mujeres en situación de pobreza que contaran con varios hijos. También se legalizaron otros métodos de contracepción. El plan fue financiado principalmente por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) con 36 millones de dólares.
Se calcula que entre 1990 y 1999 más de 314.000 mujeres fueron esterilizadas –muchas veces sin su consentimiento– empleando presión psicológica o a cambio de alimentos o dinero. Una investigación de la abogada y activista Giulia Tamayo mostró que se habían fijado cuotas de esterilizaciones para los médicos, y que incluso se habrían organizado «festivales de ligaduras de trompas» en las zonas rurales y los pueblos jóvenes.
Según un informe del Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer, unas 211.000 mujeres recibieron información incompleta sobre las consecuencias de la ligadura de trompas, mientras que otras 25.000 no sabían que era una intervención irreversible. El 11% de las mujeres esterilizadas entre 1995 y 2000 tenía menos de 25 años, edad para la que no es recomendable la ligadura de trompas, y el porcentaje se eleva hasta el 15,6% en el caso de las mujeres quechuahablantes.
Actualmente existen en la Fiscalía peruana 2166 denuncias por casos de esterilización no voluntaria, mientras que 3.761 personas se inscribieron en el Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas, del Ministerio de Justicia peruano.
Más información:
» Indigenous women in Canada continue to be coercively or forcibly sterilized (Amnistía Internacional)
» Request for a thematic hearing on the forced sterilization of Indigenous women in Canada (Alisa Lombard, abogada representante de las mujeres denunciantes)
» Tubal Ligation in the Saskatoon Health Region: The Lived Experience of Aboriginal Women (investigación de las doctoras Yvonne Boyer y Judith Bartlett)
» Reports of coerced sterilization of Indigenous women in Canada mirrors shameful past (Roger Collier, Canadian Medical Association Journal)
» Canada indigenous women were coerced into sterilisations, lawsuit says (The Guardian)