El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, teme que las nuevas condiciones impuestas por la Unión Europea retrasen la puesta en práctica del tratado comercial conocido como CETA.

El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, señaló públicamente que sería bueno para la Unión Europea (UE) ratificar el acuerdo comercial negociado por ambas partes (CETA), tras conocerse que la entrada en vigor dependerá de mayores aprobaciones.

Este martes la Comisión Europea (CE) propuso que el CETA sea un tratado mixto; es decir, sujeto a las evaluaciones finales por parte del Consejo Europeo, la Eurocámara y los parlamentos de los estados miembros del bloque regional. Es decir, la decisión quedaría en manos de cada uno de los 28 miembros de la UE, lo que dificultaría y dilataría irremediablemente los procesos, dejando un escenario futuro de incertidumbre para su ejecución.

Al decir de Trudeau, “con las situaciones que se están produciendo ahora mismo y las percepciones en torno a la UE, va a ser muy importante para la CE demostrar la capacidad de avanzar acuerdos que serán buenos para sus ciudadanos, para las empresas y para el comercio internacional en general”.

El pronunciamiento alude a las nuevas exigencias de la CE, pues se pensaba que el pacto solo requeriría el apoyo de los gobiernos en la UE y del Parlamento Europeo, según propuso inicialmente el titular de la Comisión, Jean-Claude Juncker.

Por su parte la ministra de Comercio Internacional de Canadá, Chrystia Freeland, se mostró comprensiva frente al cambio, al considerar que el anuncio de la CE supone que “los europeos podrán dar su opinión de forma democrática a nivel nacional de la misma forma que CETA será debatida en nuestro propio Parlamento”.

Aunque el CETA es visto por los promotores como una herramienta útil para el comercio y la integración económica, países como Rumanía y Bulgaria cuestionan la puesta en funcionamiento por las restricciones de Canadá para la entrada a su territorio de ciudadanos provenientes de los dos países.

También el tratado enfrenta voces críticas entre canadienses y europeos, quienes cuestionan el libre comercio promovido por el CETA, a favor de las privatizaciones y en detrimento de los servicios públicos.