Canadá aprueba una partida adicional de 12 millones de dólares por la «presión» del levantamiento del visado para mexicanos

Visita del presidente de México, Enrique Peña Nieto, a Ottawa. Foto: Rocio Velasco / Presidencia Gobierno de México

El levantamiento del visado para los mexicanos que visitan Canadá, que entró en vigor el pasado 1 de diciembre, ha obligado al gobierno federal a destinar casi 12 millones de dólares fondos adicionales «para hacer frente a las presiones migratorias irregulares». Eta nueva partida ha sido incorporado al presupuesto suplementario para el año fiscal 2016-17, aprobado por el Parlamento el 21 de marzo.

Las estimaciones suplementarias se presentan en el Parlamento hasta tres veces al año, proporcionando a los parlamentarios y al público información sobre la financiación adicional que los departamentos pueden necesitar para cumplir con sus mandatos. En total, se han aprobado las siguientes partidas para «abordar las presiones migratorias irregulares como resultado del levantamiento de la obligación de visado para los ciudadanos de México»:

  • 6,15 millones para la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá
  • 4,57 millones para la Junta de Inmigración y Refugiados (IRB)
  • 1.18 millones para el Departamento de Ciudadanía e Inmigración

Un portavoz de la Junta de Inmigración y Refugiados ha aclarado que el dinero destinado a ese departamento era principalmente necesario para los salarios. El IRB necesita personal adicional (26,4 equivalencias de tiempo completo) como resultado del cambio de política, incluyendo a los encargados de tomar decisiones sobre la protección de refugiados y al personal de apoyo. Un portavoz del departamento de inmigración señaló, por su parte, que «se requerían recursos para apoyar una serie de acciones relacionadas con el aumento previsto de los viajeros, la detección de viajeros y el potencial incremento de las solicitudes de asilo».

La decisión de levantar la obligación de visado, anunciada por el gobierno liberal el año pasado, entró en vigor el 1 de diciembre de 2016. Los liberales reconocieron que existían riesgos asociados a este nuevo marco legal pero en compensación afirmaron que varios estudios avalaban los beneficios que causaría el aumento del turismo y la llegada de más trabajadores de México que contribuirían a la economía canadiense. En todo caso, el gobierno canadiense se guardó una carta bajo la manga y estableció un límite anual de 3.500 solicitudes de asilo desde México con amenaza de reimponer la visa si se desbordaban las peticiones.


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En todo caso, parece claro que el dinero tendrá que seguir fluyendo en los próximos años y que los presupuestos del estado deberán hacer nuevas provisiones para atender las necesidades de los departamentos correspondientes. Las políticas de inmigración que está imponiendo Donald Trump en Estados Unidos, en especial con los trabajadores ilegales mexicanos, anuncian un incremento exponencial de las solicitudes de asilo en Canadá en los próximos años. Un informe de análisis sobre el impacto regulatorio, publicado en diciembre pasado, estimó que el levantamiento de la visa costaría a los contribuyentes 433.5 millones durante la próxima década. Esos costos se espera que sean parcialmente compensados por un estimado de 171.6 millones de dólares en beneficios económicos.

Los conservadores, sin embargo, han expresado su preocupación porque auguran que habrá un aumento sostenido de falsas solicitudes de asilo y detenciones, algo que en parte se ha confirmado en los últimos tres meses. Según cifras publicadas recientemente por la Junta de Inmigración y Refugiados, hubo 85 solicitudes de asilo formuladas por nacionales mexicanos en febrero, en comparación con sólo cuatro en el mismo mes del año anterior. A mediados de marzo, la agencia de noticias Reuters informó que el número de mexicanos detenidos por el CBSA ha aumentado dramáticamente. Al 9 de marzo, 444 mexicanos habían sido detenidos en Canadá, en comparación con 410 en todo el año 2016.

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