Por Lorenza B. Fontana y Jean Grugel
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El panorama de los derechos humanos se ha vuelto particularmente complejo en los últimos años. Tradicionalmente, los esfuerzos se han concentrado en garantizar las libertades frente a la opresión estatal y a los derechos políticos y civiles. Sin embargo, el resurgimiento de los reclamos socioeconómicos y un mayor énfasis en los derechos culturales han generado nuevos matices en este debate. Pocas áreas del mundo ejemplifican estos cambios como América Latina. Desde principios del siglo XXI, la región vio la elección de gobiernos de la llamada «nueva izquierda» que, de diferentes maneras, buscaron abrir un debate sobre alternativas a los paradigmas de desarrollo neoliberal y ciudadanía liberal. ¿Cuáles han sido las implicaciones de estos cambios para los derechos humanos en términos de sus significados y practicas? Para responder a esta pregunta, hemos llevado a cabo un análisis sistemático de evidencias cualitativas y cuantitativas y nuestros resultados revelan cambios en la forma en que los gobiernos de izquierda interpretan los derechos humanos, así como diferencias significativas en cuales derechos eligen priorizar. Se notan avances en la entrega de algunos derechos humanos y retrocesos en otros, y, en general, se destaca una agenda mas amplia y diversificada.
Hacia una evaluación del cumplimiento de derechos humanos
Todos los gobiernos de izquierda llegaron al poder (y fueron re-elegidos) a través de procesos por lo general transparentes y libres. De hecho, en estos países los ciudadanos parecen otorgar un valor particularmente alto a la democracia. Sin embargo, América Latina no ha ido mejorando en términos de libertad de expresión y asociación y en cuanto a la independencia del poder judicial. Los países de la izquierda andina en particular están significativamente por debajo del promedio regional. Los datos de Freedom House confirma estas tendencias con respeto a los derechos políticos y civiles, así como en términos del estado de libertad general, con los países andinos mostrando un deterioro constante y significativo, mientras que el Cono Sur sigue por encima del promedio desde principios de la década de 2000 (Fig. 1 ). Algunas de las causas de estos problemas son, por un lado, la concentración de la autoridad en manos de ejecutivos fuertes (lo que permite una actitud de «ganador se lleva todo» en posiciones clave dentro del estado), y, por el otro, la resistencia de las élites políticas y económicas tradicionales a las demandas de cambio radical que llevaron las nuevas izquierdas al poder.
No debe sorprender que los gobiernos de izquierda hayan tratado de tomar los derechos socioeconómicos más en serio que en el pasado. La declaración de Hugo Chávez de que los derechos sociales son «bienes públicos» que «no se pueden privatizar» es sin duda una opinión compartida por las izquierdas en la región. Según Magdalena Sepúlevda Carmona, relatora especial de la ONU sobre la pobreza extrema y los derechos humanos, el compromiso con los derechos de segunda generación constituye «una revolución silenciosa» sin precedentes en la región. Desde la introducción de las pensiones para los trabajadores de la economía informal hasta el cambio de la condicionalidad en los programas de bienestar infantil, desde el avance de los derechos de los trabajadores domésticos a las nuevas formas de «diplomacia sanitaria», la nueva izquierda –a pesar de sus problemas- ha ido estableciendo nuevos estándares para la inclusión social. A pesar de estos avances, hay algunos derechos sociales y económicos importantes que siguen sin ser atendidos, como los derechos económicos de las mujeres y los derechos de los trabajadores (Figura 2).
Finalmente, ha habido una clara expansión de la agenda de derechos humanos con la inclusión de los llamados derechos de tercera generación, es decir, los derechos culturales y ambientales. Este es el caso para todas las izquierdas latinoamericanas, pero está especialmente marcado en los países andinos. En Bolivia y Ecuador, tanto el Convenio 169 de la OIT como la Declaración de la ONU sobre los derechos indígenas han sido incorporados en las nuevas constituciones. La adopción de una nueva forma de estatalidad «plurinacional» ha desencadenado un proceso de institucionalización de nuevos regímenes de autonomía local, así como la introducción de escaños parlamentarios para las minorías étnicas. Los países andinos se han convertido también en los primeros en incluir los derechos de la naturaleza dentro de sus marcos legales. Sin embargo, aún más que los derechos indígenas, los derechos ambientales son todavía en un estado muy embrionario. Los gobiernos hablan de la introducción de medidas concretas tales como la prohibición de cultivos genéticamente modificados, la creación de una ‘biopolis’, la protección de la biodiversidad, el pago por servicios de los ecosistemas y el establecimiento de un Defensor del Medio Ambiental, pero en la práctica, se ha logrado muy poco hasta la fecha. Además, se dan fuertes contradicciones entre el respaldo abierto a los derechos ambientales en el discurso y las prácticas de explotación intensiva de los recursos naturales patrocinadas por estos gobiernos.
Legados inciertos
Según Arnson, «independientemente de que la preeminencia de los gobiernos izquierdistas o populistas en América Latina sea hoy un fenómeno transitorio –otra «oscilación del péndulo»- o represente un cambio más duradero, las prácticas y políticas específicas adoptadas por estos gobiernos van a marcar el futuro de la democracia en la región «. Esta evaluación temprana de los gobiernos de la nueva izquierda fue sin duda profética. Vemos ahora con más claridad como el éxito electoral de la izquierda en los primeros quince años del siglo XXI ha cambiado significativamente el compromiso de la región con las ideas y prácticas de derechos humanos. Lo ha hecho, sin embargo, de manera compleja y, a veces, contradictoria; pues, tiene poco sentido tratar a la nueva izquierda como un fenómeno único y uniforme. La agenda de derechos humanos en la región es compleja, no solo porque es más amplia, sino que porque ahora está claro que diferentes derechos son importantes en diferentes países y subregiones. Sin ir tan lejos como para aceptar las nociones simplistas y pre-determinadas de Castañeda y sus «dos izquierdas», pero interrogando al mismo tiempo evaluaciones más uniformes de la izquierda regional, es difícil no reconocer que hay diferentes interpretaciones de los derechos humanos en juego, particularmente entre los Andes y el Cono Sur, lo cual refleja una combinación de patrones culturales de compromiso histórico así como diferentes prioridades de estos gobiernos.
Más allá de las diferencias subregionales y en un momento en que la época progresista parece acabar su ciclo, es tiempo de preguntar qué significa para la región el nuevo compromiso con los derechos humanos y si esta nueva agenda va a permanecer. Como lo hemos visto, siguen habiendo grandes desafíos en el respeto de las libertades civiles y políticas que se ven exacerbados por la radicalización de la confrontación política en coincidencia con el giro reciente hacia la derecha en muchos países de la región. Además, con el fin del boom económico que sustentó la expansión de los derechos de segunda generación, existen riesgos concretos de que la desigualdad y la pobreza vuelvan a crecer. Y, particularmente en aquellos países que han adoptado una agenda de derechos amplia, los desafíos se mantienen alrededor de las tensiones y compensaciones entre los diferentes tipos de derechos (socioeconómicos y de desarrollo frente a los derechos ambientales y culturales). Por lo tanto, permanecen serias dudas sobre si las reformas más radicales sobrevivirán.
Ciertamente la nueva izquierda latinoamericana ha creado una agenda de derechos más amplia y difusa. El alejamiento de una visión más focalizada alrededor de los derechos políticos y civiles asociados con las variantes liberales de la democracia pone en tela de juicio la visión aún generalizada de que los derechos socioeconómicos y colectivos son de alguna manera derechos ‘menores’. Incluir temas como el bienestar, la propiedad de la tierra y el medio ambiente en el marco de los derechos humanos implica un replanteamiento importante en el propósito de la política y en la naturaleza del welfare. Asimismo, sostener que las tres generaciones de derechos deben considerarse igualmente importantes significa, en la práctica, cuestionar los puntos de vista tradicionales que han tendido a priorizar los derechos políticos y civiles a la vez que resisten la justiciabilidad de otros tipos de derechos. Finalmente, este análisis de la agenda de derechos humanos de las izquierdas latinoamericanas abre preguntas importantes sobre cómo hacer para que el respeto de los derechos socioeconómicos, culturales y ambientales sea compatible con el proceso de democratización y el pleno respeto de las libertades políticas y civiles.
Figuras:
Azul = subregión del Cono Sur: Argentina, Brasil, Uruguay (promedio)
Rojo = Subregión Andina: Bolivia, Ecuador, Venezuela (promedio)
Negro = Otros países de América Latina, excluido el Caribe (promedio)
Fig. 1A: 0 = total censura gubernamental de los medios / 1 = algún tipo de censura gubernamental / 2 = no hay censura gubernamental (cálculo de los autores basado en datos del CIRI, 2014).
Fig. 1B: 0 = severamente restringido o denegado / 1 = limitado para todos o restringido / denegado a un cierto grupo / 2 = virtualmente no restringido (cálculo de los autores basado en datos del CIRI, 2014).
Fig. 1C: 0 = no independiente / 1 = parcialmente independiente / 2 = generalmente independiente (cálculo de los autores basado en datos del CIRI, 2014).
Fig 1D: 1 = no libre / 2 = parcialmente libre / 3 = libre (cálculo de los autores basado en los datos de Freedom House, 2017).
Fig. 1E: 1 = Sin respeto de los derechos políticos / 7 = Pleno respeto de los derechos políticos (cálculo de los autores basado en datos de Freedom House, 2017).
Fig. 1F: 1 = Sin respeto a las libertades civiles / 2 = Respeto total de las libertades civiles (cálculo de los autores basado en datos de Freedom House, 2017).
Azul = subregión del Cono Sur: Argentina, Brasil, Uruguay (promedio)
Rojo = Subregión Andina: Bolivia, Ecuador, Venezuela (promedio)
Negro = Otros países de América Latina, excluido el Caribe (promedio)
Fig. 2A: Gasto público social como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) (cálculo de los autores basado en datos de la CEPAL, 2015).
Fig. 2B: coeficiente de GINI (cálculo de los autores basado en estimaciones del Banco Mundial, 2015).
Fig. 2C: índice de recuento de la pobreza extrema de los hogares (2,5 dólares EE.UU. al PPP de 2005) sobre la base de las estimaciones nacionales (oficinas nacionales de estadística) (cálculo de los autores basado en SEDLAC, 2015).
Fig. 2D: Porcentaje de alumnos que comienzan el primer grado y alcanzan el último grado de primaria, tanto hombres como mujeres (cálculo de los autores basado en datos de la CEPAL, 2015).
Fig. 2E: Proporción de trabajadores asalariados con derecho a pensión cuando están jubilados (cálculo de autores basado en datos de SEDLAC, 2015).
Fig. 2F: Muertes por cada 1.000 nacidos vivos (cálculo de los autores basado en datos de la CEPAL, 2015).
Fig. 2G: Muertes por cada 1,000 nacidos vivos (cálculo de los autores basado en datos de la CEPAL 2015).
Fig. 2H: índice SERF (cálculo de los autores basado en datos de SERF, 2012).
Fig. 2I: 0 = sin derechos económicos / 1 = algunos derechos económicos bajo ley pero no aplicados eficazmente / 2 = algunos derechos económicos bajo la ley y el gobierno efectivamente hizo cumplir estos derechos en la práctica al tiempo que permite algún nivel de discriminación contra las mujeres en la economía / 3 = todos o casi todos los derechos económicos de las mujeres garantizados por la ley y el gobierno aplica plena y enérgicamente estas leyes en la práctica (cálculo de los autores basado en datos de CIRI, 2014).
Fig. 2J: 0 = derechos de los trabajadores severamente restringidos / 1 = derechos de los trabajadores algo restringidos / 2 = derechos de los trabajadores totalmente protegidos (cálculo de los autores basado en datos de CIRI, 2014).
Lorenza B. Fontana es Marie Curie Global Fellow en el Centro Weatherhead para Asuntos Internacionales, Universidad de Harvard.
Jean Grugel es Presidente de Desarrollo Político en la Universidad de York y Director de la Red de Desarrollo Internacional de York.