Mariano Abarca, un destacado opositor local de la mina explotada por BlackFire en Chiapas, fue asesinado en 2009 en un tiroteo desde el automóvil. Foto: MiningWatch

Una delegación de activistas de México -incluido el hijo del líder comunitario Mariano Abarca, que fue asesinado en 2009 después de denunciar la actividad de la compañía minera canadiense Blackfire Exploration en Chiapas-, se encuentra en Canadá para impulsar la reapertura de la investigación sobre las acciones de los diplomáticos de la embajada canadiense en México, que presuntamente apoyaron a la minera canadiense cuando ésta fue acusada de abusos contra los derechos humanos.

La solicitud de reapertura de la investigación se produce después del anuncio del ministro de Comercio Internacional, François-Philippe Champagne, de que Canadá creará una nueva posición de vigilancia con el mandato de investigar las denuncias de derechos humanos contra empresas canadienses que operan en otros países.

Como consecuencia de ello, se ha presentado una demanda ante el Comisario Canadiense para la Integridad del Sector Público (PSIC en sus siglas en inglés), firmada por las organizaciones mexicanas Fundación Ambiental Mariano Abarca (FAMA), Otros Mundos Chiapas, el Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas y la Red de Afectados de la Minería.

También participa MiningWatch Canada, una organización canadiense dedicada a vigilar las actividades de las empresas mineras de este país. De prosperar la demanda será la primera vez en la historia que las autoridades canadienses se ven obligadas a investigar las acciones de su embajada en México. Los activistas se reunieron en privado el martes con altos funcionarios del gobierno canadiense para tratar el tema.

Aunque el organismo de control anunciado por Champagne tendrá el poder de investigar las denuncias y estará habilitado para recomendar sanciones, como la retirada de los apoyos diplomáticos que el personal de la embajada brinda regularmente a las empresas canadienses, los activistas mexicanos tienen muchas dudas sobre su capacidad real de acción para evitar futuros abusos de las mineras canadienses sobre las poblaciones donde explotan los recursos naturales.

En este sentido sostienen que el nuevo organismo de control, oficialmente conocido como el Defensor del Pueblo Canadiense para la Empresa Responsable, solo investigará las quejas después de que se hayan denunciado los hechos. Los defensores dijeron que Canadá necesita establecer reglas más claras para evitar que las embajadas respalden a las empresas que se dedican a actividades cuestionables.

MiningWatch Canada ha trabajado con defensores locales de los derechos humanos durante varios años, y ha expresado su preocupación por la estrecha relación entre los diplomáticos canadienses en México y Blackfire Exploration. La empresa minera junior con sede en Calgary operó una mina de barita en Chicomuselo, Chiapas, desde 2007-09. Fue clausurada precisamente poco después de que Mariano Abarca, un destacado opositor local de la mina, fuera asesinado en un tiroteo desde el automóvil.

José Luis Abarca, su hijo, es parte de la delegación que está recorriendo estos días varias ciudades canadienses para impulsar la reapertura del caso. Este lunes señaló a lo medios de comunicación que su padre le pidió a diplomáticos canadienses que protegieran a quienes protestaban pacíficamente contra la mina, pero que la embajada se puso del lado de la compañía. “La embajada canadiense sabía sobre los riesgos y no actuó”, dijo. MiningWatch sostiene que la embajada canadiense apoyó a Blackfire incluso después del asesinato en noviembre de 2009 de Mariano Abarca.

Blackfire fue investigada en 2011 por la Policía Montada de Canadá por el supuesto soborno de Julio Calderón, alcalde de la localidad mexicana de Chicomuselo, con unos 20.000 dólares para garantizar sus operaciones en el estado de Chiapas. La minera canadiense aseguró entonces que no había sobornado de forma consciente a nadie y que siempre pensó que el dinero estaba destinado para obras públicas en la comunidad. La Policía canadiense abandonó posteriormente la investigación por soborno sin presentar cargos.

No es la primera vez que MiningWatch denuncia la manera de proceder de las mineras canadienses en América Latina, donde mantienen desde hace décadas importantes intereses económicos, y la connivencia los responsables diplomáticos. En 2015 denunció la colaboración de la embajada canadiense en México con la empresa con sede en Toronto  Excellon, que fue acusada de reprimir de forma violenta protestas pacíficas contra sus operaciones. En un informe dado a conocer ese año, MiningWatch y United Steelworkers denunciaron que “diplomáticos canadienses en México fueron cómplices” en acciones de Excellon, como la violación de contratos, malas condiciones laborales y “represión”.