El Departamento de Inmigración de Canadá no ha sido capaz de detectar correctamente el fraude en los procesos de solicitud de la ciudadanía canadiense, dando como resultado la revisión de unos 700 casos a partir de enero, según el informe de primavera del Auditor General, Michael Ferguson.

De acuerdo con dicho informe, que abarca el período comprendido entre julio de 2014 y octubre de 2015, las razones más comunes para la revocación de la ciudadanía son la residencia y el fraude de identidad, y el proceso penal no declarados.

El informe encontró que los agentes de la ciudadanía no aplicaban sistemáticamente métodos del departamento para identificar y prevenir el fraude cuando se trata de documentos de inmigración sospechosos, tales como pasaportes alterados. Por ejemplo, en una región los oficiales de ciudadanía no recopilaron adecuadamente todos los documentos sospechosos para su análisis en profundidad desde al menos el año 2010.

El informe, presentado en la Cámara de los Comunes el martes, encontró una serie de preocupaciones en el programa de ciudadanía que afectan a la capacidad del departamento para prevenir el fraude, incluyendo la ausencia de un método eficaz para identificar los riesgos de fraude en documentos.

“Llegamos a la conclusión de que los esfuerzos de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía Canadá para detectar y prevenir el fraude ciudadanía no eran adecuados”, reconoció Ferguson en una conferencia de prensa este martes. “Estas deficiencias hacen que sea difícil para la Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá evaluar el impacto de sus esfuerzos para luchar contra el fraude ciudadanía”.

Ferguson citó un ejemplo en el que una dirección postal no fue identificada como sospechosa, a pesar de que había sido utilizado por 50 demandantes, a siete de los cuales les fue concedida finalmente la ciudadanía canadiense. Con gran sinceridad asumió en su alocución que el simple hecho de encontrar de forma sencilla un ejemplo tan claro en su oficina invita a la preocupación. “Los pasos que tomamos para tratar de identificar los casos de fraude de la ciudadanía no son complicaos. No estamos hablando aquí de procedimientos de fraude muy sofisticados. Así que fue bastante sencillo para nosotros encontrar estos cincuenta casos, que fundamentalmente pienso que son demasiados casos”, reconoció Ferguson a los periodistas.

El problema se complica aún más por la falta de intercambio de información con la Policía Montada, que proporciona datos sobre el comportamiento criminal entre los residentes permanentes, y la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá (CBSA), que conduce investigaciones de fraude de ciudadanía, según el informe.

En declaraciones a la prensa el martes, el ministro de Inmigración John McCallum dijo que el gobierno implementará todas las recomendaciones del Auditor General lo más rápidamente posible, añadiendo que ya ha adoptado medidas sobre las inquietudes relacionadas con el uso de documentos fraudulentos por los solicitantes de la ciudadanía.

Ferguson se mostró optimista ante la implantación de la Ley C-6, un proyecto de ley presentado por los liberales en febrero que está en estudio en la Cámara de los Comunes y que daría poderes adicionales a los funcionarios para requisar los documentos que consideren fraudulentos.

McCallum dijo que el gobierno está investigando los casos sospechosos identificados por el Auditor General, lo que podría dar lugar a la revocación de ciudadanía. También dijo que se está trabajando para mejorar el intercambio de información entre su departamento y la CBSA y RCMP, con una fecha de finalización de diciembre de 2016.