El proyecto de ley C-6 invierte las reformas introducidas por el gobierno anterior del conservador Harper y toma medidas para racionalizar y fortalecer la integridad del proceso de ciudadanía.

El número de inmigrantes con residencia permanente que deciden solicitar la ciudadanía canadiense ha descendido dramáticamente en los últimos años como consecuencia del notable incremento en los costes de la tramitación. En los primeros nueve meses de 2016 se presentaron 56.446 solicitudes de ciudadanía, lo que supone una disminución de casi el 50% con respecto al mismo período del año anterior, cuando se presentaron 111.993 solicitudes.

Las cifras figuran en un informe del ex director general de Inmigración y Ciudadanía, Andrew Griffith, preparado para el Comité de Asuntos Sociales, Ciencia y Tecnología del Senado, que inicia audiencias esta semana sobre el proyecto de ley C-6, una ley para enmendar la Ley de Ciudadanía. La tarifa aplicada a la tramitación de la ciudadanía canadiense saltó de 100 dólares a 530 en 2014-2015, a los que se añade además la tasa adicional correspondiente al “derecho de ciudadanía”, que suma otros 100 dólares.

“Si usted es un profesional que lo hace razonablemente bien, puede que no le guste, pero lo paga, es importante para usted”, dijo Griffith a CBC News. “Pero si usted es un inmigrante o un refugiado que lucha para hacerse un hueco en el país, de repente 630 dólares pueden llegar a ser prohibitivos, y especialmente si usted está hablando de una familia de cuatro o más miembros”, sostuvo en su entrevista.

Los recién llegados se enfrentan a otros costos asociados con el proceso de ciudadanía, incluyendo pruebas de idiomas, recuerda Griffith. Por eso recomienda en su informe que se reduzca la cuota de tramitación a 300 dólares, aboliendo la cuota de derecho de ciudadanía y considerando la posibilidad de una exención para los refugiados y los inmigrantes de bajos ingresos.

Barreras insalvables para muchos inmigrantes

El informe de Griffith señala un patrón más amplio para analizar el retroceso en los índices de nacionalización de ciudadanos inmigrantes. Advierte de que una parte creciente de la población puede no integrarse plenamente al renunciar a convertirse en ciudadanos canadienses debido a las insalvables barreras financieras o de otro tipo, lo que podría derivar en un proceso de marginación.

“Siempre nos hemos enorgullecido de tener un modelo en el que no sólo fomentamos la inmigración, sino que alentamos a los inmigrantes a que se conviertan en ciudadanos, para que sean parte de la sociedad, participen en debates políticos, puedan votar y se integren plenamente”, manifestó.

El proyecto de ley C-6 invierte las reformas introducidas por el gobierno anterior del conservador Harper y toma medidas para racionalizar y fortalecer la integridad del proceso de ciudadanía. Estas incluyen la reducción del tiempo que los residentes permanentes tienen que vivir en Canadá para ser elegibles para la ciudadanía, contar el tiempo para trabajar o estudiar en los requisitos de residencia y reducir los requisitos de competencia lingüística para los inmigrantes más jóvenes y mayores.

Pero, sin embargo, el gobierno no parece estar dispuesto a corregir la subida de tarifas aplicada por los conservadores. Bernie Derible, portavoz del ministro de Inmigración, Ahmed Hussen, dijo que las tarifas de la ciudadanía en Canadá son “significativamente menores” que en otros países comparables como los Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda. “Durante las consultas realizadas con otros países el verano pasado, hubo poca discusión o preocupación por la cuota”, agregó. Dory Jade, CEO de la Asociación Canadiense de Consultores de Inmigración Profesional, asegura, sin embargo, que tiene muchos casos de clientes que están retrasando la solicitud de ciudadanía porque no pueden pagar los honorarios.